OBERÁ. Abogadas denunciaron al jefe de la Udai de la Anses en esta ciudad, Héctor Balbuena, por supuesto impedimento de ejercer libremente su profesión. Sumado a esto, sostuvieron que el funcionario desprestigia constantemente el rol que desempeñan. “Estamos siendo discriminados”, expresó la abogada Mabel Lugo, quien sostuvo: “Sufrimos maltrato, campaña en contra permanente, el jefe de Anses dice a nuestros clientes que les estamos robando, cuando lo que hacemos es ejercer nuestra profesión. En muchos casos el Estado despoja al jubilable de lo que le corresponde porque las jubilaciones no son homogéneas y en muchos casos el Estado se queda con lo que no le corresponde”.“Ni Anses y mucho menos el jefe (de la Udai) tienen el poder de policía sobre los colegiados, para esos casos existen mecanismos idóneos”, manifestaron las letradas. Por tal motivo han pedido intervención al Colegio de Abogados de la Provincia, solicitando la presentación de una medida cautelar para que cese esa actitud hostil y se permita a los abogados trabajar en función del artículo 14 de la Constitución nacional, que fija el derecho a ejercer toda industria lícita. El presidente de l Colegio, Martín Ayala, se presentó ayer en Oberá para interiorizarse de la situación.En cuanto a la gratuidad del trámite que promueve Anses, explicaron que “si bien la gratuidad está prevista por ley, también es un hecho que el administrado tiene derecho a la defensa de sus derechos por parte del abogado. Las personas que atienden en Anses incluso el jefe no es abogado y por ende no conoce de leyes y derecho. A ellos por medio de un curso les enseñaron a mandar moratorias indiscriminadamente, entonces cuando un ciudadano va a hacer su jubilación le juntan los 30 años por moratoria sin importar si tiene aportes o no, con lo cual le estarían haciendo pagar dos veces aportes por un mismo período. Así si doña Rosa trabajó 10 años le faltan 20 para jubilarse. No es lo mismo pagar moratoria por 20 años que por 30, sumado al hecho de que doña Rosa pagaría dos veces por 10 años”, ejemplificaron.También aclararon que “hay cuestiones de derecho que se intentan excluir de escena, así por ejemplo todos cobran el mínimo de $3.249, con aportes o sin aportes. Al momento de jubilar se tienen que aplicar determinadas normas para que el jubilado luego acceda al reclamo de la movilidad amparada en la Constitución que es del 82% móvil y que en ningún caso se cumple, ya que los jubilados que acceden a este beneficio por esta moratoria nueva, también deben percibir el 82%. Por eso es la necesidad de un abogado para que defienda los derechos de los afiliados. Sino volvemos a la época de la colonia donde el patrón era parte, juez y verdugo”, dijeron.Una situación similar, se vivió en Posadas cuando no les permitieron a abogados del foro local, presentar pedidos de jubilación mediante poderes firmados por los interesados. Entonces, el Colegio, repudió públicamente la acción de Anses.
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