POSADAS. Envalentonados por sus logros salariales en las coordinadas revueltas, los policías de cada provincia reactivan una movida que fue abortada pocos años atrás por los gobernadores provinciales: la constitución de gremios policiales.En la Argentina se trata de una posibilidad que está vedada a las fuerzas policiales, a pesar de ser un derecho internacional de los trabajadores de cualquier rubro poder agremiarse (incluso de la Constitución Nacional). Pero, ahora, la justicia de Córdoba abrió una posibilidad -y el resto de los policías de las provincias piensan utilizar este antecedente- para forzar la habilitación legal en todo el país.Dos semanas después de que la policía de Córdoba se autoacuartelara para reclamar al gobierno de José Manuel de la Sota mejoras salariales, la Cámara de Apelaciones del Trabajo reconoció el derecho de esos efectivos a formar un sindicato.La decisión judicial aclara que la policía puede crear una asociación gremial en iguales condiciones que otros trabajadores y, aunque expresamente aclara que la simple inscripción no alcanza para que ese sindicato negocie convenios colectivos, en la práctica los policías sindicalizados pasarán a tener una voz única para negociar.El fallo, histórico para el país, fue dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -doctores Graciela González y Miguel Ángel Pirolo- y le ordena al Ministerio de Trabajo inscribir como asociación gremial a la Unión de Policías Penitenciarios Argentina-Córdoba (UPAC). El fiscal de la cámara, Eduardo Álvarez, había opinado en ese mismo sentido.Los jueces dejaron sin efecto la resolución 662/2007 del Ministerio de Trabajo que rechazaba la inscripción gremial.Ahora se descuenta que las fuerzas policiales de otras provincias tratarán de obtener el mismo beneficio. En todo el país habría, según dijo la presidenta Cristina Kirchner, 200.000 efectivos provinciales que podrían agruparse por provincia e, incluso, por jerarquías. Pero seguramente la sentencia será apelada por los gobernadores y la controversia continuará hasta que sea resuelta por la Corte Suprema de la Nación.Efecto Misiones“Si nosotros tomamos como base lo que se hizo en Misiones ante esta ola de acuartelamientos, nos da una pauta de que esto es muy positivo, no se si tener un gremio o un organismo que represente los reclamos policiales; pero hay que tener un mecanismo para transmitir los pedidos y las inquietudes”, explicó a PRIMERA EDICIÓN Joaquín Kapko, integrante por los retirados de la fuerza misionera, de la Mesa de Enlace Policial y uno de los voceros de los reclamos en esta provincia, donde los policías lograron 64% el año pasado (luego de nueve días de acuartelamiento) y 35% de aumento este año.Kapko consideró positivo poder crear un gremio policial: “nosotros no hemos descartado esa posibilidad; pero entendemos que un gremio, si se arma, tendrá algunas limitaciones que otros gremios no tienen”.Explicó que las ventajas serían “la posibilidad de dialogar, reunirse y plantear los problemas a las autoridades antes que el malestar crezca. Hoy en día, la única posibilidad de reclamo que encontró el policía en todo el país es el acuartelamiento; por eso Misiones este año dio el ejemplo, las demás provincias deberían imitar lo que hizo Misiones, con una mesa de dialogo solucionó el problema antes que crezca”, aseguró Kapko.“No es sólo por la cuestión salarial, porque ahí todos los políticos se van a oponer, hay muchos otros problemas en la institución policial que se fueron solucionando por intermedio de la Mesa de Enlace, problemas que no se conocen pero que todos los días estamos gestionando, por ejemplo un traslado, un vehículo, una mala relación entre un jefe y su subalterno, todas pequeñas cosas que se solucionan y ayudan a mejorar la convivencia policial”, enfatizó.Opinó que “los políticos creen que vamos a perder el respeto y la obediencia si armamos un gremio, pero no es así porque el policía lleva eso en su conducta, vamos a seguir igual que siempre, solamente que vamos a tener la representatividad”.Además reconoció que hoy en día la Mesa de Enlace está funcionando “prácticamente igual que un gremio, solamente que no tenemos la posibilidad de recaudar el dinero necesario para funcionar y cubrir los gastos”, y anticipó que “si nosotros conformamos un gremio, primero se va a preguntar al policía si quiere afiliarse y después recién se harán los descuentos, no como en otras ONG que se arman en la Policía donde te inscriben y te descuentan sin consultar y después podes desafiliarte”, recordó.Kapko se animó a decir que el funcionamiento de la Mesa de Enlace Policial, en el último año, “incluso superó las facultades que puede tener un gremio, porque un gremio tiene limitaciones y mira las cosas grandes, hoy la Mesa es una mediadora que recibe todo tipo de planteos y traslada a las autoridades para buscar solución”.Por último dijo que en la más reciente negociación, a principio de diciembre, no se trató la posibilidad de agremiación entre la policía y el Gobierno. Pero que la intención no se descarta, de hecho hay organizaciones como la Fasipp a nivel nacional y la Apropol en Entre Ríos que están funcionando como gremios, sin tener la personería jurídica.“La idea es elevar todas las actuaciones administrativas que se realizaron en las provincias y en la justicia al Ministerio de Trabajo de la Nación en 2014, esa es una deuda, un trámite que está pendiente para principio de 2014, con la intención de continuar trabajando en favor” de consolidar un espacio gremial para todos los policías, culminó el vocero Joaquín Kapko.En análisis de la justiciaLa Corte Suprema de Justicia de la Nación ya viene estudiando el tema porque allí circulan varios expedientes, el de Córdoba que llegó hace pocos días y otro promovido por el Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del planteo de la policía bonaerense y, desde que ocurrieron los levantamientos policiales, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y todos los funcionarios políticos también se manifestaron en contra de la agremiación.La Procuradora, haciendo referencia al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerz
as armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio”.Otra causa que se encuentra en manos de la Corte Suprema llegó en agosto de este año, a raíz de una presentación del llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (SIMNPOPE). Emparentada con la CGT de Hugo Moyano -el hijo de este Hugo Antonio Moyano (Jr) es su representante legal y quien llevó la causa al máximo tribunal-; este grupo intentó inscribirse como gremio y el Ministerio de Trabajo rechazó el pedido en diciembre del año pasado. Luego, la Cámara del Trabajo confirmó el rechazo y ahora la causa está en la CorteEl juez de la Corte Suprema, Eugenio Zafanoni opinó a favor de la agremiación policial. Los otros ministros están analizando el tema con la feria iniciada.El fallo de González y Pirolo en Córdoba señala que “la organización sindical propende a encauzar el conflicto, a mejorar el diálogo, a lograr mayores niveles de compromiso de los agentes policiales con la institución empleadora y a erigirse como interlocutora, para actuar de manera preventiva, pudiendo de tal modo evitar reacciones injustificadas que puedan llevar a privar de adecuada protección a la ciudadanía o a las personas a quienes deben tutelar”.Para fundamentar su decisión, la Cámara se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los trabajadores a la “organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial”, y en el Convenio 87 de la OIT, que también reconoce ese derecho a todos los trabajadores “sin ninguna distinción”.Si la Corte Suprema sigue sus propios antecedentes de garantizar la libertad sindical, es probable que confirme el fallo de la Cámara, aunque sea con algunas restricciones. Pero no podría descartarse que el Gobierno decida avanzar con un proyecto que limite el poder de los gremios policiales.En Misiones, en el año 2010, el ex jefe de la Policía castigó con pase a disponibilidad a siete policías que habían asistido a una reunión en Rosario (Santa Fe) donde se coordinaron acciones con efectivos de otras provincias para impulsar un gremio nacional.Desde aquel entonces, incluso antes, policías de varias provincias vienen trabajando silenciosamente pero con paso firme para torcerle el brazo a los gobiernos provinciales y el nacional en este tema. Debido a esa coordinación y comunicación entre las agrupaciones de cada provincia es que la Inteligencia del Gobierno nacional sostiene que los acuartelamientos, reclamos y saqueos estuvieron coordinados por los propios efectivos en todas las provincias, para “apurar” respuestas positivas a sus reclamos salariales.Acupol en Misiones, 22 en todo el paísSi bien no tiene la formalidad de un gremio, luego de la primera revuelta policial en marzo de 2012 el Gobierno de Misiones cedió a la conformación de una Asociación Civil Unión Policial Misiones, que encabezan entre otros Germán Palaveccino y Luis Bucek, dos de los siete policías que fueron sancionados y pasados a disponibilidad en 2010 por participar de una reunión de policías de varias provincias con el objetivo de armar un gremio. Los dos también son representantes en Misiones de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp), la organización madre que impulsa la sindicalización en todo el país. Palaveccino es secretario de Acción Social, Cooperativa y Vivienda de la FASIPP; mientras que Bucek es subsecretario de la Juventud.En el sitio de la Fasipp se encuentra un mapa de los sindicatos policiales, donde se observan 22 organizaciones policiales y penitenciarias que ya operan casi como si estuvieran constituidos en gremios.Esta entidad tiene estatuto, actas, autoridades y viene funcionando desde hace casi una década como un verdadero sindicato, que agrupa y asesora con abogados y especialistas a los policías de provincias que impulsan su gremio local. Incluso presentaron proyectos de ley en el congreso nacional que no prosperaron.Luego del acuartelamiento en Misiones, en marzo de 2012, y los acuartelamientos en la mitad del país este mes, cabe preguntarse ¿Acaso no están funcionando como si estuvieran agremiados los policías? En Misiones no existe un gremio pero negociaron “paritarias” con el Gobierno y lograron 35% de aumento.De esta forma el Gobierno de Misiones y el resto de los gobiernos ¿No están legalizando lo ilegal, negociando paritarias con gremios ilegítimos? ¿No sería mejor blanquear de una vez y darle forma jurídica y legal a las negociaciones salariales de los policías? ¿O prefieren los gobiernos continuar negociando al margen de la ley; legitimando acuerdos salariales con gremios ilegítimos?Argumentos del Gobierno para negar la sindicalizaciónLas distintas resoluciones adoptadas por el gobierno se basan en las siguientes:1º) “Que la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo “.2º) Que dicha tarea, “se dificultaría considerablemente, a partir de la constitución de un sindicato”.3º) “Que nuestro país no se ha dictado legislación alguna que recepte la posibilidad de sindicación de las fuerzas armadas o policiales, coordinando armónicamente los derechos que se derivan del ejercicio de la libertad sindical y las obligaciones propias de estos trabajadores”.4º) “Que conforme el art. 9 del convenio 87 de la OIT los estados miembros podrán determinar a través de su legislación nacional, hasta que punto se aplicarán a las fuerzas armadas y policiales, las garantías de libertad sindical”5º) “Que la excepción señalada “ permite excluir totalmente o bien limitar los derechos de sindicación a esta categoría de trabajadores, habiendo señalado el Comité de Libertad Sindical, que esta posibilidad ha sido dejada claramente a la apreciación de los estados miembros”.6º) “Que, por otro lado, no se han reunido los requisitos legales establecidos en los artículos 19 y 21 de la ley 23.551 para obtener la inscripción gremial”.7º) “Que establece que la legislación nacional de los Estados miembros podrá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y policiales las garantías de libertad sindical” Números económicosLos últimos acuerdos salariales que se firmaron con las fuerzas policiales contribuyeron a agravar el frágil panorama fiscal en las provincias. La consultora ACM estima que los aumentos otorgados a las policías provinciales aumentan en $ 10.000 millones el gasto salarial en las fuerzas de seguridad
por encima del que se preveía inicialmente con una pauta de incremento del 25%. “Así, nuestro escenario original de un déficit fiscal cercano a los $ 15.000 millones se ampliaría a cerca de $ 25.000 millones”, dice ACM.En el caso de Misiones, el incremento es de 220 millones de pesos en un año, llevando de 625 a unos 845 millones de pesos el gasto en salario policial, entre 2013 y 2014.Por otra parte, anticipándose al malestar en las fuerzas de seguridad federales, el Gobierno nacional oficializó el lunes el aumento a las fuerzas de seguridad, con una suba promedio neto del 40% que hará, por ejemplo, que en el caso de un policía federal el piso mínimo de sueldo de bolsillo esté por encima de los 10.000 pesos.La Policía Federal quedará prácticamente igualada con la Policía Metropolitana, mientras que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se ubicarán por encima del acuerdo logrado por la Policía Bonaerense, por encima de los 10 mil pesos. Sanciones y prisión para policías que parenDesde el primer momento de los acuartelamientos se conoció la decisión del kirchnerismo de pasarle factura a las policías “rebeldes” que consiguieron históricos aumentos salariales y uno de esos mecanismos se conoció esta semana. El senador ultra kirchnerista Aníbal Fernández propuso sancionar a agentes de las fuerzas de seguridad que dejen de prestar servicio de manera injustificada.El proyecto de ley, que será debatido el año próximo, establece sanciones económicas y hasta penas de prisión. La iniciativa llegó a manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e inmediatamente la mandataria decidió incluirla en el temario de las sesiones extraordinarias, que comenzarían en febrero, informaron diarios nacionales.El proyecto consta de apenas un artículo (más otro de forma) en el que el senador propone modificar el Código Penal para fijar penas a los miembros de fuerzas de seguridad que abandonen injustificadamente el servicio. En principio, quienes así actúen podrán sufrir prisión de uno a tres años e inhabilitación para cargos públicos por el doble tiempo de la condena. Pero además, si como consecuencia de sus actos se producen daños materiales o muertes, la pena de prisión podrá extenderse a los ocho años.En caso de que sea un militar el que abandone “su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe”, la pena será prisión de uno a seis años; con posibilidad de duplicarse si “como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe”.
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