BUENOS AIRES (NA). El juez de Nueva York, Thomas Griesa, rechazó una solicitud para declarar en “desacato” a la Argentina, aunque consideró “ilegal” cambiar la jurisdicción de pago para bonos que entraron a los canjes 2005 y 2010, como lo impulsa el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso.El magistrado encabezó una audiencia de una hora veinte minutos con abogados de la Argentina, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y representantes de los fondos buitres.El encuentro comenzó con el pedido de los fondos para que la Argentina sea declarada en “desacato” y además se le fije una sanción monetaria y otra no monetaria por haber incumplido las órdenes del juez.Sobre el final, y contra los pronósticos, el magistrado argumentó que sería “prematuro” dictar el desacato, pero dejó en claro la “ilegalidad” del proyecto oficial para reabrir el canje y cambiar la jurisdicción de pago.“Es ilegal y no puede llevarse a cabo”, remarcó Griesa sobre la iniciativa oficial anunciada el martes por la noche, en un mensaje transmitido en cadena nacional por la presidenta Cristina Kirchner, que ya generó rechazos de distintos sectores de la oposición y podría tratarse la semana próxima en el Congreso.Con esa propuesta, el Gobierno intenta evitar un nuevo bloqueo de pagos por parte de Griesa, como ocurrió con los 539 millones de dólares que aún continúan depositados en el Banco de Nueva York por orden del juez.En la audiencia, el magistrado se mostró sorprendido porque los abogados de la Argentina dijeron “desconocer” la iniciativa que el Gobierno envió al Congreso, trascendió aquí de fuentes presentes en la reunión. Para dejar más clara su postura, el magistrado advirtió que cualquier entidad que asista a la Argentina para evitar cumplir la orden de su corte “incurrirá en una clara violación”.Explicó que el plan oficial para el cambio de jurisdicción resulta “violatorio” de la resolución dictada por él, que obliga a la Argentina a pagarle unos 1.500 millones de dólares a los fondos buitres.“Vamos a analizar esa posibilidad más tarde, podremos discutirlo en septiembre”, respondió y agregó: “Vamos a lidiar con esto cuando tengamos que lidiar”, en referencia al momento en que sea aprobado el proyecto por el Congreso.El pedido para que la Argentina sea declarada “en desacato” por desoír resoluciones del juez fue formulado por el abogado Robert Cohen, quien representa al fondo NML de Paul Singer, y su colega Stephen Poss, del fondo Olifant.Esta solicitud se fundamenta en que la Argentina “busca evadir las órdenes de la corte” al decidir cambiar el lugar de pago a los bonistas y había sido solicitada antes mediante un escrito remitido al juez, quien por eso dispuso la audiencia.En una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que la intención es romper el contrato con el Bank of New York Mellon -agente de pago en Nueva York- para ofrecer pagar a los bonistas en la Argentina.Los abogados argentinos argumentaron que no fueron notificados de la nueva ley y le señalaron al juez que declarar el desacato “no facilitaría las negociaciones y sólo sería echar más leña al fuego”. Votarán contra el proyectoA pesar del pedido presidencial de contar con acompañamiento al proyecto de ley de pago soberano, el grueso de la oposición parlamentaria adelantó que rechazará el cambio de jurisdicción y la reapertura del canje, lo que hará que la ley avance sólo con los votos del Frente para la Victoria y sus bloques aliados.El primero en pronunciarse enfáticamente en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo fue el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en una decisión política determinante en la carrera electoral con miras a 2015.No obstante, el Frente Renovador también salió a marcar la cancha y, imitando al líder del Pro, el diputado nacional y presidenciable Sergio Massa anticipó en conferencia de prensa que además de rechazar el proyecto, propondrá un texto alternativo para poner a disposición del resto de los opositores.La Unión Cívica Radical, el principal partido opositor en el Congreso de la Nación, también votará en contra del proyecto presidencial para reabrir el canje de la deuda pública externa y reemplazar a Estados Unidos por Argentina como lugar de pago de la misma.Sin embargo, en el seno del radicalismo esta posición no es unánime, ya que un grupo de legisladores opinó que habría que acompañar al Gobierno.La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió anticipó que no acompañará el proyecto presidencial y que podría votar en contra o abstenerse. Quieren sacar la cláusula Rufo Un grupo de bonistas reestructurados de deuda argentina están trabajando para remover la cláusula llamada Rufo, que impide que el emisor ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda, uno de los obstáculos para que el país llegue a un acuerdo con fondos que la demandaron.Argentina, que cayó en cesación de pagos tras no llegar a un acuerdo con los holdouts, ha argumentado que la cláusula no le permite ofrecer mejores términos a los acreedores no reestructurados que a los que acudieron a los canjes de 2005 y 2010.Christopher Clark, un socio del estudio Latham & Watkins, que asesora a bonistas con más de 5.200 millones de euros en deuda argentina, dijo a IFR el jueves que están trabajando en una solicitación de consentimiento por la cláusula.“Estamos avanzando y trabajando con Deutsche Bank para progresar lo más rápido que sea posible en solicitación”, dijo Clark a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
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