ELDORADO. En una fallo que seguramente generará repercusiones, la Justicia de Eldorado autorizó a los entes de seguridad a retirar a menores de edad y mujeres embarazadas de cortes de ruta, para evitar que sean utilizados como “escudos humanos” ante la posibilidad de un desalojo por la fuerza.La resolución fue adoptada por la magistrada Margarita Potschka, titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Eldorado, días atrás, ante una solicitud del Ministerio de Derechos Humanos expresada por su titular, Edmundo Soria Vieta.La normativa guarda relación con la serie de cortes sufridos en los últimos meses en la ruta nacional 12, a la altura de Paraje Línea Chica, en jurisdicción de Montecarlo. En esas protestas las autoridades observaron un importante número de niños en edad escolar en situación de peligro ante el posible desalojo por parte de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.Según la resolución, Soria Vieta había solicitado que “se decreten medidas tendientes a resguardar a los niños, niñas, adolescentes y mujeres en estado de gravidez que puedan ser expuestos en los lugares donde se realicen protestas sociales, específicamente cuando los mismos se realizan sobre rutas nacionales o provinciales, con importante tránsito, poniendo así en riesgo no sólo la seguridad de los mismos, sino también facilitándose el menoscabo de otros derechos, los cuales deben ser tutelados por el Estado, y los órganos jurisdiccionales competentes”.Fue ante esta situación que Potschka ordenó, según se lee en el documento, “que todos los menores de edad, niños, niñas, adolescentes y mujeres en estado evidente de gravidez, sean retirados del lugar del corte, tengan dichos menores o no, vinculación con los adultos que se hallan en el lugar, en su caso, con previa acreditación del vínculo, y en caso de no ser hallados los responsables de los niños, deberán ser trasladados a la Comisaría de la Mujer de la jurisdicción correspondiente para el resguardo de su seguridad”.La normativa establece que “la tarea de acreditación del vínculo y traslado, serán realizados en forma conjunta con agentes de la Policía de Misiones y funcionarios del Consejo de Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio correspondiente, haciéndose saber al Responsable del Área del Consejo de mención, que deberá informar a este juzgado”.




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