La Justicia exige al Gobierno que dé todos los datos del Fondo de Granizo

POSADAS. Se conoció ayer el primer fallo judicial en la provincia en favor del derecho de acceso a la información pública, a raíz del reclamo de un diputado provincial porque el Gobierno le negó datos referidos a un listado de productores tabacaleros que supuestamente fueron afectados por inclemencias climáticas y habrían cobrado unos 38 millones de pesos del FET en concepto de seguro.El fallo condenó a la Secretaría de Acceso a la Justicia, al Ministerio del Agro y la Producción y al Estado provincial a entregarle la información al legislador Héctor “Cacho” Bárbaro, patrocinado por el abogado Isaac Lenguaza.Según explicó el diputado en conferencia de prensa, sospecha que hubo funcionarios e integrantes de los gremios que no fueron afectados por el granizo pero igual cobraron en forma irregular, y es por ello que se le escondió esa información por tanto tiempo, ya que pronto hará un año de la presentación. Por otra parte, remarcó que “hace quince años vengo denunciando la corrupción con los planes del Fondo Especial del Tabaco (FET) y recién ahora todos hablan de Ari Klusener y ‘Jair’ Pereira”, dos dirigentes de la APTM expulsados por manejos turbios del dinero.“Cuando me reuní con el Gobernador le pedí el listado y me dijo que en una semana me iba a dar, nunca más lo vimos ni me entregó nada; cuando hablé con el ministro del Agro (José Luis Garay) me dijo que no hay que mirar para atrás sino para adelante. Entonces yo creo que acá hay un gran negociado de varios funcionarios”, enfatizó.Por otra parte sugirió que el asesor estrella del gobernador y presidente de Marandú Sociedad del Estado, Enrique “Quique” Gross, fue quien operó un cambio de compañía aseguradora de los gremios tabacaleros, generando condiciones muy favorables para una nueva firma que cobró cuatro millones de pesos sólo modificando un artículo bajando el porcentaje de siniestralidad que le permitió cobrar un reintegro.Los subsidios del FET deben ser rendidos por trimestre vencido tanto al Tribunal de Cuentas de la Provincia, en forma directa por cada organismo, como a la Secretaría de Agricultura de la Nación, a través de la unidad de coordinación provincial del FET; pero ante la sospecha de que se inventaron beneficiarios para desviar parte de la millonaria suma, el listado que fue requerido a estos organismos nunca apareció durante más de 18 meses.