ASUNCIÓN, Paraguay (Agencias y diarios digitales). Sindicalistas y campesinos paralizaron ayer el centro de Asunción con una huelga y una marcha contra la política económica del presidente Horacio Cartes, una protesta que obliga al mandatario conservador a afinar la relación con sus críticos para seguir gobernando con tranquilidad.La huelga coincidió con una marcha que los campesinos organizan cada año desde hace dos décadas en la capital paraguaya, lo que aumentó la expectativa respecto al número de manifestantes y a la posibilidad de desbordes o enfrentamientos con la policía.La medida de fuerza fue convocada en rechazo a la política de Cartes, con demandas que van desde un ajuste del salario mínimo de 25% -mayor al recientemente decretado de 10%- al cese de las fumigaciones en las plantaciones de soja, el principal cultivo de exportación del país.“Este Gobierno está excluyendo a la gente más pobre, que no tiene oportunidad. Estamos alzando la voz en contra de un Gobierno que nos deja fuera del sistema de educación, salud y servicios públicos”, dijo a Reuters Israel Pedrozo, un joven que participaba en uno de los piquetes callejeros.Miles de campesinos llegaron a la capital para marchar por Asunción, y representantes de sindicatos y organizaciones sociales se congregaron en varios puntos de la ciudad para interrumpir esporádicamente el tránsito bajo una fuerte custodia policial.La protesta transcurrió sin incidentes, con las calles del centro de la capital y los barrios adyacentes casi desiertas y las escuelas y la mayoría de los comercios cerrados. El transporte público prácticamente dejó de funcionar y los hospitales sólo atendían emergencias.Entre los pedidos de los manifestantes también figuró un control de precios en un escenario económico de creciente inflación y la derogación de una polémica ley impulsada por Cartes que autoriza las alianzas público-privadas para obras de infraestructura y servicios.Los sindicatos acusan al gobernante, un empresario sin pasado político que asumió la presidencia hace menos de un año, de abrir las puertas a las privatizaciones.“Mi gobierno reconoce la legitimidad de la mayoría de los reclamos, que son postergaciones históricas (…) aseguro al pueblo que nuestro mejor empeño está puesto en responder positivamente sus justas demandas”, dijo Cartes en un mensaje al país.El presidente anunció la creación de una mesa de diálogo encabezada por el vicepresidente Juan Afara para negociar con los dirigentes sindicales, lo que marcó un giro en su postura inicial en la que se mostró reacio a cualquier acercamiento.La huelga fue apoyada por los principales partidos de la oposición, que hasta ahora habían respaldado mayormente a Cartes en la aprobación de leyes consideradas clave para su administración.“Evidentemente el escenario ha cambiado y eso para nosotros es favorable porque es lo que estamos buscando, que se instale una mesa de diálogo para poder tratar los problemas”, dijo el líder sindicalista Aldo Snead.La huelga comenzó en la medianoche con un acto artístico en la céntrica Plaza de la Democracia, y desde tempranas horas los participantes se concentraron en los puntos previstos desde donde marcharon hacia el centro, con gran caos para la circulación de vehículos.Escasos vehículos del transporte público transitaron por la ciudad, todos estrictamente controlados por las autoridades a pedido de los huelguistas, para que los empresarios transportistas no utilicen “choferes sustitutos” a los que se plegaron a la huelga, prohibido por la ley.La huelga fue apoyada por los partidos Liberal (el principal de la oposición) y el Frente Guasu (grande, en guaraní) del ex presidente y hoy senador nacional Fernando Lugo.El senador liberal Luis Wagner dijo que “esta es la manifestación de protesta social más importante de los últimos tiempos”, e invitó al presidente Cartes “a no cerrarse y escuchar los reclamos populares”.Uno de los principales reclamos precisamente va contra la ley emblema que consiguió hacer aprobar en el Congreso el presidente Cartes, la de “alianza público-privada”, para encarar la realización de obras públicas, varias de las cuales ya están en proyecto.Los trabajadores estatales consideran que bajo esta ley se privatizarán las empresas públicas, lo que rechazan enfáticamente.Admisión de culpaDe su lado, Cartes expresó que lamenta el estado actual en que trabaja gran parte del sector obrero, ya sea del ámbito privado o público, donde una porción importante no accede al salario mínimo y no cuenta con la seguridad social para realizar su labor diaria.
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