POSADAS. La Legislatura provincial aprobó anoche, en su tercera sesión ordinaria tras la inauguración del nuevo período parlamentario, una ley que suspende por dos años los remates y ejecuciones judiciales de viviendas rurales (ver pág. 6), norma en la que los diputados venían trabajando desde el año pasado y que da respuesta, aunque parcial, a un drama que afecta a numerosas familias misioneras. Además de la aprobación de esta ley con el voto de la mayoría del arco político representado en la Cámara, a excepción del diputado Alfredo Schiavoni (PRO), se aprobaron por unanimidad varios pedidos de informes, entre ellos una iniciativa del diputado Walter Molina, solicitando al Ejecutivo que informe sobre la discontinuidad del Índice de Precios al Consumidor y los valores de la canasta familiar que elabora el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).Molina hizo hincapié en que es bueno que estos relevamientos no queden limitados al uso del Gobierno o del ente estadístico provincial, sino “que lleguen a los empresarios, que son las personas que tienen la posibilidad de generar más y mejor empleo en la provincia”. “Las cifras de pobreza e indigencia -que no se conocen hoy fehacientemente en Misiones- no son un dato menor”, recalcó el legislador. El proyecto se aprobó sin debate, dado el consenso previo en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que aprobó el dictamen por unanimidad. El mismo destino positivo corrió la propuesta del diputado Héctor Bárbaro para que el Ejecutivo responda sobre la naturaleza del convenio firmado entre el Ministerio del Agro y la Producción y una empresa privada para la gestión del semillero del Ingenio Azucarero de San Javier. Bárbaro elogió la actitud del titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai), Ricardo Maciel, que se presentó por iniciativa propia a responder por la situación del Ingenio en el tratamiento del proyecto en comisión. Quedó pendiente, sin embargo, una respuesta puntual respecto a las relaciones entre la cartera agraria y la empresa establecida sobre el Cerro Monje. Se aprobó también el proyecto presentado por la diputada Marta Ferreira mediante el cual Misiones se adhiere a la Ley Nacional que estableció un Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. Tierras en disputaEn su sesión de ayer, la Cámara de Diputados avanzó en el tratamiento de la problemática de los desalojos y remates judiciales de viviendas únicas y campos agrícolas de pequeños productores en el ámbito rural, sancionando una ley que prorroga las ejecuciones y crea un registro para ordenar el sector. La problemática -compleja si las hay- de la ocupación de tierras, se presentó también en un pedido de informes del diputado Hugo Escalada, presentado sobre tablas.El legislador logró el apoyo de la Cámara para que se pida al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Oberá y al Ejecutivo, las razones por las que no se habría dado respuesta a una denuncia sobre usurpación de tierras presentada por vecinos de la localidad de Guaraní a mediados de enero pasado. “La usurpación se ha llevado, diría, de una manera planificada, con camiones municipales de otros intendentes de la zona”, advirtió Escalada. En cuanto a la Justicia, destacó que no hubo respuesta visible alguna a la denuncia hecha en el momento de la intrusión hasta hoy.
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