POSADAS. Funcionarios del Ministerio de Ecología, encabezados por el subsecretario Juan Manuel Díaz, se reunieron con técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad para avanzar con la construcción de un camino de dos kilómetros, en un área “intangible” del Parque Provincial Moconá, en el corazón de la Reserva de Biósfera Yabotí.El encuentro se realizó hace unas tres semanas y no se dio a conocer públicamente, pero trascendió que hay una “decisión política del gobernador” de realizar la obra antes que termine su mandato en diciembre de 2015.Esta “decisión política” implica un problema: hasta ahora nadie habla de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental que, por ley, es obligatoria para cualquier emprendimiento de este tipo. Incluso cuando algunos lo plantearon en el marco de esa reunión y otras, el propio Díaz y otros funcionarios eludieron esta instancia y se refirieron a la posibilidad de concretar sólo un “inventario” de la situación ecológica del lugar.La importancia global de este ecosistema radica en su alto valor ambiental ante la biodiversidad única que posee para el planeta. Se trata de sitios naturales que albergan cientos de plantas endémicas (que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra).En este sentido, al concretarse esta obra, no sólo se obviaría (por razones de conveniencia y de tiempo) la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sino que además se estarían violando casi media docena de leyes que establecen cláusulas para este proyecto.Es por ello que nadie en el Ministerio de Ecología conoce un papel, una resolución, un decreto ni otro tipo de documento que tenga la firma de algún funcionario y establezca la decisión de avanzar con este trabajo. “Nadie quiere firmar un papel con este proyecto porque todos saben que es ilegal, sólo hay una orden verbal”, señaló un funcionario de Ecología consultado al respecto.Otro de los aspectos cuestionados es que, con este camino, el área protegida pasará a ser una simple tranquera en el camino hacia un hotel privado y el parque deberá absorber todo el impacto del tránsito de miles de turistas por esa zona.Las leyes que violaSegún explicó un experimentado abogado conocedor de temas ambientales, un trabajo de este tipo estaría violando la Ley de Áreas Protegidas (Parques Provinciales); la Ley de Monumentos Naturales Provinciales (ya que hay varias especies autóctonas declaradas monumento natural por la provincia, uno de ellos es el Chachí); la Ley de Impacto Ambiental (Nº 3079); la Ley de Ordenamiento Territorial, que establece al Parque Provincial Moconá como área intangible, con prohibición absoluta de intervención (zona roja) y los lineamientos establecidos en el Programa Hombre y Biósfera, impulsado por la Unesco y al cual adhirió la Provincia de Misiones.Justamente en los lineamientos de este programa se creó el Comité de Gestión de Biósfera, que dejó de reunirse y funcionar en el año 2010, y que tenía como objetivo evaluar, discutir y decidir todo lo referente al área natural protegida.Que se cumpla la leyUn guardaparque misionero consultado por esta situación señaló que “el Gobierno está pretendiendo violar la ley (varias leyes) para beneficiar a una empresa privada y sus socios en un emprendimiento turístico”.La ley, a la que hace mención es la de Evaluación de Impacto Ambiental, que determina todo el procedimiento que se debe cumplir, principalmente porque en la última reunión entre funcionarios de Ecología y de Vialidad, se habló de un camino de casi 10 metros de ancho, lo cual produce una alteración más que importante dentro del área de selva virgen.Un técnico de Ecología resaltó en esa reunión que por esa región se han encontrado caminos (trillos) de animales salvajes en estado de absoluta conservación, así como la flora silvestre única en el mundo.Además hay otro gran número de leyes que no se estarían respetando en caso de avanzar en este proyecto, es por ello que no se prevé -al menos hasta ahora- la evaluación de impacto ambiental.Además acercaron a este diario el Acuerdo Marco para el Uso Sostenible del Lote 8, que establece una parcela de 200 hectáreas para una empresa privada, “debiendo asegurarse el acceso vehicular, que deberá ser precisado y convenido por las partes” donde se realizará un proyecto ecoturístico (…) comprometiéndose a realizar los actos necesarios que permitan el desarrollo de este proyecto en conformidad con la legislación vigente y previa evaluación de estudio de impacto ambiental.De este acuerdo se revela que debe asegurarse un camino al empresario privado pero “no necesariamente debe pasar por el Parque Moconá” ya que existen otros caminos alternativos; pero además se indica que deben respetarse todas las leyes “vigentes” y realizar la EIA. “Eso es lo único que pedimos, que los funcionarios del Gobierno cumplan las leyes, no queremos otra cosa, que se respete el convenio marco y se cumpla la ley”, aseguró un guardaparque.Ley de Impacto AmbientalFue sancionada por la Legislatura misionera en el año 1993 con el objetivo de “prevenir las conductas que producen efectos degradativos del ambiente” ya que considera como impacto “cualquier alteración” resultante de las actividades humanas que afecten la calidad de los recursos ambientales.La construcción de rutas, caminos y autopistas está incluida en esta obligación legal.Además, determina que la evaluación debe ser pública y de libre acceso para cualquier habitante de la provincia y que debe respetar las leyes ambientales provinciales y nacionales. La EIV implica como mínimo las siguientes acciones: diagnóstico ambiental del área, el medio físico, el medio biológico y los ecosistemas naturales, el medio socioeconómico; como así también el análisis de impacto ambiental del proyecto; la definición de medidas mitigadoras del impacto negativo y la elaboración de un programa de monitoreo del impacto.Persecución estatalEl funcionario más comprometido con el proyecto sería el subsecretario, Juan Manuel Díaz. Desde su área habría partido una denuncia o un pedido de sumario contra un grupo de guardaparques que se manifestaron en contra de este proyecto.Según explicaron varios guardaparques consultados por este diario; algunos de ellos ya recibieron citaciones por parte de la Fiscalía de Estado, organismo que les ha iniciado un proceso sumario y temen que pueda terminar con el de
spido.“Creemos que hay una clara persecución porque nos hemos manifestado en contra de este proyecto, pero nosotros no nos oponemos al camino, sino que nos oponemos a la violación de la ley, el área afectada es intangible, se debe modificar el trazado y cumplir con las leyes”, opinó uno de los cuidadores de la naturaleza.Temen que el sumario que instruye el área del Fiscal, Fidel Duarte, pueda terminar con el despido de los trabajadores, solamente por hablar en los medios de comunicación y sacar a la luz este debate. Cambiarán actas por tirosEn el marco del debate por el camino, PRIMERA EDICIÓN consultó a los guardaparques sobre el pedido de la ministra de Ecología de endurecer la sanción e incluir en el código penal los delitos ambientales. “Lo que va a pasar es que los cazadores furtivos y los ladrones de madera nos van a c…. a tiros. Ahora los encontramos en el monte, hablamos con ellos, nos entregan el arma, le hacemos un acta y se van a su casa. Pero cuando sea un delito penal van a ser mucho más agresivos y con seguridad nos van a llenar de balazos”, señaló un experimentado guardaparque.“Para la ministra se soluciona endureciendo la pena, pero los que van a cargar con esta pelea seremos nosotros, que hace siete años no incorporamos personal en los bosques, no tenemos vehículos, no tenemos radio, no tenemos combustible, los uniformes nos compramos nosotros. Si van a endurecer las penas nos tienen que dar recursos materiales y aumentar el personal, sino vamos a perder por lejos esta batalla”, finalizó el trabajador.
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