JARDÍN AMÉRICA Y POSADAS. Lamentables hechos de violencia obstétrica del que son víctimas mujeres parturientas y bebés sanos que murieron durante el parto en el hospital de Jardín América han movilizado a la comunidad en los últimos años.Abrazos simbólicos, marchas e información a las futuras madres sobre la Ley de Parto Respetado siguen siendo las “armas” esgrimidas por familias enteras, partidas por el dolor, para buscar que “se haga justicia” y que a los médicos y enfermeros implicados “por lo menos les saquen el título y no ejerzan más para que no haya más muertes”. Algunas madres no se animaron a denunciar por miedo o porque no querían volver a recordar lo sucedido. Las que sí lo hicieron se ven hoy inmersas involuntariamente en una maraña de versiones y expedientes judiciales. Pasan los días y la resolución de las causas se dilata. “Ya desde la primera denuncia en la comisaría aparecen irregularidades”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN la antropóloga Alejandra Larumbe, quien realiza una investigación sobre estos casos. “La denuncia, que es el primer documento que surge para realizar un reclamo judicial, ya tiene alteraciones, y no son errores de ortografía, sino que los testimonios asentados no se condicen con lo que la mujer relató”, dijo. Entonces, para estas mujeres víctimas de violencia en el hospital se inicia una verdadera odisea y son revictimizadas, esta vez por el sistema. “Es como que la Justicia no contempla resolver los casos. Ante los reclamos formales, las instituciones del sistema reaccionan paralizando las causas hasta disolverlas en el tiempo”, expresó Larumbe.Pese a ello, luego de estos tortuosos partos, las madres víctimas de violencia obstétrica mantienen la esperanza de que se haga justicia y que los médicos implicados no ejerzan más. Pero como viene ocurriendo, la espera se hace larga y los resultados no se ven. Lógicamente, aunque no es nada sencillo verse obligadas a recordar el sufrimiento que vivieron a manos de estos médicos, es fundamental que estas situaciones se denuncien en la Policía y públicamente, alentó Larumbe.En cierto sentido, el hecho de denunciar en la Policía y luego comunicarlo a los medios locales y provinciales ha marcado la diferencia y ha logrado algunos cambios y decisiones políticas en Jardín América. Lamentablemente estos cambios no vienen sólo a raíz de las marchas, sino tras la muerte de más bebés. Porque fue luego de que falleciera otra beba en septiembre pasado cuando el propio ministro de Salud Pública, Oscar Herrera Ahuad, decidió separar del cargo al director del hospital jardinense, Humberto Rizzotti, y reemplazarlo por Gustavo Álvarez. Además dispuso que no se realicen más partos allí y que las madres sean derivadas adecuadamente al Hospital Materno Neonatal de Posadas. En una entrevista con algunas de estas madres, Herrera Ahuad indicó que no es que en esta localidad mueran más niños: “En Jardín se da la particularidad de que los casos de mortalidad perinatal que ocurrieron se produjeron en situaciones violentas. Pero no es el único”, dijo. Además destacó a las mujeres “con gran coraje” que han tenido el valor de reclamar y denunciar estos hechos. Ciudadanos indefensosLos médicos y enfermeros implicados en estas prácticas violentas siguen trabajando, algunos de ellos amparados en vínculos políticos con los mandatarios municipales. “El caso del Hospital de Jardín América desnuda la indefensión de la ciudadanía ante cuestiones básicas de la vida como ir a parir”, dijo la investigadora Alejandra Larumbe. Siguiendo el modelo médico hegemónico propuesto por el antropólogo argentino Eduardo Menéndez, en el contrato/acuerdo que se establece entre el paciente y el médico, lo esperable es que el parto se produzca sin mayores complicaciones, que el bebé nazca y en pocas horas esté en casa con su familia. Porque lo esperable en este modelo es que se apliquen prácticas que curen, no que enfermen o pongan en riesgo la vida.Pero en el hospital jardinense, los profesionales implicados en los partos no cumplieron con su parte del contrato. “No solamente tienen que saber atender un parto, sino que tienen que hacer sentir bien al paciente y sujetarse a las leyes (como la Ley de Parto Respetado)”, dijo Larumbe.La “muerte social”“En estos casos, a partir del momento en que la parturienta ingresó a neonatología, entró a un espacio donde se desconocen sus derechos como sujeto social, por eso se habla de una muerte social”, indicó Larumbe. A diferencia de la muerte biológica donde el cuerpo deja de existir, la “muerte social” es un concepto que expresa la situación de una persona a la cual socialmente ya no se le reconocen sus derechos. En el ciclo de vida, esta condición es la que atraviesan, por ejemplo las personas que se jubilan. “Los demás lo ven como un sujeto que va en declinación, está mar cerca de la muerte. Esa crisis que produce la jubilación permite al entorno acomodarse a que esa persona está más cerca de morir”, explicó Larumbe. “Pero en este caso, esa muerte social no se relaciona con la tercera edad, le ocurre a una persona joven, es una situación no esperable”, planteó Larumbe. Producto de un hecho ajeno a su voluntad, las mujeres que fueron a parir al hospital de Jardín América -y a otros- están inmersas en un proceso judicial que avanza lentamente y en riesgo de no alcanzar una resolución.
Discussion about this post