POSADAS. La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de ley para suspender por dos años (hasta el 31 de mayo de 2016) “las ejecuciones de sentencias que tengan objeto el desalojo y remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a viviendas y de producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifique una ocupación superior a ocho años”, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados. Además, incluirá a las asociaciones sin fines de lucro que estén en la misma situación. En medio de muchas denuncias de intrusión y también de desalojos que se fueron dando en la provincia, como la última ocurrida esta semana en Puerto Libertad, donde 28 familias resistían la medida (ver recuadro), la comisión de Legislación General de la Cámara de Representantes decidió unificar los proyectos presentados por los diputados Sonia Mello, Héctor Bárbaro y Lilia Marchesini y suspender por dos años los desalojos y remates de inmuebles urbanos y rurales. La medida se aplicaría hasta el 31 de mayo de 2016 y para acceder al beneficio se deberá acreditar una ocupación superior a los ocho años y estar empadronado antes de fin de este año. Para poder atenerse a esta ley, los alcanzados por ella deberán cumplir con ciertos requerimientos. Aclaran que se entiende como inmueble destinado a vivienda única y familiar “el urbano de uso permanente que constituya domicilio real del grupo familiar”, mientras que se considera inmueble destinado a vivienda y producción agropecuaria única y familiar al “rural de uso permanente que constituya el domicilio real del grupo familiar”. Para acreditar esto, se creará un padrón provincial de beneficiarios que contendrá los datos de las personas comprendidas por el beneficio. “El empadronamiento constituye una obligación a cargo de los beneficiarios para gozar de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Ley, debiendo acreditar esta condición en el expediente judicial correspondiente antes del 31 de diciembre de 2014, mediante constancia que debe generar el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. La falta de empadronamiento hace cesar los beneficios de la presente”, establece la norma. Será el Iprodha el encargado de evaluar y planificar las soluciones para cada caso que se asiente en este padrón, que luego será remitido a la Cámara de Diputados. Asociaciones sin fines de lucroEsta ley también alcanzará a las asociaciones civiles sin fines de lucro, como se nombró más arriba. A éstas se les dará por única y última vez, hasta el 31 de diciembre de 2014, la condición de “inembargables e inejecutables por deudas anteriores al 1 de julio de 2012 los bienes muebles e inmuebles propiedad de asociaciones civiles sin fines de lucro, afectados a fines deportivos y recreativos”.Las asociaciones deberán, para acceder a este beneficio, acreditar que tienen personería jurídica otorgada por organismo competente, diez años de existencia o antigüedad, suscripción de convenios con los municipios y/o el Consejo Provincial de Deporte y Recreación, para el uso gratuito de sus instalaciones en aquellas actividades organizadas o auspiciadas por éstos”. Además, las entidades comprendidas en la esta ley “sólo son susceptibles de medidas cautelares y/o ejecuciones hasta un máximo total del quince por ciento (15%) de sus ingresos. No pueden trabarse embargos sobre los subsidios otorgados por organismos oficiales”. En Libertad, 28 familias esperan el desalojo PUERTO LIBERTAD. Esta semana 28 familias asentadas en “Nueva Libertad” a la orilla del lago Urugua-í resistieron una orden de desalojo expedida por el juez de Puerto Iguazú. Según explicó uno de los habitantes del lugar, Eduardo Vázquez, son 28 familias con más de 70 chicos que hace un año se asentaron en este predio de unas 30 hectáreas. “Hace un mes llegó una orden de desalojo, un aviso. En abril vino la policía y sacaron a un par de familias. Acá hay gente realmente necesitada. Todos estamos trabajando la tierra, no pudieron sacarnos a todos. La gente que sacaron volvió al asentamiento, en esa oportunidad se llevaron las casas y todo lo que tenían, no sabemos qué pasó con eso. Esta semana volvieron para sacarnos a todos. De las 28 habían sido desalojadas once, que volvieron. Esta semana vinieron policías de Puerto Libertad con un contratista, trajeron postes y alambres para cercar los terrenos, pero nosotros resistimos, así que hicieron un acta y bueno ahora debemos esperar. La policía nos dijo que van a volver y que van a colocar los postes y el alambrado”, explicó Vázquez.También contó que lo que ellos saben “supuestamente estas tierras son privadas, trajeron papeles, pero no nos mostraron nada, nosotros no sabemos quién es realmente el dueño, hay varias versiones, exactamente no sabemos quién es el dueño. Las familias son todas de acá, de Libertad. Algunos vivían en asentamientos y otros en alquiler que se vinieron acomodando. Este es el único lugar libre que hay porque no hay tierras acá y por eso nos vinimos a acomodar a acá, a trabajar la tierra”. El hombre contó además que la falta de espacios para vivir y la imposibilidad de pagar un alquiler ya sea por una vivienda o una chacra, los llevó a usurpar estas 30 hectáreas, que según Vázquez, son de las pocas que quedan libres. Afirmó también que “esto es todo lo que tenemos, no tenemos a dónde ir”. Ahora esperarán hasta ver qué sucede, ya que la orden está dada y por lo que dijeron los policías, “van a volver para sacarnos a todos”, dijo.
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