BUENOS AIRES (NA). El suspendido fiscal penal José María Campagnoli se quejó ayer del traslado de su equipo de colaboradores a un archivo judicial y sostuvo que esta decisión es “indignante y preocupante” y la calificó de “persecución”. “La verdad es que es muy preocupante e indignante a la vez este atropello, que sin duda es un acto en mi contra y una persecución a mis colaboradores”, dijo Campagnoli en una entrevista que le concedió al canal de cable Todo Noticias (TN).El fiscal respondió de esta manera a una publicación del diario Clarín, según la cual como consecuencia de la decisión de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de impulsar su suspensión, este lunes se ordenó el traslado de su equipo de investigadores al archivo de la fiscalía.La decisión de traslado, sin embargo, no es atribuida a Gils Carbó, jefa de los fiscales federales, y tampoco hay una orden escrita al respecto.“No hay ninguna orden escrita. Todo está manejándose, como quien dice, de palabra. Bajo mi órbita están esas dos dependencias, la Dirección General de Archivo y la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE)”, dijo Campagnoli, suspendido el jueves 12 de diciembre pasado por presunto “mal desempeño” en una causa en la que investigaba al empresario Lázaro Báez, acusado de beneficiarse de sobreprecios de obra pública.En la SIPE, dependencia en la cual se investigan los contratos de Báez y sus conexiones con el Gobierno, en el marco de una supuesta red de lavado de dinero, trabajan investigadores judiciales de carrera, a los que Campagnoli aludió este lunes como personal de “calidad invalorable”.“Los van a mandar a una especie de sótano, en vez de mantenerlos en ese edificio donde pueden desarrollar su trabajo normalmente”, se quejó Campagnoli y calificó a sus colaboradores de “gente muy preparada, con una nota impecable, tanto en la Facultad de Derecho, como en los concursos en los que participaron”.“Se trata de Ignacio Rodríguez Varela y Guido Sassoli, que tienen una capacidad de trabajo a toda prueba. Trabajan desde hace mucho tiempo conmigo, están muy preparados y son muy valientes. Y a partir de mañana estarán archivando papeles administrativos en alguna oficinita del centro”, insistió Campagnoli.El suspendido fiscal declaró su confianza en que “el gremio de judiciales, con Julio Piumato”, intervendrá en contra del traslado porque “se trata del trabajo de empleados” y se quejó de que éstos están sufriendo “un hostigamiento permanente” por lo que “escriben en Twitter o en Facebook”.“Parece un totalitarismo, no lo puedo creer”, expresó Campagnoli.Denuncian intimidacionesReferentes de la oposición cuestionaron ayer el traslado del equipo de colaboradores del suspendido fiscal José Campagnoli y la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) denunció penalmente por “extorsión y amenazas” a la fiscal coadyuvante Cristina Caamaño.Carrió y su par Fernando Sánchez denunciaron en Tribunales que el pasado lunes 2 de febrero la fiscal Caamaño “desembarcó en la fiscalía de Saavedra e interrogó a cada uno de los empleados que trabajaron con el doctor Campagnoli, mientras un prosecretario de su fiscalía, Pablo Becerra, tomaba nota de las respuestas en una computadora portátil”.En la presentación, reclamaron que se investigue si durante estos interrogatorios los empleados, jóvenes de alrededor de 25 años, “fueron amenazados por sus publicaciones en las redes sociales con motivo de la suspensión del fiscal Campagnoli” y si se les hizo saber “que podrían perder sus trabajos” por dicha actividad en Facebook y Twitter.“Según los hechos que hemos conocido, las amenazas fueron de alto tenor invocándose el nombre de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como quien tenía el poder para cumplir con las amenazas de quienes los interrogaban. Estamos ante una fiscal que utiliza el manual del fascismo, que extorsiona e intimida a los trabajadores de la fiscalía, que los espía e interroga y los persigue por razones políticas”, manifestaron los diputados nacionales de la CC-ARI.En tanto, el diputado nacional Federico Pinedo (PRO) calificó de “vergüenza” al hecho y aseguró que “es lamentable que haya sectores oficialistas en la Justicia que, en lugar de defender a la gente de los delincuentes, se dedican a proteger a sus amigos y a quienes están en el poder”.Y agregó que “una vez más, el Gobierno utiliza su maquinaria para perseguir a los fiscales y empleados que cumplen con su deber”, por lo cual consideró a la situación como “el mundo del revés”.Por su parte, el integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi manifestó que la situación que vive Campagnoli es “un nuevo ataque al sistema judicial por parte del kirchnerismo”, al tiempo que aseguró que este “va a ser un año durísimo, especialmente para el sistema judicial, con el que el Gobierno ha vivido y vivirá peleado”.“El Gobierno ha enviado un mensaje muy claro: se persigue a los fiscales y también a sus empleados”, consideró el representante de los abogados porteños en el órgano jurídico, y agregó que hay “que estar cada día más firmes para asegurar la estabilidad. Así los fiscales y los jueces pueden investigar con libertad y aplicar las leyes con el máximo rigor, que para eso están”.
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