ENTRE RÍOS, NEUQUÉN, CÓRDOBA Y CORRIENTES (Agencias y diarios digitales). Pese a la renegociación de las deudas provinciales con la Nación, algunos distritos comienzan a lanzar señales de alerta apenas iniciado el año.Del fantasma de las cuasimonedas en Corrientes a las protestas policiales por mejores salarios, los gobernadores arrancan un 2014 con múltiples desafíos financieros de cara un lejano balance 2015.Marcha atrás con los aumentosBajo el pretexto de que fueron logrados bajo presión y con el aval de un fallo judicial el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, dio marcha atrás con el aumento salarial a la Policía provincial, por lo que podrían retornar las protestas de los efectivos que se autoacuartelaron en diciembre.El mandatario provincial basó su decisión en el análisis del procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, quien consideró que el acuerdo es “nulo e ilegítimo” y que fue “arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición”.A pesar de la anulación del acta que había incrementado el salario a 8.434 pesos de bolsillo, la fuerza entrerriana tendría un aumento, pero sería una decisión del Gobierno y no producto de una discusión entre las partes, a diferencia del resto de los sectores.Ante la anulación del incremento salarial, los denominados “policías autoconvocados” se manifestaron durante la tarde del viernes en la plaza de Concordia y enviaron un escrito a Urribarri en el que solicitaron “urgente una mesa de negociación directa” con “representación directa” que los efectivos elijan.“Que se cumpla el convenio firmado por usted ya que legalmente se encuentra vigente en todas sus partes”, agregó la misiva publicada por el diario El Argentino.Para concluir el pedido, los efectivos instaron al mandatario a que “piense en el bienestar de la sociedad que es la más perjudicada por su incumplimiento”.El gobernador de Entre Ríos siguió así los pasos de su par chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien el 23 de diciembre sostuvo que cualquier acuerdo firmado “bajo presión es nulo”.“Cualquier acuerdo firmado bajo presión de armas es nulo, dice la Constitución”, se había justificado el mandatario del Chaco, quien había sido respaldado por su antecesor y actual jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich.La suba otorgada durante las protestas de diciembre había dejado en 8.000 pesos el salario mínimo, pero con el desconocimiento del acuerdo finalmente quedó en 6.000 pesos.2014 sin designacionesEl gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, suspendió las designaciones de personal y parte de las contrataciones de la Provincia durante todo 2014, en tanto que la Policía local desalojó un piquete a una refinería de petróleo protagonizado por el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denunció que se registraron heridos de balas de goma entre los manifestantes.La decisión de Sapag se plasmó en el Decreto 2.585/13, del 30 de diciembre de 2013, que argumenta que “resulta conveniente mantener las medidas de austeridad, racionalidad y lineamientos de gestión destinados a una mejor aplicación del gasto público”.Desde el Ejecutivo provincial plantearon que es necesario poner tope a las contrataciones y designaciones para no aumentar la presión sobre el presupuesto provincial, de 17.422 millones de pesos.El decreto reeditó una medida que la Provincia viene aplicando desde 2011, en tanto que las contrataciones de personal realizadas se plantean como “excepción”.Fuera de la norma quedó la Subsecretaría de Salud, “al solo efecto de autorizar (…) bajas, prórrogas y las designaciones de los reemplazos correspondientes del personal mensualizado, cuando las necesidades del servicio lo requieran”, aunque no un cupo mayor a “397 agentes mensualizados”.El artículo cuatro del texto limita los alquileres de vehículos e inmuebles a las renovaciones y reemplazos de los existentes, “cuya necesidad deberá ser fundada mediante informe suscripto por el ministro del área” pertinente.“Resulta conveniente mantener las medidas de austeridad y racionalidad” para una “mejor aplicación del gasto público”, argumentó el decreto.La norma se conoció ayer, en momentos en que la Policía provincial desalojó un piquete que ATE Salud realizó durante siete horas en la refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Plaza Huincul.La medida de fuerza impidió que salieran de la planta unos setenta camiones de la petrolera.La compañía adelantó que por la acción podrían registrarse hoy faltantes de combustible en el Alto Valle, en Río Negro y Neuquén, y posiblemente en Chubut.El desalojo de los manifestantes fue repudiado por el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, quien se quejó de que “la única respuesta que tiene el Gobierno de Sapag frente al justo reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras de la salud es represión, gases y balas de goma”.“Está claro que el Gobierno del Movimiento Popular Neuquino, aliado del kirchnerismo, usa la Policía, la misma a la cual en tres días de amotinamiento le dio un aumento de 10.000 pesos al inicial, para reprimir a los trabajadores que reclaman desde hace semanas por un aumento de sueldo acorde a la canasta familiar”, señaló el legislador nacional.El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, dijo que producto del desalojo policial hubo heridos de bala de goma.El Gobierno, a través del ministro de Coordinación, Gabriel Gastaminza, afirmó que “se iniciarán sumarios” a quienes realizaron el bloqueo, y adelantó que se denunciará ante la Justicia a los manifestantes.Reacomodar para pagarEl ministro de Finanzas cordobés, Ángel Elettore, rechazó “de plano” la posibilidad de que la provincia analice emitir “cuasimonedas”.“Rechazamos de plano esa versión; Córdoba no analizó bajo ningún punto de vista emitir cuasimoneda”, enfatizó Elettore, quien aseguró que la gestión de José Manuel de la Sota está “muy lejos” de aplicar medidas de ese tipo.El funcionario advirtió en declaraciones a una radio local: “Muy lejos estamos de emitir una cuasimoneda; Córdoba, con la recaudación, ha podido funcionar, y con la coparticipación, afrontando los gastos, los pagos a proveedores”.Elettore confirmó que se reprogramó el pago de una d
euda con contratistas de obra pública, aunque explicó que la situación estaba “programada”.“Teníamos que hacer en el 2014 la reprogramación de la deuda pero no es nuevo, los contratistas lo saben. Estaba financieramente programado”, precisó.Además, indicó: “Nosotros estamos trabajando ahora en la reprogramación, financiar de todo lo que va a ser 2014 y allí vamos a terminar de sacarnos todas las dudas en cuanto al funcionamiento de cada estamento del Estado, eso se define el primer trimestre del año”.Por otra parte, aseguró que el gobernador De la Sota y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, “se hablan todos los días, por teléfono, mail o mensajes de texto”.A su vez, el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, sostuvo que el gobierno cordobés pagan “salarios y jubilaciones en tiempo y forma, se mantienen trabajos en seis autovías y hay superávit fiscal”.El Gobierno cordobés salió de esa forma al cruce de versiones que indicaban que analizaba emitir bonos a modo de “cuasimonedas”; incluso un matutino porteño publicó que se iban a llamar “Bustos”.Problemas a futuroEl gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, confirmó en las últimas horas que con el acuerdo que las provincias firmaron con la Nación para refinanciar sus deudas, la posibilidad de que se emita cuasimoneda quedó “stand by”. Con todo, Colombi advirtió: “Vamos a tener inconvenientes para hacer frente a los salarios (de los empleados públicos), sin ninguna duda, si no se pone coto a la inflación”. Detalles del acuerdo Provincias-NaciónEl Gobierno oficializó los detalles del acuerdo de refinanciación de deudas provinciales con la Nación, suscripto en la Casa Rosada a fines de 2013.El convenio busca reestructurar deudas originadas en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas y de Asistencia Financiera correspondientes a 2010, 2011, 2012 y 2013.Las condiciones de reembolso fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de la resolución 36/2013 del Ministerio de Economía, firmada por el titular de la cartera, Axel Kicillof.Allí se establece un plazo de gracia para el pago de los intereses y la amortización hasta el 31 de marzo.En cuanto a la amortización del capital, se resolvió que “se efectuará en 200 cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al 0,495% y una última cuota equivalente al 1% del capital”.En tanto, añade la resolución, los intereses “se capitalizarán hasta el 31 de marzo de 2014 y serán pagaderos mensualmente, siendo la tasa de interés aplicable del 6% nominal anual”.Asimismo, la normativa publicada el viernes determina que “los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos mediante la retención de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” y añade que “el primer vencimiento operará el 30 de abril de 2014”.En los considerandos, el Ejecutivo señala que “resulta necesario que las jurisdicciones provinciales puedan mantener la aplicación de políticas públicas que coadyuven a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades productivas y financiar la asistencia requerida por los sectores sociales desprotegidos”.En ese marco, subraya que “es política del gobierno nacional continuar apoyando el esfuerzo fiscal y financiero que realizan las jurisdicciones provinciales”, por lo tanto considera que “resulta conveniente reformular las condiciones financieras de reembolso de los servicios de intereses y amortización de la deuda de las provincias con el gobierno nacional antes referidas”.El acuerdo se firmó el viernes pasado en la Casa de Gobierno en el marco de un acto que encabezó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y adhirieron Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego. Si bien Córdoba fue incluida en el convenio, ningún representante de la provincia estuvo presente en la ceremonia.
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