BUENOS AIRES (Medios Digitales). Vaciamiento y quiebra fraudulenta son sólo algunas de las acusaciones que pesan contra la filial argentina de Global Exchange, la tercera empresa de casas de cambio del mundo. Con el argumento de que el Gobierno le prohibió operar en aeropuertos, la compañía anunció el fin de sus operaciones en el país y dejó en la calle a 39 personas.El viernes 25 de abril, los gerentes se comunicaron con los empleados para anunciarles que no debían presentarse a trabajar el lunes porque la empresa cerraba sus puertas. Esa misma madrugada, retiraron todo el efectivo de las siete sucursales que tenían en el país y cambiaron las cerraduras de los locales. Recién el lunes recibieron los telegramas para que se presentasen ante el Juzgado Comercial Nº7 que tramitaba la quiebra.“Estamos actualmente presentes en 14 países y es la primera vez que nos enfrentamos a una situación similar”, reconoció la directora de Comunicación de Global Exchange, Cristina Recouvreur Encinas, en diálogo con El Cronista Comercial. Ya en un comunicado, la firma había explicado: “La disminución en el volumen de operaciones, debido a no poder operar en aeropuertos y a las restricciones cambiarias existentes en el país, ha provocado continuas pérdidas en nuestro negocio, que en el último año y medio significó más de u$s2.7 millones. Esto provocó una descapitalización y una situación económica insostenible”.La empresa aseguró que todas las indemnizaciones serían pagadas. Pero ya pasaron cuatro meses y nadie pudo cobrar. Directivos alegaron que hay una estricta orden de cumplir con el pago con los 39 exempleados. Pero, en distintas instancias judiciales, los abogados de la compañías señalaron que cobrarían en la medida en que alcanzara el fondo de u$s2,4 millones para afrontar la quiebra.Ahora, los despedidos aguardan a que se resuelva la denuncia penal por quiebra fraudulenta que fue presentada ante la Justicia en lo Correccional y Criminal y ante la Justicia Penal Económica. “La quiebra presenta demasiadas irregularidades constituyéndose así en una quiebra fraudulenta dado que los dos acreedores principales denunciados, Eurodivisas SA y Global Exchange S.L. (detentan el 95% de las deudas) pertenecen a la misma empresa, es decir que ellos se deben a sí mismos”, explicaron.Por eso, piden la detención y captura internacional de sus directivos. “La quiebra de Global Exchange es un caso testigo de este tipo de quiebras fraudulentas, siendo sus sucesoras las de Lear y RR Donnelley, quienes insolventaron las filiales locales para beneficiar a sus casas matrices”, apuntaron.El mes pasado, Cristina Kirchner anunció su intención de aplicar la ley antiterrorista contra los directivos de la imprenta Donnelley por haber vaciado la filial argentina de la compañía. Luego, el Gobierno dio marcha atrás y presentó una denuncia por “quiebra fraudulenta”, según confirmó el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.
Discussion about this post