POSADAS. Maltrato a los usuarios, falta de paradas, más frecuencias, falta de recorridos en los barrios, incumplimiento de derechos de discapacitados, unidades sucias, falta de aire acondicionado, amontonamiento como ganado, monopolio de un servicio público, falta de transparencia de sus ingresos, el secreto de sus libros contables, los millonarios subsidios que recibe y la falta de controles en horarios y frecuencias vigentes fueron algunos de los argumentos que se escucharon ayer en contra del aumento del boleto de transporte urbano, en la audiencia pública convocada por la Municipalidad de Posadas para tratar el pedido del Grupo Z.De un total de 242 ciudadanos inscriptos (estudiantes, docentes, vecinos, dirigentes políticos, gremios y asociaciones sin fines de lucro) para expresar su opinión al respecto del pedido empresarial, alrededor de la mitad concurrió al Centro de Convenciones a las 7 para hacer oír su voz.También se cuestionó que desde 2010 tenía que estar funcionando la estación de transferencia de Quaranta y Santa Catalina, la promesa incumplida del boleto único para recorrer toda la ciudad, la falta de puntos de recarga de la tarjeta Sube, la imposibilidad de pagar el pasaje de dos o más personas con la misma tarjeta y la rotura de las calles que producen las unidades. Por otra parte, entre los pedidos más reiterados que los participantes de la audiencia expresaron, figuran la creación de un boleto estudiantil gratuito para todos los niveles educativos y que incluya a docentes y no docentes, la creación de un boleto obrero diferenciado para los trabajadores, la ampliación de los horarios y días para boletos especiales como universitarios y discapacitados, la apertura de los libros contables de la empresa y el cumplimiento de los compromisos asumidos.En un claro gesto de desprecio por la opinión de los usuarios del transporte, los dos representantes que hablaron en nombre de la empresa, fueron los primeros que se expresaron y luego se retiraron, dejando la audiencia sin su presencia. Quiere decir que nadie del Grupo Z escuchó los planteos de los usuarios. Tampoco estuvieron autoridades del Gobierno provincial mientras que por el Municipal, presidió la audiencia el secretario de Gobierno, José Moglia. En defensa de la postura empresaria se manifestaron Juan José Pompilio Sartori, docente de la Universidad de Córdoba y especialista en calcular tarifas del transporte, y Héctor Alejandro Díaz, abogado representante de la EUTA (Empresarios Unidos del Transporte Automotor). El primero indicó que “la falta de financiamiento del servicio de transporte puede cubrirse muchas veces con subsidios pero deriva en una disminución de la calidad de los servicios” y agregó que “hablando de costo por km, Posadas está dentro de los costos de otras ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza”, pero al calcular la densidad de población se provoca la “deseconomía de densidad, haciendo que los servicios aumenten”. Y finalmente como propuesta deja la idea de financiar con aumento de subsidio la parte que falta y aumentar el boleto a $5,5 por pasajero. Los participantes no salían del asombro de haber escuchado al docente cuando se presentó el abogado quien señaló que “actualmente tarifa técnica alcanza $11,96” y que sumando todas las fuentes de ingreso se produce “un defasaje alarmante entre lo que se percibe y tarifa” por lo tanto se presenta la necesidad de “cubrir todas las fuentes de ingreso” con subsidios o incremento. Además dijo que el sistema y la tarifa está reglamentada por leyes y ordenanzas y que el pedido de incremento es un cálculo técnico y no un “capricho empresario”.Los dos primeros fueron despedidos con abucheos y críticas de la población. Terminaron su exposición y se retiraron sin escuchar las demás opiniones. Tampoco hubo nadie más de la empresa ni del Gobierno de Maurice Closs, que tiene a Hermes Almirón como su representante al frente de la Comisión de Seguimiento del SITM donde se definen los boletazos.Algunas de las opinionesAlberto Fusté Padros en representación de la CGT Andrés Guacurarí señaló que realizaron un relevamiento que determinó que Posadas tiene el boleto más caro del país, por lo tanto exigen la implementación de un boleto estudiantil gratuito y un boleto obrero. A su vez, la referente vecinal de Itaembé Miní, Mirta Mercedes Morínigo reclamó por la inseguridad de los vecinos de Itaembé porque el colectivo los deja a 20 cuadras de sus viviendas después de las 20 horas.Fernando José González Millares criticó la organización de la audiencia al señalar que “sería bueno que la próxima que se haga en el centro de la ciudad para que la gente pueda llegar y expresarse”; y por su parte Enrique Capagli dijo llegar a la conclusión que “el Sistema Metropolitano es construcción jurídica perversa hecha por eximios profesionales para que el usuario sea un sujeto pasivo que tiene que aguantar todos los golpes de la empresa y el sistema” porque la Carta Orgánica en el artículo 89 habla de la oferta licitatoria en servicios y no se cumple y el artículo 91 le otorga al Ejecutivo la posibilidad de regular y rescindir el contrato si no se cumplen las obligaciones.Miriam López, en representación de la CTA dijo que “queremos que transparenten los números, la Sube resultó ser un control de los ciudadanos porque tenemos que entregar foto y 1.500 requisitos, la tarjeta se deteriora, no hay puntos de recarga y además cobran 75 pesos en caso de pérdida”. Otro de la CTA, Hugo Gómez, resaltó un informe de PRIMERA EDICIÓN donde se indica que la mitad de los posadeños gana menos de 3.700 pesos y dijo “con qué cara le van a aumentar el boleto a esta gente”.Humberto Acosta (Federación Juvenil Comunista) señaló que “el transporte no puede tener un debate desde lo empresarial, desde los gastos y ganancias, tienen que estar en la discusión los barrios, los trabajadores y los estudiantes, sino siempre el empresariado y los políticos que los defienden”.El diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso) apuntó al Estado como “dueño real de la concesión que le entrega a empresarios, en este caso a un empresario que no tiene límites para llenarse el bolsillo. Los que gobiernan son dueños de la concesión y tienen la responsabilidad ante el pueblo de cuidar el bolsillo de los ciudadanos y asegurar un buen servicio”. “En los barrios más alejados tienen que ir los empresarios y el gobierno, mirar a la cara a las personas y decirles ‘señor, yo estoy abusando de usted’ porque el costo real del boleto sin subsidio está por debajo de los $3,60 y con subsidio el boleto único queda en $2,10, con ma
rgen empresario del 12%”Mariana Pizzarro expuso que “he vivido en 10 ciudades de 4 países y jamás soporte un sistema de transporte tan inmundo (…), son el servicio más malo en una ciudad con mayor pobreza y quieren tener el boleto más alto, no sólo no pueden aumentar el boleto, sino que tienen que bajarlo”.Y la docente universitaria Helena Maidana advirtió sobre “el proceso de elitización de las decisiones sobre la cosa pública: entre seis o siete deciden sobre el servicio que usan las clases populares (trabajadores o estudiantes), entre seis o siete deciden un servicio que no usan, en función de ganancias privadas, cada cinco o seis meses resuelven aumentos en forma unilateral, con ese accionar se envilece la política y se transforma en negocios privados en espacios públicos”.Pamela Mercedes Alderete se quejó porque “ni siquiera están los empresarios acá y afuera hay más policías que personas. No se puede negar el rol del Estado como cómplice o socio en este asunto. El Estado es cómplice de garantizar el servicio. El subsidio que dan nadie se hace cargo de explicar nada”.Por último intentó exponer el Defensor del Pueblo, Marcelo Vairo, pero no se le otorgó más tiempo que al resto (5 minutos) por lo tanto se retiró abucheado por los presentes.Ahora el Ejecutivo Municipal analizará el pedido empresario, la opinión de los usuarios, realizará su propio estudio de costos y tomará la decisión de subir o no el boleto.
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