Parar la olla

La visita del titular de YPF Miguel Galluccio, el ministro Axel Kicillof y el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia,  Carlos Zannini, al plenario de las comisiones de Presupuesto y Energía del Senado dio lugar a cuestionamientos de la oposición centrados más que nada en el monto de la indemnización a pagar a la española Repsol por la expropiación; pero permitió, a su vez, entrever que el Gobierno; además de avanzar hacia la aprobación legislativa del acuerdo,  rema con viento a favor en su proyecto de recuperación de la petrolera estatal.Kicillof, responsable de la estrategia de renacionalización de YPF, se adjudicó otro punto a favor  con la decisión del Club de París – en respuesta a una presentación del ministro-  de convocar a la Argentina a iniciar negociaciones formales en el mes de mayo  respecto a la deuda  de unos 9.500 millones de dólares, entre capital e intereses;  que mantiene la Argentina con ese organismo desde el año 2001. Hasta aquí, dos hechos que apuntan a dar un respiro al gobierno kirchnerista. Sin embargo, a medida que se pasa de la macroeconomía a la realidad de todos los días, el oxígeno se le reduce abruptamente a un gobierno que no logra poner paños fríos a la escalada de precios, ni a los reclamos sociales, especialmente de los docentes, quienes mantienen en alto la demanda de un salario digno y -por ello- desistieron de iniciar las clases en varias provincias. La caída del poder de compra del salario, producto de la inflación, la devaluación del tipo de cambio y otras variables que el kirchnerismo no consiguió domesticar en una década de vigencia del modelo productivo, conforman un cuello de botella difícil de resolver  en medio de un anunciado cambio de guardia -de aquí a las presidenciales de 2015- que condiciona los movimientos en la arena política. La caída de la actividad industrial y los problemas de las economías regionales – “muy golpeadas”, según expresó el titular de la UIA, Héctor Méndez- , junto al inicio de unas más que inciertas negociaciones paritarias; son otros tantos síntomas de incertidumbre hacia adelante. Mañana, mientras la presidenta, Cristina Kirchner, se entreviste a “agenda abierta” con el Papa Francisco en Roma, el secretario de Comercio, Augusto Costa, informará sobre el índice de inflación de febrero, el segundo desde la reformulación del sistema de medición del Indec.  Costa se cubrió, anticipadamente, ante una suba que sería importante respecto al 3,7% del mes anterior,  al advertir que los datos del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) de febrero  reflejarán el impacto de la corrida financiera y la devaluación, en el marco de las cuales -dijo- “hubo en muchos sectores un movimiento de precios desproporcionado, en un ambiente de presagios de una devaluación de hasta 15 pesos por dólar”. Aunque el argumento sea válido, el Gobierno no termina de entender que al ciudadano común  no lo desvela saber si la tendencia inflacionaria es producto de la descontrolada emisión monetaria o las remarcaciones non sanctas de los comerciantes; para el ciudadano de a  pie, en particular el trabajador asalariado, lo que vale es -como se suele decir- parar la olla.  Respuesta represivaEn este marco, en la provincia  el gobierno del Frente Renovador se adelantó a tratar de resolver “manu militari” la problemática salarial en el sector público, desnudando la indigencia política oficial frente a una coyuntura que se define por la necesidad de una recomposición salarial acorde al fuerte aumento operado en el costo de vida. El ministro de Educación, el ingeniero Luis Jacobo, dio la nota al afirmar esta semana que no entiende “de qué hablan” los docentes en huelga, frase curiosa si las hay viniendo de quien tiene la responsabilidad de atender las necesidades del sector. La frivolidad del ministro refleja la política oficial de canalizar las negociaciones salariales con los docentes por la única vía de la dirigente sindical y diputada oficialista “Marilú” Leverberg, una estrategia desbordada por las bases docentes, a las que el gobierno trata de disuadir con a una “política del garrote” que  profundiza el conflicto.  Los docentes representados por el Movimiento Pedagógico de Liberación, que protestan en la  ruta 12 desde hace un mes,  los más radicalizados e intransigentes en la lucha salarial, fueron objeto de fuertes medidas represivas  en los últimos días,  con  abusos como la detención del dirigente Rubén Ortiz, sin orden judicial en una evidente operación intimidatoria.  “No se puede dialogar con el GOE y la infantería pegando a mujeres, tirando gas pimienta y agrediendo a trabajadores; no puede funcionar un Estado democrático con un grupo de operaciones especiales ”, remarcó Ortiz en la asamblea realizada este viernes en  Montecarlo, donde los maestros pidieron  “el cese inmediato de la militarización y la criminalización de la protesta”.  No es la primera vez que el ministro de Gobierno, Jorge Franco, manda al GOE a resolver los conflictos sociales, desde la represión cerca del puente sobre el arroyo Garupá, el 5 de marzo pasado, la franca política represiva que se impulsa desde el ministerio político  tiende a alterar el clima social en la provincia, donde el reclamo de los docentes tiene un amplio nivel de aceptación social. Pese a ello, las manifestaciones y protestas ganan terreno en Misiones, incluyendo a Posadas, donde convergen con el fuerte descontento de otros sectores, entre ellos el comercio y los empelados públicos.  La designación de Ricardo Welbach como subsecretario de Gobierno, en tanto, más que un apoyo mostró el hilo de una interna oficialista que no cede, ya que la jugada se entendió como la introducción de un comisario político ultrarrovirista en el entorno de un ministro de extrema confianza de Closs. Tensiones radicalesMientras en el oficialismo la preocupación más apremiante pasa por encontrar una salida al conflicto docente con el menor costo político posible, algo que parece cada vez más difícil en tanto los policías del GOE sean los interlocutores, en el radicalismo las tensiones internas se acrecientan por las ambiciones personales de la dirigencia; exacerbadas por las expectativas que despiertan los comicios de 2015.  Los análisis de una presunta recuperación electoral basados en la performance de las últimas elecciones, pero también de cara a un pronosticado retroceso del kirchnerismo, y por ende del Frente Renovador, en los pró
ximos comicios, parece obrar en contra del centenario partido, en donde se multiplican los candidatos a gobernador y no termina de despuntar una estrategia política partidaria. En este contexto se inscribe la pelea entre el diputado provincial Gustavo González y su correligionario nacional Luis Pastori, quienes intercambiaron duras acusaciones públicas, como la de falsear el monto de los aportes al partido -que hizo González a Pastori con los recibos de sueldo en la mano- o la  respuesta de éste, sacando a relucir la relación del eldoradense con una empresa radicada en Eldorado, vinculada al oficialismo. El clima enrarecido que se respira en el centenario partido incluyó un intento del titular del Comité Provincia, Hernán Damiani, de boicotear la realización de las internas que ese mismo órgano partidario había convocado.  Para tal fin, convocó personalmente a la Convención, aunque la convocatoria no sería válida y, en cambio, sí la llamada a elecciones internas para el 18 de mayo próximo.La reacción personalista de Damiani reflejaría no sólo las peleas por las candidaturas, sino la intención del sector mayoritario, nucleado hoy en la llamada Mesa de Capioví, de rehuir a un debate abierto e institucionalizado, en el marco partidario, respecto a las aspiraciones de algunos dirigentes de replicar a nivel provincial la estrategia frentista nacional; incluyendo a los contactos con el macrismo. Del otro lado, el sector que responde a la Línea Vanguardia buscaría llevar el debate a la convención y apostar a una definición provincial de las metas y tácticas partidarias.