BUENOS AIRES (NA). La Fiscalía Nacional en lo Correccional N°7 aclaró que Ricardo Serafín Montivero, apoderado del juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, fue sobreseído en 2013 en la causa por los prostíbulos y no recientemente. En una nota en la que alerta sobre “inexactitudes en las notas periodísticas sobre el sobreseimiento del apoderado de Zaffaroni” publicadas esta semana, la Fiscalía se refirió a la causa por una supuesta violación a la ley de profilaxis, tras una denuncia formulada en 2009 por distintas organizaciones, entre ellas La Alameda, dedicada a combatir la trata de personas.Estas organizaciones denunciaron que se ejercía la prostitución en alrededor de 50 propiedades ubicadas en Capital Federal, y seis de ellas pertenecían al juez Zaffaroni.“Zaffaroni había otorgado a Ricardo Serafín Montivero un poder para llevar adelante la administración de los departamentos de su propiedad, siendo esto además corroborado por varios testimonios”, señaló la Fiscalía en el comunicado. Indicó, al respecto, que “se convocó a prestar declaración indagatoria a Angélica Duarte, Gabriel Vignola, Carlos Quintana Loureiro, Montivero y Marcia González (falleció el 22 de julio de 2012) por el delito de regenteo” y que esto ocurrió el 7 de diciembre de 2012.“Al encontrarse los imputados notificados de las acusaciones se acogieron al pago mínimo de multa según lo previsto en el artículo 64 del Código Penal y requirieron que se extinga la acción penal, lo que tuvo favorable acogida en tanto ninguno de ellos tenía antecedentes penales, derecho éste que poseen quienes se encuentran imputados en casos como el presente”, explicó la Fiscalía. En este sentido, señaló que “la situación procesal de Montivero se resolvió el 14 de marzo de 2013”, es decir ya hace un año y no el lunes pasado, como se publicó en notas periodísticas.Las publicaciones indicaban que el juez de instrucción Carlos Manuel Bruniard había declarado extinguida la acción penal y sobreseído a Montivero en una resolución firmada el pasado lunes, fundamentando su decisión en que el apoderado había pagado 12 mil pesos, el mínimo de la multa para este tipo de delitos, y como no tenía antecedentes penales le correspondía el sobreseimiento.Como el fiscal correccional Justo Rovira no apeló, el cierre definitivo de la causa por este escándalo desatado en el 2009 quedó firme.
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