POSADAS. Todavía no comenzó a tratarse el proyecto de ley de Presupuesto que envió el gobernador Maurice Closs a la Legislatura, para el año 2015, y ya cosechó las primeras críticas, sobre todo por ser “un calco” de los anteriores, manteniendo la emergencia económica, los superpoderes para modificar las partidas aprobadas sin autorización de los diputados y por la distribución. La iniciativa propuesta por el mandatario asciende a 23.557, un 40% más elevado que el presente año, resultando una necesidad de financiamiento de 6.404 millones que la Provincia debe generar o pedir a la Nación para lograr un equilibrio.PRIMERA EDICIÓN consultó a algunos presidentes de bloques y legisladores sobre los aspectos generales del proyecto de presupuesto que fue enviado el jueves a la Legislatura, el que tomará estado parlamentario recién en la próxima sesión y está previsto que su tratamiento se inicie el 18 de agosto.El legislador radical, Hugo Escalada, opinó que “es un presupuesto calcado de los anteriores que mantiene el statu quo del poder centrado en la obra pública para la generación de empleo, pero que claramente es insuficiente a luz de las nuevas necesidades y desigualdades que demuestra la provincia”.“Creemos que hay claramente sectores postergados y tiene que haber mucho más del presupuesto destinado a las capas sociales que el Estado ha abandonado, amplios sectores de la sociedad que se mantienen con lo mínimo y necesario para subsistir. Este presupuesto no resuelve esas cuestiones de falta de hogares, los reclamos de jubilados, los reclamos de docentes, es un presupuesto que va a mantener las condiciones imperantes hasta el momento”, enfatizó Escalada.Sobre la asignación de recursos, el legislador expresó: “Necesariamente el Gobierno necesita sostener el empleo, pero nosotros creemos que la obra pública no es la única manera. Si miramos todos los planes que impulsaron para generar empleo en el agro; fueron un fracaso, no resolvieron la falta de empleo. Si no se aumenta pronto la producción, no vamos a tener más para repartir”.Luego consideró que la presión tributaria es un factor que agobia a los sectores de producción: “Cada vez que el Gobierno aumenta la presión tributaria genera mayor recaudación, pero está sacando recursos al sector industrial y al sector productivo, porque el empresario que podía contratar a uno o dos empleados, cada vez que le aumentaron el impuesto, postergó la idea, entonces cada aumento de impuesto significa restarle capacidad de crecimiento al empleo. Después el Gobierno tiene que compensar esa falta de empleo con la obra pública, pero no es la solución”.Finalmente, Escalada vaticinó que “el salario se va a seguir deteriorando por la inflación y el Gobierno no va a poder recomponerlo porque va detrás de la inflación. Este es un presupuesto típico de un Gobierno que enfrenta su último año y no piensa cambiar nada, la gente que se siente a gusto con este presupuesto seguirá a gusto y los que vienen reclamando hace años, porque no le alcanza para vivir, continuará reclamando. Que no esperen ni un giro ni una sorpresa”, consignó.Sigue la EmergenciaPor su parte, el diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso) enfatizó en que “nos parece una aberración que se mantenga la emergencia económica cuando el gobernador tiene 1.500 millones de pesos guardados, de los cuales 1.000 millones están en plazo fijo”. También cuestionó que el mandatario tenga un supuesto ahorro de tantos millones pero que se otorguen aumentos por debajo del porcentual de inflación.Y sobre la obra pública Wipplinger expresó que “es la forma que tiene el Gobierno de mantener el movimiento en la economía, pero la discusión pasa por la falta de transparencia, porque si se analizan los presupuestos de obras se encuentran sobreprecios”. Sobre cuáles deberían ser las prioridades para encarar el año entrante, el legislador de Trabajo y Progreso consideró que “estamos convencidos que hay dos áreas muy influyentes donde se deben reforzar las partidas: el sector agrario, que es el principal motor económico de la provincia y necesita un fuerte impulso del Estado y por otra parte, la Justicia. El Poder Judicial debe modernizarse y necesita recursos para ser eficiente”.“Pero el agro necesita una asignación de recursos mucho mayor de la que viene recibiendo; es clave para la industria y para la generación de empleo, es la mayor fuente de generación de riqueza que tiene la provincia. No se puede estar atado solamente a la obra pública”, finalizó el diputado provincial Claudio Wipplinger.Con superpoderesOtro legislador consultado fue Héctor “Cacho” Bárbaro, representante del Partido Agrario y Social, quien consideró que “si el presupuesto tiene 40% de aumento, indudablemente esperamos que ese sea el aumento que se otorgue a los trabajadores estatales porque los sueldos están muy atrasados y la inflación superó ampliamente los últimos aumentos otorgados”.“Por otra parte, yo el año pasado no acompañé el presupuesto provincial porque cada vez se otorgan menos recursos al Ministerio del Agro, depende casi exclusivamente de los fondos del Fondo Especial del Tabaco. Quiere decir que el tabacalero está manteniendo a todos los otros rubros del agro misionero y me parece que el Estado debe asignar más recursos de otras áreas, no sólo del FET”, estimó Bárbaro.Además consideró como “negativo que se le sigan otorgando superpoderes al gobernador para que pueda manejar con discreción las partidas y sacar plata de un lugar y mandar a otro, sin ninguna autorización de la Legislatura. Es una falta de respeto a este Poder, quiere decir que toda la discusión y los aportes que nosotros podemos hacer durante tres meses de análisis y tratamiento el gobernador podrá modificar todo mediante un decreto, estoy en contra de los superpoderes, no se deberían incluir en la ley”. Finalmente dijo que van a “analizar con detenimiento el proyecto y esperamos que se otorguen más recursos al sector agrario. Vamos a proponer más recursos a las áreas que generen fuentes de trabajo en el agro”.Defensa oficialistaPRIMERA EDICIÓN pidió también la opinión de un legislador del Frente Renovador, en este caso fue Fernando Meza, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento.Meza enfatizó que “la Renovación siempre presentó presupuestos equilibrados y razonables que se ajustan al crecimiento que tiene la provincia y que nos han permitido tener equilibrio fiscal y desendeudamiento sostenido durante la última década”. Recordó ad
emás que los puntos más destacados en los presupuestos anteriores fueron “salud, educación, desarrollo social, seguridad y desarrollo de la economía, estos cinco puntos absorben el 60% del total del presupuesto, quiere decir que son las prioridades que se fijan desde la política de la Renovación, siempre pensando en el bienestar y el crecimiento de la sociedad”.Respecto al aumento de 40%, consideró que “es natural que así sea por el hecho de que la provincia va creciendo y se va contemplando la evolución económica. Fuimos de las primeras provincias en reconocer la inflación, eso influye para que el presupuesto se vaya ajustando”.Meza opinó que “el presupuesto es una expresión financiera de la política del Gobierno ante las demandas de la sociedad que van creciendo. Desde mi visión, con este presupuesto lo que se trata de hacer es que sea inclusivo y que mantenga el equilibrio entre ingresos y egresos, que viene conteniendo este proyecto político durante la última década, sin endeudarse y con una administración responsable y equilibrada”, finalizó. Los números del presupuestoEl Ejecutivo provincial ingresó el jueves a la Legislatura su proyecto de Presupuesto 2015, que comenzará a debatirse desde el 18 de agosto próximo en la Comisión de Presupuesto que preside el renovador Marcelo Rodríguez, con un monto que alcanza los 23.557 millones de pesos, es decir, un 39,90% más que el del ejercicio vigente, de casi 17 mil millones. Closs pidió que le aprueben 6.718 millones de pesos más que este año, teniendo a la obra pública como prioridad con 7.272 millones de pesos (que representan un 30.87% del total).En el proyecto volvió a pedir las emergencias económica y habitacional hasta diciembre de 2015. Como también, en el artículo 14, los polémicos “superpoderes” para modificar las partidas sin autorización posterior de los diputados. Además, se pide a los diputados prorrogar la cancelación de los bonos Cemis hasta el 30 de junio de 2017 y se contempla una necesidad de financiamiento de 6.404 millones que la Provincia debe generar o pedir a la Nación para lograr equilibrio.
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