POSADAS. Desde marzo de 2013, en Misiones está vigente el protocolo para la realización de abortos no punibles (ANP). No obstante, cada vez que una niña o adolescente -de entre 12 y 18 años- ha concurrido al sistema de salud solicitando atención por presentar un embarazo producto de una violación, no se le ha informado sobre su derecho a un aborto. En consecuencia, se ven obligadas a continuar con un embarazo no deseado, a parir y luego a criar a un bebé, sin siquiera haberse desarrollado física ni psíquicamente. Por lo expuesto, es que se pretende que el Estado misionero garantice la salud integral de las niñas y adolescentes, tal como lo indica la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (antes Nº 3820).Es por ello que la diputada provincial Myriam Duarte (PAyS) impulsó un proyecto que modifique el inciso “G” del artículo 12 de la norma misionera citada precedentemente, para que quede redactado de la siguiente manera: “…asegurar la salud integral de toda niña embarazada, garantizando el acceso al aborto no punible, en los casos que así lo requieran, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del Código Penal”. El próximo jueves, en las habituales reuniones de debate interno, será presentado para ver si consigue dictamen en la comisión de Género, Familia y Juventud que preside el diputado oficialista Fernando Meza.Garantizar un derecho“En este artículo que plantea la atención sanitaria a toda niña embarazada, incluimos la importancia de garantizar acceso a un ANP en caso de violación en niñas de entre 13 y 18 años”, explicó Duarte a PRIMERA EDICIÓN.“Y esto no sólo implica que puedan ser informadas sobre la posibilidad de acceso a un ANP, sino que también significa que, ante una violación, deben ser asesoradas sobre el kit del día después -que debe ser suministrado por el sistema público de salud, al igual que los kits de enfermedades de transmisión sexual”, agregó la diputada.Cuestión sanitariaCabe recordar que, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en 2010 quedó establecido que para el Código Penal de la Nación (artículo 82, inciso 2) el profesional de la salud y la mujer no incurren en delito de aborto cuando el embarazo es producto de una violación, en los casos en que la salud física o mental de la mujer corra peligro o si la mujer es “idiota o demente”.No obstante esta aclaración de la interpretación del artículo, su debate en el país suscitó opiniones de todo tipo basadas en argumentos culturales y religiosos, principalmente.“Se señalaron muchos argumentos para no cumplir con los abortos en caso de violación y muchos de ellos estuvieron basados en pareceres personales, sin argumentación científica de qué le ocurre o le puede ocurrir a la niña, mental o psíquicamente al ser obligada a continuar un embarazo que fue producto de una violación”, dijo Duarte. Es por ello que espera que este proyecto impulse un debate social “que nos estamos debiendo hace rato” y “queremos que ese debate sea con sustento científico, por eso estamos buscando los profesionales que mejor puedan asesorarnos al respecto en la comisión de Género”.Objeción de conciencia… a mediasSi bien los profesionales médicos de los hospitales públicos pueden realizar objeción de conciencia, es decir, negarse a hacer el aborto amparándose en cuestiones espirituales, religiosas u otras, el protocolo del ANP es bien claro al señalar que esta objeción es individual, no institucional. Eso significa que “toda institución a la que se recurra para la práctica de un ANP deberá en cualquier caso garantizar su realización”, dice el protocolo.“Muchos médicos señalan objeción de conciencia, pero lo cierto es que en la provincia se realizan abortos en la clandestinidad, algunos en condiciones de gran riesgo, que son a los que pueden acceder las mujeres que no tienen medios económicos, o en consultorios de médicos que cobran grandes sumas de dinero a familias que pueden pagarlos”, explicó Duarte, resaltando la importancia de aprovechar la oportunidad para debatir con fundamentos y para “sincerarnos como sociedad y dejar de hablar desde la hipocresía”. Asimismo, recordó que no sólo el personal médico del sistema público de salud tiene una responsabilidad ante estos casos, sino que todos los funcionarios públicos, incluidos policías y maestros, están obligados a denunciarlos. “Si es necesaria una capacitación para garantizar que así sea, habrá que hacerla”, resaltó.
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