POSADAS. A veinticuatro días de cumplirse el cuarto aniversario de la trágica “80 edición del Cruce del Paraná”, competencia en que ocho personas perdieron la vida en el 2010, la Justicia Federal elevó la causa a la instancia de juicio oral y público.La resolución, firmada de puño y letra por el juez Ramón Claudio Chávez, se dio a conocer el lunes pasado y como afirmó el abogado Rodrigo Bacigalupi , marca la finalización de la investigación en primera instancia.En este contexto, el prefecto Jorge Antonio Lezcano, por entonces Jefe de Operaciones de la Prefectura Posadas, a cargo de la institución por ausencia de su titular; y Hugo Alberto Alfonso, presidente de la Asociación Mercosur de Aguas Abiertas, deberán sentarse en el banquillo de los acusados y responder por los cargos de “homicidio culposo”.La resolución es clara respecto del accionar punible de ambos, sobre todo a partir de la función y responsabilidad que tenían al frente de las instituciones que encabezaban. “Se ha probado de manera suficiente, acabada y con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la relación entre la conducta omisiva o imprudente por parte de Alfonso y Lezcano, en cuanto a la infracción al deber de información -teniendo estos los conocimientos necesarios respecto de este tipo de competencias y sobre las medidas de seguridad de la misma, dada su experiencia-, sumado a la falta de control, todo lo cual derivó en la producción del hecho que se investiga”. En la misma resolución dada a conocer el lunes pasado, el juez Federal notificó el rechazo a la oposición de elevar la causa a juicio y al pedido de sobreseimiento de los imputados, planteados por sus respectivas defensas.El magistrado cita en su resolución la opinión de la fiscalía: “El fallecimiento de ocho personas se produjo debido a que los responsables de la organización y seguridad acuática omitieron dar aviso de la existencia de las barcazas, además de no controlar adecuadamente el cumplimiento de las normas de seguridad…Uno de ellos -dice el fiscal-, por Lezcano, sabía de la ubicación de las barcazas y los riesgos que suponía acercarse a ellas en medio de un curso de agua con corriente constante; el otro -por Alfonso-, ni siquiera se percató de la presencia de dichas barcazas; y con impericia y negligencia, largó la competencia a nado, donde los participantes se lanzaron al río sin conocer los obstáculos a los que se expondrían”.La frase deja al descubierto, con claridad meridiana, que para la Justicia la presencia de las barcazas fue determinante en la tragedia, pero no en forma aislada sino con la complicidad manifiesta en la negligencia, omisión o impericia de los responsables en la organización y seguridad de la trágica “80 edición del Cruce del río Paraná”.Para Bacigalupi los competidores no eligieron caminos diferentes para llegar a la meta (el club Pirá Pytá) aquella mañana del 16 de enero de 2010, lo que habría hecho que algunos se acercaran peligrosamente a las barcazas y otros no. Para el letrado, “el trayecto era igual para todos, lo que pasó es que los más débiles, justamente los que estaban más desprotegidos, no pudieron atravesar el canal y fueron llevados por la corriente hacia las barcazas. Los de brazadas más fuerte, es decir el pelotón de punta, sí lo logró y alcanzó la meta”, señaló.Ocho personas murieron aquella mañana en un episodio que podía evitarse. Así lo demuestran las pericias y testimonios directos de la tragedia. Testigos que llevarán por siempre en sus retinas los gritos desesperados de las víctimas implorando por su vida. En memoria de aquellos se impone hoy el grito ensordecedor de ¡JUSTICIA! Bacigalupi: “Queremos la sentencia”Rodrigo Bacigalupi, ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, primo de Mauro Bacigalupi, una de las ocho víctimas fatales de la Tragedia del Paraná, y representante de una parte de la querella en la causa, manifestó a PRIMERA EDICIÓN que “la elevación a juicio constituye la culminación de la etapa de instrucción, pero lo que buscamos todos es la sentencia para dar por terminada con esta triste etapa de nuestras vidas. Anhelamos la sentencia para el año que viene porque en el 2015 se cumplen cinco años de la tragedia y no queremos que la defensa tenga motivos para pedir la caducidad de la causa por extinción de los plazos”.Y agregó: “Creemos que hay pruebas claras y contundentes que demuestran la responsabilidad de los imputados en el hecho. Es tan así que no descartamos que pidan la suspensión del juicio a prueba”, consignó Bacigalupi dejando entrever la posibilidad de que la defensa y la fiscalía de Cámara puedan llegar a un acuerdo para la celebración de un juicio abreviado y evitar el escarnio público.
Discussion about this post