Pese al contexto de fuertes tensiones, la política se tomó un descanso obligado por la celebración de la Semana Santa, y el fenómeno turístico que lo acompaña, que en el fin de semana largo generó un gasto total de 2.541 millones de pesos en compras y alojamiento; según informes del Ministerio de Turismo y la Cámara de la Mediana Empresa; resultado superior en un 5,5% al de 2013. En las Cataratas, el destino misionero más importante y niña mimada del gobernador Closs, que ha destinado recursos indefinidos a su promoción internacional; la afluencia de visitantes cayó un 27% respecto al año pasado ya que el Viernes Santo recibió 8.116 turistas, mientras que en 2012 se recibieron 11.089 turistas y en 2013 unos 11.421. La tendencia a la baja es atribuible a la desaceleración de la economía, pero también se puede ver como una señal sobre las limitaciones de la política VIP oficial, que apunta a captar un sector de alto poder adquisitivo; con también una consistente dilapidación de recursos, pero no termina de ofrecer alternativas consistentes al turismo masivo. En el regreso a la actividad, el Congreso Nacional será sede de un complejo debate debido al proyecto de “Ley de convivencia en manifestaciones públicas”, del diputado kirchnerista José Pedrini, firmado por otros diputados del bloque del FPV, entre ellos el histórico Carlos Kunkel; iniciativa que recogió una sugerencia de la presidenta de la Nación, Cristina Kircher; quien había pedido en su último discurso frente a la Asamblea Legislativa, un instrumento para poner coto a los abusos en las protestas que afectan el derecho a la libre circulación.El proyecto en sí mismo se asemeja en líneas generales a las reglamentaciones que existen en países europeos; donde es necesario pedir autorización con antelación para cualquier demostración callejera, y la policía se encarga de controlar la seguridad y el cumplimiento del recorrido previsto; pese a lo cual, tras su presentación pocos captaron el espíritu “primermundista” y la norma recibió más críticas que apoyos. El periodista Horacio Verbitski, del CELS, cercano al kirchnerismo, fue uno de los primeros que salió a cuestionar la polémica propuesta reglamentarista, a la que calificó como “un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”. El proyecto tampoco cayó bien en el espectro de asociaciones piqueteras aliadas al gobierno; en tanto entre las organizaciones sociales y movimientos políticos del progresismo, predomina la opinión de que el innecesario instrumento legal abre las puertas definitivamente a la represión de la protesta social. En Misiones, las críticas de las organizaciones no se hicieron esperar, habida cuenta de que el Ministerio de Gobierno ha sido pionero en el país en aplicar la línea dura de criminalización de la protesta. El dirigente de ATE, Juan Passaman, definió el dilema: “El piquete no es el conflicto sino la manifestación del conflicto, hay que invertir la discusión para solucionar los problemas”. Los pormenores del proyecto de ley, que la bancada oficialista anunció que no aprobaría en solitario y estaría dispuesta a modificar, no serían, se estima, el único eje de la disputa, que apuntaría en gran medida al duro enfrentamiento con los sectores del sindicalismo opositor. Por otra parte, al Gobierno le preocuparía el tramo final de la paritarias; ya que pese a que logró negociar con un sector importante del gremialismo aumentos no mayores al 30%; se le haría cuesta arriba encorsetar en ese porcentaje las paritarias que restan; entre ellas con el gremio de la Alimentación que pide 39% de aumento, y Aceiteros, que reclama un 45% de incremento salarial. En este marco, el gobierno hace malabares para restablecer la ecuación financiera, buscando reabrir definitivamente el ingreso a los mercados internacionales de crédito, con la intención de mantener en pie la economía de aquí a las elecciones de 2015; fecha que ya se instaló en el centro del imaginario político. Así lo entiende la conformación del Frente Amplio Unen (FAU) que se presentará este martes con bombos y platillos y que no descarta, según declaraban estos días algunos dirigentes de fuste del radicalismo, una eventual alianza “en segunda vuelta” con el PRO de Mauricio Macri.Ambiciones cruzadasLas cada vez más claras señales de acuerdo con el macrismo repercuten a nivel provincial, explicando los últimos y urticantes episodios de tensiones internas en la UCR misionera; donde las idas y venidas del titular del Comité Provincia, Hernán Damiani -enfrentadas principalmente por el navarrismo nucleado en la línea Vanguardia- sorprendieron a tirios y troyanos. La posibilidad de desplazar al kirchnerismo del poder en una segunda vuelta o ballottage explican el agitado panorama ucerreísta, como también los amagues de resurrección y las tensiones internas que despuntan en el aparato del PJ local, convenientemente adormecido a conveniencia de una desacreditada dirigencia desde hace años. En tanto, el Gobierno provincial deberá cerrar también lo que resta de las paritarias en el sector público, a partir del próximo 1 de mayo, aunque la posibilidad de rescatar rédito electoral de ello aparece lejana, toda vez que el gobernador – a pesar de sus esfuerzos discursivos- se sigue definiendo por una política de ajuste en el gasto de los recursos públicos que no tiene en cuenta las justas aspiraciones de los empelados del estado a una justa remuneración.Según versiones que circulan en ámbitos tribunalicios, el Ejecutivo ya habría decidido otorgar un aumento no remunerativo y escalonado a los judiciales, dividido en un 17% en abril que se efectivizará con los sueldos de mayo y un 11% para julio, a pagar en agosto ( sólo tres meses de fin de año). Al inclinarse por un aumento no remunerativo, el Estado misionero opta por un procedimiento calificado como inconstitucional por una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. E inconstitucional por una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El medido incremento, obviamente, difícilmente pueda disipar el descontento que impera entre los empleados judiciales respecto a la cuestión salarial.A la defensiva Por fuera de esta problemática en la que el gobernador parece no tener muy claras las miras, en el gobierno crece la preocupación por dar un corte a las repercusiones del reciente accidente en e
l arroyo Acaraguá, que provocó la muerte de dos personas -entre ellas un bebé de meses- y de numerosos heridos. La evidente responsabilidad que le cabe al titular de Vialidad provincial, Julio Duarte, y eventualmente a técnicos de ese organismo, surge naturalmente de la forma en que se produjeron los hechos. Para una mirada imparcial es obvio que detrás de los daños estructurales en el viaducto debe haber una gestión deficiente de larga data del organismo oficial, algo grave de por sí. Más mal parada aún se ve la DPV por la intempestiva decisión de su titular, de firmar una resolución habilitando el paso a vehículos de carga transportando un número elevado de toneladas días antes del accidente; y conociendo el estado del puente. El titular de Vialidad, sin embargo, no asumió ninguna responsabilidad en los hechos, mientras que el Gobierno se abstuvo de iniciar una investigación a fondo, aparentemente paralizado por consideraciones políticas.Descartado el paso al constado, en círculos de la renovación no se descarta, empero, que Closs se recupere de la inactividad inicial y le pida la renuncia a Duarte, dirigente que, por añadidura, hace tiempo que cotiza a la baja en la interna oficialista. El desplazamiento del funcionario, no obstante, pondría al gobierno renovador en contradicción con una de sus reglas no escritas -probablemente producto de un conservador sentido de la autoridad- que lo obliga a sostener a los funcionarios más allá de que las circunstancias exijan una drástica remoción.
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