POSADAS. El Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) reiteró sus críticas al proyecto de ley que busca crear un Instituto Provincial de Formación Docente.Hace justo un año, se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales un debate organizado por el Cemupro para promover el análisis crítico y la discusión de un proyecto de ley presentado en la Comisión de Educación, por parte del diputado Carlos Rovira, para la creación de un Instituto Provincial de Formación Docente, recientemente reactivado en el parlamento provincial.Según recordaron desde el Cemupro, “con el aporte de reconocidos estudiosos del campo educativo se analizó y se cuestionó el proyecto por finalidades confusas y sobre todo, por las formas de organización y financiamiento de la `fundación´ que pretende crear Rovira para manejar la formación y la capacitación docente en Misiones”.“Podría calificarse de anticonstitucional”Al respecto, desde el Cemupro manifestaron que “entre otras razones preocupa especialmente como se delegan responsabilidades indelegables del Estado en una fundación, con apenas participación del Estado pero sostenida totalmente con fondos públicos: el 0,5 % de Rentas Generales de la provincia. Son muchos millones de pesos entregados al manejo de una entidad con conflictiva superposición de funciones con el Ministerio y el Consejo General de Educación. De ponerse en funcionamiento será un organismo en evidente colisión con las Constituciones Nacional y Provincial, podría calificarse de anticonstitucional por su peligrosa autonomía respecto de los controles estatales, marcado por un libre y arbitrario manejo de los fondos públicos”.Al respecto, advirtieron que la tarea de perfeccionamiento docente, que “es claramente reconocida como indelegable responsabilidad del Estado, puede suponerse que se trata de una tercerización solapada de la formación y capacitación docente en la provincia”.Recordaron que, según establece el proyecto, esta fundación tendría un director con rango de ministro, “cuya gestión financiera -esto no aclara el proyecto- escaparía a los controles administrativos usuales a pesar de que estaría sostenida absolutamente con fondos públicos”. Por todo ello, el Cemupro ratificó su rechazo al proyecto de ley y destacó la necesidad de la consulta docente para diseñar y aprobar este tipo de acciones.
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