La presidenta Cristina Kirchner retomó su estilo frontal de liderazgo el 10 de diciembre pasado al encabezar el acto por los 30 años de recuperación de la democracia, un aniversario único en la historia argentina que coincidió con el escenario de crisis precipitado por los reclamos policiales.Los saqueos que se produjeron en Córdoba, inicialmente, con el acuartelamiento de la policía de esa provincia; y que continuaron después en varios distritos, entre ellos Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Santa Fe; unidos a las movilizaciones y reclamos de los policías en todo el país; pusieron en jaque a la seguridad ciudadana en los grandes centros urbanos y proyectaron una turbadora imagen de caos social. La presidenta se vio obligada a salir a enfrentar una situación de imprevisibles derivaciones y que insinuaba un vacío de poder; dado que los responsables de ejercer -en la práctica- el monopolio de la violencia legítima que corresponde al Estado momentáneamente se pasaban con armas y bagajes a la vereda de enfrente.Con aumentos otorgados bajo la presión de la protesta policial; o , en el caso de Misiones, anticipándose a su reaparición, el viernes se cerraron en Salta y La Pampa los dos últimos acuerdos salariales, todos en base a un básico de alrededor de 8.000 pesos; sin embargo, los saqueos y el uso instrumental de la desprotección ciudadana, de parte de la policía, continúa en el centro del debate. Los ataques a establecimientos comerciales repitieron un fenómeno que se instaló en el imaginario de los argentinos en 1989; en el marco del “golpe de mercado” que – hiperinflación mediante- se llevó puesto al primer presidente del trienio democrático que se celebró este martes; paradójicamente, en un marco de violencia y descontrol. Los saqueos, que se repitieron en 2001, en la caída del presidente Fernando De La Rúa, parecen haberse incorporado, como los cortes de ruta, al arsenal de la protesta social y su emergencia se explicaría por la desigualdad social -que persiste tras diez años de implementación del modelo productivo e industrial, que recuperó el consumo y el empleo; pero no pudo con la concentración económica y la inflación.La concentración de economía, según un estudio de Flacso del año pasado, que midió la participación de la elite empresaria en el valor bruto de producción (VBP) -un indicador de la concentración-, pasó del 20,4% en 1993-2001 a 28% entre 2003 y 2009. Tendencia imparableLa desigualdad que produce una economía muy concentrada; que es un dato estructural de compleja resolución en períodos cortos de tiempo; se complicó en base al llamado “impuesto inflacionario” en los últimos años, y notoriamente en noviembre pasado. La inflación de noviembre fue del 2,4% según las estadísticas de las consultoras privadas, difundidas por la oposición en el Congreso y habría llevado la suba de precios en un año a 26,8%, considerando las mediciones privadas. El Indec, en tanto, anunció, por primera vez desde la asunción de Kicillof, que la inflación en noviembre fue del 0,9% respecto al mes previo y en lo que va del año acumula 9,4%.El nuevo índice elaborado con aportes de técnicos del FMI, que se estrenaría en febrero próximo, ayudará a despejar el panorama de las mediciones oficiales, y al estar de las declaraciones de los nuevos integrantes del gabinete nacional, el gobierno intentaría una nueva estrategia de control de precios en lo sucesivo; anuncio que refleja el sinceramiento parcial respecto al problema inflacionario, pero que mantiene la incertidumbre que genera el alza permanente del costo de vida. La persistencia de un cuadro estructural de exclusión social y el trasfondo de presión inflacionaria explican, aunque no legitiman, los métodos de presión de la policía y el entorno violento de los últimos días; aunque queda abierta la investigación; que se inició con resultados concretos en Entre Ríos y Tucumán; de la participación que les cupo a los propios policías en la organización de los saqueos. El avance del narcotráfico, y la penetración en las estructuras de la institución policial, que se demostró públicamente en el caso de las provincias de Córdoba y Santa Fe, son otro ingrediente a tener en cuenta para evaluar responsabilidades; causas y efectos de los desmanes y muertes que enlutan el camino hacia un ajetreado fin de año. En este contexto, en Misiones, el gobernador Closs salió a apagar prematuramente un eventual estallido policial, otorgando un aumento escalonado de 35% a los policías misioneros, quienes desde el levantamiento de 9 días del año pasado, negocian con el Gobierno provincial a través de una mesa de enlace. Con la mejora, el sueldo inicial de un agente misionero se elevaría a 8.200 pesos de bolsillo, apenas menor a los 8.700 que consiguió la policía de la provincia de Buenos Aires. Reclamos en fila En corrillos políticos renovadores se dice que el apuro de Closs se debió a que obraba en sus manos la información de que, a través de policías retirados, un sector político liderado por un ex gobernador misionero se disponía a fogonear la revuelta policial. De cualquier forma, Closs tuvo que reconocer que la jugada le salió cara, porque debió pedir un auxilio económico al gobierno nacional para pagar los sueldos y el aguinaldo a tiempo; evitando que el incendio que contuvo por un lado le explotara por el otro; dado el intenso malestar en la administración pública provincial por los bajos salarios. Es que el gobierno del Frente Renovador, tras diez años de poder ininterrumpido, no cuenta con un argumento cierto para justificar, a la vez, el relato de una provincia pujante y “de vanguardia” y la realidad de un Estado provincial con los salarios más bajos del país. Closs pidió “paciencia” a los estatales, y se esperanzó en una pronta segunda ayuda que le habría prometido el ministro Kicillof, para poder cumplir con el gasto salarial del Estado de 700.000 pesos. Con la espada de Damocles de la refinanciación de la deuda provincial en 2014, – que lo obligaría a desembolsar 40 millones mensuales en caso de no acordar con la Nación- Closs intenta apaciguar el emergente cuadro de demandas salariales en la provincia; aunque el atraso salarial de años sumado al ejemplo de la revuelta policial auguran un verano caliente.De hecho, esta semana se intensificaron los conflictos municipales en Iguazú y Apóstoles, mientras que el mi&
;eacute;rcoles estalló una huelga por tiempo indeterminado en el hospital Samic de Eldorado, uniendo a empleados, enfermeros y médicos de la institución detrás de un pedido de aumento salarial del 35%; no casualmente un porcentaje similar al que Closs anticipó de motu propio a la policía. Una trabajadora del Samic declaró a PRIMERA EDICIÓN: “No puede ser que de un día a otro , sin hacer ningún movimiento, otras instituciones han logrado el aumento del 35%, esto nos indigna, y creemos que es una tomada de pelo a una institución como Salud Pública”. La dura reacción de los indignados trabajadores de la salud preocupa en extremo al gobierno de Closs, por un eventual, y probablemente inevitable, efecto dominó, por lo cual en esferas de gobierno se atribuía a los trabajadores supuestas “actitudes extorsivas” y se decía que la protesta está liderada, entre otros, por un concejal de la UCR, en una actitud contraria a las de Hernán Damiani y Luis Pastori “quienes se han puesto a disposición y han reivindicado el apoyo a las instituciones”. Los empleados judiciales también iniciaron acciones para emplazar al Gobierno provincial a que otorgue un aumento salarial; ratificando el malestar generalizado en el sector público. La revuelta policial, sin quererlo, abrió el camino a un renovado debate de los notables desequilibrios y arbitrariedades que, en la distribución del ingreso, subsisten tras una década de crecimiento de la economía.
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