BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). La Cámara Federal de Casación resolvió que siga adelante la investigación al vicepresidente de la Nación Amado Boudou en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica.El fallo fue de la sala IV del máximo tribunal penal del país, que rechazó un recurso de excepción por falta de acción presentado por la defensa del funcionario. Esto es así porque la sala IV de Casación declaró “inadmisible” el recurso presentado por la defensa de Boudou, en una decisión tomada por mayoría con los votos de Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky. Estos mismos magistrados ya habían rechazado otros intentos del vicepresidente de declarar nula parte del caso Ciccone.Boudou tiene un pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal federal Jorge Di Lello al juez que lleva la causa Ariel Lijo. De esta forma, la investigación sobre la supuesta intervención del ex ministro de Economía para levantar la quiebra de la ex imprenta calcográfica y ponerla en manos de amigos suyos seguirá adelante.En abril pasado, Boudou había presentado un escrito ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema, en el que advirtió que no cometió ningún delito y pidió el cierre del caso.El atajo legal que presentó el vicepresidente para ser sobreseído de la causa se denomina “excepción por falta de acción”. La defensa del ex titular del Palacio de Hacienda planteó que no existen pruebas suficientes para acusarlo de negociaciones incompatibles con la función pública u otros delitos y que se vulneró la garantía de la que goza todo imputado de ser juzgado en un plazo razonable.Ese recurso ya había sido rechazado en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo, que investiga a Boudou, y por la Cámara Federal, que instó a que cuanto antes se decida si el vicepresidente cometió o no delito. La defensa del vicepresidente apeló y el tema llegó a la Cámara de Casación Penal.Boudou argumenta que no hizo nada que sea considerado delito por el Código Penal. Admitió haber respondido una consulta que le hizo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, sobre dar facilidades a la ex Ciccone para pagar sus impuestos atrasados. En esa nota, Boudou le apunta a la AFIP que “sustancie” el pedido según sus atribuciones y le recuerda que “permitir la continuidad de la empresa” está dentro de la política del Gobierno de mantener las “fuentes de trabajo” en una empresa de esa “importancia estratégica”. Según el ex ministro de Economía, haber suscripto esa nota no evidencia el delito de interesarse de manera indebida por la firma, como sostiene el fiscal de la causa Jorge Di Lello.Además, el abogado de Boudou, Diego Pirota, destacó que los peritajes descartaron que hubiera fotos de Boudou con Alejandro Vandenbroele, que manejó Ciccone hasta su estatización y negó conocerlo. Sostuvo que fue ajeno a la suma de dinero colocada para salvar a la ex Ciccone y que hasta apareció un dueño de esa plata, Raúl Moneta, que la reclama. No mencionó el relato de la ex esposa de Vandenbroele que lo identificó como el testaferro de Boudou. Tampoco mencionó que Vandenbroele vivió en un departamento de Puerto Madero que es de propiedad de Boudou.El abogado del vicepresidente reconoció que la familia Ciccone, cuando declaró ante Lijo, dijo que se habían visto con Boudou, que les había señalado que trataran el asunto a través de su amigo José María Núñez Carmona, pero el abogado desestimó estas declaraciones al señalar que otros testigos los desmintieron. También se apoyó en que los Ciccone fueron considerados imputados por el fiscal Di Lello, que pidió sus indagatorias como sospechosos del mismo delito por el que el funcionario pidió indagar al propio Boudou.Puntos salientes del fallo• La decisión de la Cámara de Casación que complicó la situación del vicepresidente Amado Boudou fue adoptada por voto dividido, ya que los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani votaron en contra del funcionario y Mariano Borinksy a favor.• Borinsky votó en disidencia y en su voto se manifestó en consonancia con el dictamen del fiscal ante Casación Javier De Luca, quien había opinado a favor de conceder el recurso a Boudou y ordenar al juez del caso que se expidiera para precisar el delito por el cual se lo investiga.• Pero quedó en minoría ante sus pares Hornos y Gemignani que consideraron “inadmisible” el planteo por no tratarse de una sentencia definitiva u ocasione un gravamen de imposible reparación que justifique ser tratado por el máximo tribunal penal del país. Cada camarista emitió un voto propio.• “Como se dijo, el rechazo de una excepción de falta de acción no es un tipo de resolución jurisdiccional que se encuentre contemplada entre aquellas previstas en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de sentencia definitiva, ni de auto que ponga fin a la acción, a la pena, o que haga imposible que continúen las actuaciones, ni tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, consideró en su voto el camarista Gustavo Hornos.• “Si bien la sentencia en crisis implica para el imputado continuar sometido a proceso tras haberse rechazado el pedido de excepción de falta de acción, queda pendiente la realización de un conjunto de valoraciones y evaluaciones de necesaria remisión a los antecedentes de causa y sus constancias respaldatorias que, de acuerdo a la propia línea argumental de los motivos expuestos ante esta instancia por la recurrente, conllevarían a la solución por la parte pretendida en caso de que le asistiera razón; cuestiones que, de momento, no pueden ser evaluadas por este tribunal”, agregó.• “Es así que no surge en el caso la posibilidad de equiparar la resolución pronunciada con un auto de carácter definitivo, en orden a una violación del principio de legalidad o de la garantía de debido proceso (artículo 18 de la Constitución)”.• “En ese sentido, no ha demostrado la impugnante ni tampoco se evidencia en el caso, la existencia de afectaciones que debieran surgir con claridad en el supuesto bajo estudio y de modo diferenciado, de acuerdo a sus particularidades y más allá de la general af
ectación o turbación que implica para cualquier persona el continuar sometida a un proceso penal, habida cuenta la inevitable injerencia que produce el poder estatal en la vida de una persona de cualquier modo sometida a una investigación de tal naturaleza”, sostuvo Hornos.• Por su parte el camarista Juan Carlos Gemignani consideró que “si verdaderamente la defensa pretende evitar dilaciones indebidas deberá, en primer lugar, elegir procedimientos legalmente pertinentes para expresar la defensa de su pupilo, y además plantearlas de manera tempestiva, esto es, en los términos que la ley procesal le impone para ello”.• “De otra manera, no podrá interpretarse su conducta sino como un proceder contrario a sus propias postulaciones, y lo que es peor, obstructivo a la verdadera reconstrucción histórica de los hechos objeto de juzgamiento”.• “Sin perjuicio de ello lleva razón sobre la urgencia que demanda la actuación de la ley penal, y de la trascendencia del tiempo sobre la pretensión punitiva, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos, razones que imponen recomendar tanto al instructor, como al representante del Ministerio Público, que deben extremar los esfuerzos para la mas pronta y cabal reconstrucción de todos los hechos de la causa, así como la imputación de los mismos a todos los eventuales responsables, en cabal acatamiento del mandato constitucional de seguridad-legalidad. Ninguna de las hipótesis para las que la excepción está prevista ha sido argumentada por la defensa, y ello impone sin más el rechazo del planteo”, agregó Gemignani.• También criticó el dictamen del fiscal ante Casación De Luca y aludió a “yerros” en que “incurre el representante de la vindicta pública, al afirmar que la excepción de falta de acción es camino válido” pero “además haciendo caso omiso a su propia responsabilidad, reclama se despeje la situación de incertidumbre” sobre los hechos y el derecho, postulando -como si resultara una pretensión coherente con sus consideraciones-, que se revoque la resolución recurrida y se despeje la situación de incertidumbre en que se encuentra el proceso seguido a Amado Boudou, dejando entrever, solapadamente, y como él mismo critica respecto de los jueces de la Cámara Federal, que no habría sólidos motivos para continuar con la investigación”.• Borinsky en su voto minoritario sostuvo que hay “falta de controversia” entre lo sostenido por la defensa de Boudou y la fiscalía ante la Cámara, ante lo cual debía hacerse lugar al planteo para reclamarle al juez del caso que precise de qué se lo está acusando.
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