POSADAS. Se conoció ayer a través del Boletín Oficial el decreto mediante el cual se aprobó el “Sistema Provincial de Verificación Técnica Moto Vehicular Obligatoria” y cuya aplicación se realizará “en el menor de los plazos administrativos”, de acuerdo a las fuentes oficiales consultadas por este medio y que alcanzaría a unas 140 mil unidades, a partir de los ciclomotores.El decreto Nº 909, con fecha del 20 de agosto, hace referencia a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 reglamentada por Decreto Nacional Nº 779/95, incorporada a la legislación provincial, que ordena que todos los vehículos para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a la seguridad activa y pasiva como así también la emisión de contaminantes.“La intención es que la verificación técnica obligatoria de las motos pueda comenzar a aplicarse en lo inmediato, lo antes posible, en todo el territorio provincial. No podemos anticipar una fecha, pero sería una cuestión de días, de los tiempos administrativos que demande la puesta en marcha de todo el protocolo”, explicó Jorge Franco, titular del Ministerio de Gobierno, ente que por decreto fue designado como regulador del sistema y que entre otros puntos tendrá la responsabilidad de habilitar, controlar y auditar los centros de verificación técnica, fijar los cuadros tarifarios. La autoridad de aplicación será la Policía de la Provincia de Misiones, que deberá crear un área específica a sus efectos, dentro de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, la que tendrá a su cargo la supervisión técnico-administrativa de todas las actividades realizadas por los permisionarios, que a la vez podrán ser quienes actualmente desempeñan esa función, en caso que así lo quisieran y cuenten con las máquinas correspondientes y se ciñan a los requerimientos del decreto particular.“Todavía no se estableció el monto que deberá abonarse en concepto de verificación de las motos, pero será menor a lo que se abona hoy por la verificación de los automóviles”, indicó Franco, quien el 7 de febrero último había anticipado que el decreto en cuestión estaba listo y que restaba su tratamiento, aprobación y publicación, lo que terminó de concretarse en la víspera.Se estima que son 140 mil los motovehículos existentes en Misiones y que deberían pasar por la revisión técnica. “El proyecto pretende que hayan centros de verificación técnica en toda la provincia, ya sean de la Policía o privados. Incluso, los que están en funcionamiento hoy, para autos y camiones, podrían sumar la inspección de las motos. Hay una buena predisposición de los 75 municipios para adherir a este decreto”, resaltó Franco.Para poner en marcha oficialmente el sistema de contralor, el decreto señala que la autoridad de aplicación diseñará un plan de concurrencia escalonada a los talleres revisores, estableciéndose un orden basado en la terminación del número de dominio de las motos a lo largo de diez meses.Requisitos indispensablesEn el decreto Nº 909 se recalca que, para poder efectuar la verificación técnica del motovehículo, los usuarios deberán acreditar la titularidad registral del mismo, con título de propiedad o cédula verde; cascos normalizados del conductor y acompañante; licencia de conducir vigente; póliza de seguro de responsabilidad civil hacia terceros vigente; placa de patente y comprobante de pago de patente. Sanciones• Las motos cero km deberán contar al momento de su venta con el correspondiente certificado y oblea de verificación técnica.• Las motos usadas, de uso particular, serán sometidas a la inspección a partir de los doce meses de la fecha de su revisión inicial.• Las motos usadas, de uso comercial, deberán ser sometidas a la verificación a partir de los seis meses de la última verificación.• La implementación de tales medidas, según se explica en el decreto, busca garantizar la circulación vehicular, minimizando al máximo el riesgo de accidentes por fallas técnicas previsibles, proteger adecuadamente los derechos y obligaciones de los usuarios, garantizar la seguridad pública en las vías de circulación en ciudades, pueblos y rutas y preservar las condiciones de medio ambiente, evitando causales de polución.
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