BUENOS AIRES (NA). El proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento y las iniciativas vinculadas a la Defensa del Consumidor serán debatidas desde hoy en el Congreso nacional por el plenario de comisiones, en medio de una fuerte polémica sobre el intervencionismo estatal.Las comisiones se reunirán en el Congreso a las 17, en un contexto de fuerte lobby por parte del sector privado: entidades como la Unión Industrial (UIA), la Asociación Empresaria (AEA), la Came, la Cámara del Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y otros sectores fuertes de la economía anticiparon su rechazo a los cambios.El oficialismo irá al Parlamento con la misión de aprobar las iniciativas por orden de la presidenta Cristina Kirchner, quien en su último discurso en la Casa Rosada y con empresarios sentados en primera fila aclaró: “No queremos fundir a ningún empresario, pero que tampoco fundan a los argentinos”.La mandataria dijo que con las modificaciones no se pretende “imponer nada” y precisó que tanto cámaras empresariales como asociaciones de consumidores podrán participar en el debate y finalmente “modificar” la normativa.El presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, adelantó ayer que en la sesión programada para el 27 de agosto pedirá sobre tablas la derogación de las leyes de Abastecimiento y Antiterrorista.Negri recordó que presentó junto a otros legisladores dos proyectos solicitando se deroguen estas leyes y solicitó al arco político opositor “desacelerar las campañas electorales lanzadas y poner como prioridad, acciones conjuntas para frenar estas locuras erráticas y peligrosas del Gobierno”.El GEN también rechazó el proyecto de reforma a la ley de abastecimiento y reiteró su reclamo para derogar la ley antiterrorista y repudió su aplicación, tanto para acompañar la represión de las protestas sociales como en una práctica de “apriete a cualquier empresa”.El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ya había anticipado que no se trata de una legislación impulsada “pensando en la Argentina porque es una copia del proyecto venezolano”, en línea con el PRO que conduce el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.El Gobierno propone, por un lado, la creación de un fuero del consumidor en la Justicia ordinaria, que permita resolver de manera expeditiva los diferendos entre consumidores y empresas, con un sesgo en favor de los primeros.Contempla una instancia inicial de mediación con asistencia obligatoria de las partes, donde se espera que la mayoría de los conflictos se resuelvan y así los consumidores tengan más incentivos a quejarse por bienes defectuosos, cobros indebidos o cualquier tipo de abuso comercial.Por otro lado, el más relevante desde el punto de vista de la política económica que busca la administración kirchnerista para comenzar a controlar la inflación, habrá cambios en las leyes de Lealtad del Consumidor y en la Ley de Abastecimiento.En particular, el resquemor empresario se centra en la Ley de Abastecimiento, que pasaría a llamarse de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo y tendrá, como novedad, que se elimina la pena de cárcel para el empresario y se elevan los montos en dinero ante situaciones de incumplimiento.Según la Unión Industrial Argentina, la nueva ley permitiría al Estado “fijar márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles mínimos y máximos de precios, incautar e incluso vender bienes o servicios escasos sin juicio de expropiación previo”.Sin embargo, un repaso por la legislación actual muestra que todas esas temidas facultades en realidad están vigentes desde mediados de los 70: de hecho, muchas de ellas ya fueron aplicadas por el secretario de comercio Augusto Costa (en el caso de los laboratorios) y por su antecesor, Guillermo Moreno.Costa sostuvo que con la reforma de la Ley de Abastecimiento “el Gobierno no está generando un avance sobre los privados” y criticó al sector industrial porque planea que el Ejecutivo “ajuste su gasto público y reduzca subsidios”.La actual Ley de Abastecimiento fue promulgada el 24 de junio de 1974 y su aplicación fue suspendida en noviembre de 1991 y luego reestablecida en 1999 a través del Decreto 722, que declaró el “estado de emergencia de abastecimiento”.Impulso simbólico La titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Patricia Bullrich, convocó para hoy a una reunión en la que los oposiciones tienen la intención de emitir dictamen para “derogar la ley antiterrorista”, aunque no tienen número para avanzar con esa iniciativa.“Mañana (por hoy) sacaremos dictamen para derogar la abusiva y discrecional ley antiterrorista, una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas, como el caso de Pablo Suárez de Santiago del Estero y ahora usada como pantalla para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a una empresa, que si cometió una quiebra fraudulenta deberá ser condenada por ello en el marco de la ley vigente”, señaló Bullrich.A su entender, “el Gobierno va esta ley createrroristas , mientras siguen impunes los actos terroristas acaecidos en el país como el atentado de la AMIA, encubierto tras el memorándum de entendimiento con Irán”.“Como presidenta de la comisión de Legislación Penal tome contacto con todos los bloques opositores y mañana estaremos presentes para dictaminar contra esta norma que desvirtúa al derecho penal para construir una herramienta represiva”, resaltó la diputada.Los opositores que integran la comisión son Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Luis Petri, Oscar Aguad, Manuel Garrido, María Gabriela Burgos, María Soledad Carrizo, Pablo Javkin, Ivana Bianchi, Nicolás del Caño, Eduardo Cáceres, Oscar Martínez y Gilberto Alegre.Por si solos, no cuentan con el número para emitir un dictamen de mayoría, de hecho, tampoco tendrían quórum para funcionar, aunque podrían hacerlo en minoría.El senador nacional por la UCR, Mario Cimadevilla, afirmó que “pedir la derogación de la ley antiterrorista se puede, pero sin el acompañamiento del oficialismo” no se avanza.“Yo escucho hablar a los funcionarios de una quiebra inventada, pero si fuera así lo de la imprenta Donnelley, ya hay leyes que permiten penar a empresas que van a la quiebra de manera fraudulenta, así que nos parece no aplicable.”
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