BUENOS AIRES (NA). La Justicia evalúa el pedido de procesamiento que un grupo de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó contra el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y todo su Gabinete, a raíz de la brutal represión de abril pasado en el Hospital Borda contra médicos, periodistas y residentes.El pedido fue presentado a fines de diciembre pasado y ahora, tras el receso de la feria judicial, la Cámara del Crimen analizará el planteo, que incluye a Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; la vicejefa María Eugenia Vidal; su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; y el titular de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, entre otros funcionarios y policías de la Metropolitana, incluido su jefe, Horacio Giménez.En diciembre todos habían sido sobreseídos por el juez de instrucción Jorge Adolfo López, tras lo cual los abogados Lucas Arakaki y Martín Alderete, en representación de agrupados en ATE que recibieron balas de goma y los maltratos en la represión de la Metropolitana, apelaron la medida.Pero sobre los funcionarios el juez no concedió la apelación, por lo que los abogados de ATE interpusieron lo que se llama una queja, con lo cual ahora todo está a estudio de la Cámara del Crimen.Al determinar las responsabilidades del caso, el juez López cargó todo en Martín Jorge Roth, comisionado de la Metropolitana, y quien fuera señalado por testigos y las imágenes como uno de los que protagonizó la brutal represión.La querella acusó a Chain de desconocer una medida cautelar que impedía realizar reformas sobre el área en donde funciona un taller en el hospital Borda, para llevar a cabo su emprendimiento “Nuevo Distrito Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.“Conforme consta en las declaraciones testimoniales los más de 400 policías (grupos especiales, ambulancias SAME, carros hidrantes) que se destinaron a una simple custodia de los bienes de la empresa contratista y trabajadores, se prepararon a las 4.30 horas e ingresaron al predio al predio en horario no laboral, por la puerta trasera del Hospital, con un claro fin de ocultamiento de llevar adelante un hecho ilícito, más tarde consumado. Sino, carece de razón de ser semejante despliegue con estas características”, apuntó la querella en la apelación.En cuanto a Macri y su Gabinete, la querella consideró que el juez los sobreseyó “sin dar mayores explicaciones” y sin realizar alguna medida para determinar si ellos pudieron haber evitado el hecho.“El sobreseimiento dictado luce como prematuro e innecesario, porque la investigación penal preparatoria no se encuentra terminada, no se ha tomado medida alguna para establecer el grado de conocimiento y participación que podrían haber tenido los funcionarios imputados en relación a los hechos”, agregó la querella.Además, recalcó en que la situación fue de “una magnitud política relevante”, y que la represión fue “abierta, salvaje e indiscriminada, transmitida en vivo por casi todos los medios informativos televisivos y radiales”. “Se dejó hacer al personal policial durante seis horas, con la consiguiente consecuencia de heridos y apaleados por la fuerza policial”, por lo que “emerge indubitable la posible responsabilidad de los funcionarios políticos”, agregó.Así, pidió “profundizar la investigación en relación a los funcionarios políticos mencionados, revocando el infundado y prematuro sobreseimiento, a fin de que estos hechos graves no queden impunes, ni se responsabilice exclusivamente a los últimos eslabones de la cadena”.
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