POSADAS. El Congreso de la Nación convirtió en ley en su última sesión del miércoles 17 de diciembre el proyecto para sancionar a los policías que dejen de prestar servicio de manera injustificada. La iniciativa fue presentada por el senador Aníbal Fernández (FpV) luego de los reclamos policiales en distintas provincias que culminaron con saqueos el año pasado. Alcanza a las fuerzas federales, las policías y penitenciarías provinciales y también municipales.El texto propone un agregado al artículo 252 del Código Penal para aplicar “sanciones e inhabilitaciones”. Así, incorpora penas para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, porteñas o de una agencia estatal armada, que “a sabiendas” abandonen “injustificadamente” su servicio o “maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”.Las penas previstas en el texto van de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, para aquel “funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”.Asimismo establece que el oficial “será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”.Además, “si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”.La Policía de Misiones fue la precursora de los acuartelamientos de las fuerzas por reclamos salariales, ya que en 2012, con sueldos iniciales que rondaban los 3.000 pesos, realizó un acuartelamiento durante nueve días hasta lograr torcerle el brazo al gobierno de Closs y conseguir un incremento de casi 100%.Ahora, ante la aprobación de esta ley, uno de los voceros de los policías acuartelados, Claudio Cáceres, integrante de la Mesa de Diálogo Policial que se formó después de aquel acuartelamiento, explicó la posición de los uniformados al respecto.“Lo estuvimos analizando al tema y creemos que Misiones fue adelantada a esta situación de reclamos porque fuimos los primeros, pero también estamos adelantados a la situación de cómo seguir la relación entre el Gobierno y la Policía después de los reclamos, porque hemos conformado una Mesa de Diálogo donde se atienden todos los reclamos e inquietudes y con esto evitamos nuevas situaciones de tensión”, señaló Cáceres.Agregó: “respecto a lo que ocurrió después en otras provincias, creo que el Gobierno interpretó que hubo otros intereses, de sectores con intenciones de generar caos y desestabilización, principalmente en las provincias más grandes, donde algunos policías posiblemente se hayan prestado a esta situación. Me parece que interpretaron esto y aprobaron esta ley para evitar que se repita este tipo de comportamientos”.“Respecto a nuestra situación puntual, lo hablamos entre los compañeros y todos llegamos a la conclusión de que si estamos en una situación de desesperación como estuvimos en el acuartelamiento, creo que volveríamos a tomar la misma decisión, acuartelarnos y reclamar porque lo nuestro fue un reclamo puro, genuino y transparente, no hubo ninguna intención detrás más que recomponer nuestros salarios. El Gobierno lo entendió así y recompusimos una relación con diálogo”, enfatizó.Cáceres agregó que “nosotros somos hombres de las leyes, creemos en las leyes y las cumplimos, pero si tenemos que elegir entre nuestra familia y la ley, entre nuestro salario digno y la ley, no tenemos duda que vamos a volver a tomar la misma decisión. La gente también lo entendió porque en la calle nos manifiesta su apoyo”.Y por último el integrante de la Mesa de Diálogo remarcó que “más allá de que esta ley nos involucra a todos, que nosotros como policías misioneros también podemos ser sancionados por esta ley, creo que está redactada y aprobada pensando en otras provincias, en los grandes centros urbanos donde el Gobierno detectó que detrás de algunos reclamos policiales existieron intereses políticos de otra naturaleza, cuando el reclamo es genuino creo que no cabe la aplicación de esta ley, lo correcto sería sentarse a negociar”.SindicalizaciónLuego de las protestas de dos años atrás en Misiones y un año atrás en otras provincias, surgió desde las fuerzas de seguridad la idea de impulsar la sindicalización, como en cualquier otra actividad laboral del país.A pesar que hay leyes y reglamentaciones internas de cada fuerza que prohíben la agremiación de las fuerzas, los uniformados de Misiones y de varias provincias han concretado numerosas reuniones, se han asesorado y consideran que las condiciones están dadas, argumentando algunos convenios y normas internacionales que pueden servir como antecedente.Ya se han conformado numerosas asociaciones, incluso en el caso de Misiones, la Mesa de Diálogo funciona de manera similar a la comisión directiva de un gremio, cada vez que hay malestar gestiona y consigue reuniones con las autoridades del Gobierno. Y en los últimos dos años ha tenido resultados satisfactorios teniendo en cuenta que se lograron mejoras salariales superiores a las de otros gremios estatales.
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