POSADAS. Personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) detuvo ayer a un empleado público de 30 años bajo sospecha de integrar la banda acusada de falsificar oficios judiciales para “legalizar” vehículos robados en Buenos Aires, los cuales luego vendían en Posadas, precisó un portavoz de la fuerza. Además, los efectivos incautaron en un operativo que se concretó en la chacra 115 de Posadas un automóvil Peugeot 207, el quinto secuestrado en la causa. Las fuentes señalaron que dicho vehículo tenía pedido de secuestro por robo y estaba adulterado con un seguro a nombre del detenido, como así también un oficio judicial. Cabe recordar que esta persona es el tercer apresado en el marco de la investigación, que está en manos del magistrado Carlos Giménez, a cargo del Juzgado de Instrucción 7 de la capital provincial. Tal como publicó este diario, los anteriores sospechosos detenidos ya fueron imputados por el citado juez con la calificación provisoria de “falsificación de instrumento público y utilización”. Estos dos individuos fueron llevados hasta estrados judiciales el pasado viernes, pero solamente uno de ellos declaró, ya que el otro se abstuvo. Se trata de un productor de seguros, que apuntó directamente contra el otro apresado por el hecho, uno de los propietarios de una serigrafía situada sobre la calle Buenos Aires de Posadas. En la indagatoria, el productor de seguros se deslindó de todo tipo de responsabilidad con respecto a los episodios que se investigan. La banda quedó al descubierto hace poco más de una semana, cuando Giménez ordenó una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad. En la serigrafía de la calle Buenos Aires se detuvo al primer sospechoso y se procedió al secuestro de una camioneta Fiat Strada, mientras que en el barrio Santa Helena se arrestó al productor de seguros y se incautó el Mercedes Benz E-300. Todo indica que la banda tenía un contacto en Buenos Aires que se encargaba de conseguir automóviles robados. Esos vehículos eran trasladados hasta Posadas, donde eran vendidos a precios sospechosamente bajos en relación con los números que se manejan en el mercado. Lograban eso mediante la falsificación de oficios judiciales truchos con los que “legalizaban” la situación del rodado. Esos documentos eran completamente falsos, con firmas y sellos apócrifos. Así habrían logrado vender al menos quince automóviles.
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