MADRID, España (AFP-NA). La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, declara hoy como imputada por fraude fiscal ante un juez de Baleares, que con su espectacular convocación hizo temblar a la monarquía española. En el despacho del juez José Castro, sentada frente al retrato de su padre Juan Carlos, colgado en la pared, la menor de las hijas del rey de España deberá explicar si pudo cooperar en los hechos que se imputan a su marido, Iñaki Urdangarin, antiguo medallista olímpico de balonmano, de 46 años, sospechoso de haber desviado fondos públicos. El magistrado, tras meses de trabajo, emitió el 7 de enero un auto de 227 páginas en el que convocó a Cristina a declarar. Su imputación cayó como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es intocable. A sus 76 años, tras 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera. El catastrófico deterioro de su imagen se inició hace dos años con el “caso Urdangarin” y se agravó con una costosa escapada real a Bosuana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España golpeada por la crisis. Las disculpas presentadas entonces al país y el alejamiento de Cristina y su esposo de las actividades oficiales de la familia real han conseguido encauzar el problema y ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la esperanza de la monarquía. A lo largo de los meses, la investigación ha ido cerrando el círculo en torno a Cristina, mientras la Casa Real, empantanada en el escándalo, admite querer acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de “martirio”. El caso Nóos, la empresa que presidía Urdangarin, “ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa”, por ser la primera vez que un miembro de la familia real “tiene que dar cuentas ante la Justicia”, explica Ana Romero, corresponsal del diario El Mundo en la Casa Real. “El hecho de que fuera desimputada o que la (primera) imputación no siguiera su curso porque fue parada por el fiscal, provocó en los españoles un rechazo generalizado”, añade. En efecto, en la primavera boreal de 2013 una primera imputación había sido anulada a petición de la fiscalía. El juez se orientó entonces hacia unas sospechas de fraude fiscal y blanqueo, que la infanta habría cometido a través de Aizoon, una sociedad en la que tiene el 50% de participaciones con su esposo. Aizoon habría sido una de las empresas pantalla usadas para el desvío de 6,1 millones de euros, del que es sospechoso Urdangarin, junto con un socio, vía la fundación Nóos, una empresa sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006. Cristina formaba parte de su dirección. “Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa”, escribió el juez Castro. Pero para la fiscalía “es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros”, a partir del cual se considera delito en España. Examinada en profundidad por el magistrado, la contabilidad de Aizoon deja a la vista desde 2004 gastos dedicados a la renovación de la residencia familiar por 436.703,87 euros, o de orden privado por 262.120,87 euros, que no habrían sido declaradas. El juez hace un detallado inventario de los gastos personales facturados a Aizoon, algunos anecdóticos, como una “factura de julio de 2009 por la compra de una vajilla (…) por importe de 1.741,55 euros, (…) y de cuya conexión con las actividades de Aizoon SL que fue quien la abonó y recepcionó (…) no resultará fácil convencer”. O también “un curso de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar” y la “contratación de un coktail para 81 personas (…) al parecer para celebrar el nacimiento de una de las hijas del matrimonio”. Estas fiestas tuvieron lugar en el palacete de Pedralbes, comprado por Cristina y su esposo en 2004 en el mejor barrio de Barcelona y puesto a la venta por 9,8 millones de euros. La declaración de la infanta debería constituir el último episodio de la instrucción abierta en 2010: el juez Castro podrá decidir entonces si el “caso Nóos” desemboca en juicio oral o no.
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