Capitanich desligó a la Presidenta del proyecto antipiquetes

BUENOS AIRES (NA). El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró  que el proyecto de ley que busca regular las manifestaciones “no es una iniciativa del Poder Ejecutivo”, aunque reconoció que “hay una demanda y hartazgo de carácter social por la interrupción del tránsito” durante las protestas.“No es una iniciativa del Poder Ejecutivo regular los piquetes, es un tema de debate público y el ámbito es el Congreso de la Nación”, resaltó Capitanich en conferencia de prensa en la Casa Rosada.Si bien tomó distancia de la propuesta presentada por el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, el titular de ministros admitió el “hartazgo” de la sociedad por los cortes de calles y rutas.“Hay una demanda y hartazgo de carácter social por la interrupción del tránsito por un grupo reducido de personas que genera consecuencias tanto en el tránsito de la ciudad como en distintas rutas”, subrayó el funcionario, luego de que en marzo pasado la presidenta Cristina Kirchner hablara de la necesidad de sancionar “una norma de respeto y convivencia urbana”.En esa línea, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, estimó que sería “bienvenida una ley que aclare y estandarice” el procedimiento de las protestas que incluyen cortes de calles.Destacó que el Código Penal “es muy claro” sobre los piquetes, al tiempo que lamentó que “jueces digan que no es delito porque se dejan vías alternativas o porque en ese momento no pasaba ningún colectivo”.Con respecto a las manifestaciones, el secretario nacional señaló que “cuando el corte es la Panamericana, actúa la Justicia Federal y se trabaja muy bien”.“El tema es en la Ciudad, con la Justicia contravencional, porque muchos jueces de ese fuero no quieren asumir la responsabilidad”, señaló Berni.El debate sobre la cuestión se desató la semana pasada tras la presentación en la Cámara baja de un proyecto de Kunkel y otros diputados kirchneristas para regular las manifestaciones en la vía pública, a fin de evitar cortes totales que afecten la libre circulación y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.Con ese objetivo, la norma permite a las fuerzas de seguridad “dispersar” las “manifestaciones ilegítimas”, es decir, aquellas protestas que provoquen cortes totales.