Además de portar armas en su labor cotidiana, la Policía es la única institución del Estado que tiene frecuente relación con el mundo del delito. Estos dos condimentos hacen que la situación sea muy especial y diferente a la de otros reclamos salariales.La fuerza es la única encargada de brindar seguridad civil a los ciudadanos y ante su ausencia, arreciaron saqueos y violencia en la mitad de las provincias del país, con un número de muertos todavía incierto.No es casualidad que el Gobierno nacional haya hablado de hechos organizados y coordinados, sugiriendo una complicidad entre policías y saqueadores. Por un lado se habló de extorsión policial; mientras que la oposición sostiene que el Gobierno debe atender los reclamos justos de mejores salarios para los miembros de la fuerza.En el medio, la población. Comerciantes y vecinos se mostraron impotentes por los momentos de tensión e inseguridad que padecieron, en medio de saqueos, sin nadie a quien acudir.En Tucumán la reacción social fue ir en contra de la Policía. Después del acuerdo salarial que lleva el sueldo inicial a 8.700 pesos, la sociedad le dio la espalda. Hubo escaramuzas y protestas de vecinos contra los efectivos cuando retomaron sus puestos de guardia en las calles y los medios reflejaron una foto que recorrió el país, de un cartel situado frente a un comercio, que señalaba: “En este comercio no se vende mercaderías a personal policial”.La gente no perdonó a la policía, que dejó sin seguridad a la ciudad durante varias horas. “Recordá policía que tus 8.500 ahora llevan sangre”, fue otro de los mensajes que pareció representar parte de la bronca que quedó en Tucumán, una de las provincias que más sufrió los saqueos, con al menos dos muertos y decenas de locales destruidos y robados.Ahora es la Policía la que quedó en el ojo de la tormenta, en la mira de todos, ahora son ellos los empleados públicos que mejores sueldos reciben en casi todas las provincias del país; y son producto de análisis de periodistas, especialistas, abogados, funcionarios, entre otros.• Para el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, penalista que hace años que estudia los cuestiones vinculadas con seguridad y reforma policial, las protestas de las fuerzas provinciales y los saqueos asociados a esos episodios, “no son manifestaciones espontáneas”, pero el problema de fondo es que hay que repensar el modelo policial. Arriesga que los uniformados deben tener un canal de diálogo para poder plantear sus reclamos (gremio) y que las fuerzas de seguridad que se ocupan del delito común deben descentralizarse: más policías, más pequeñas y más cerca de los ciudadanos (es decir en los municipios).• El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Vervitsky, también apoya la creación de gremios policiales y sostiene al respecto que “los gobernadores están firmando condiciones salariales que no van a poder pagar y que van a tener que depender del gobierno nacional”. En un comunicado el CELS “rechaza las acciones extorsivas de funcionarios policiales” y agrega que “las armas otorgadas por el poder democrático a las instituciones de seguridad para velar por la vida y los bienes de los ciudadanos no pueden ser utilizadas para forzar decisiones de los poderes constituidos”, indica.• El abogado misionero Pablo Isaac Lenaguaza opinó que “no hay que tenerle miedo a debatir sobre la sindicalización de la Policía. Todos los sindicatos son distintos, cuando empezamos a analizar cuál es la actividad, la reglamentación debe ser distinta. No hay que tenerle miedo a debatir y buscar las alternativas”, insistió. Ante el argumento de la legalidad, Lenguaza invocó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dispone que “las leyes deben garantizar el pleno goce de los derechos laborales a todos los trabajadores, y los uniformados son trabajadores. En España hay varios sindicatos de las fuerzas de seguridad, también en Uruguay”.• Los bajos salarios son, para Marcelo Saín, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y hoy diputado bonaerense de Nuevo Encuentro, uno de los problemas estructurales de la Policía que favorecen la corrupción. “El predominio de condiciones laborales altamente precarizadas derivadas de la vigencia de salarios nominales y reales muy bajos, lleva a que los estratos medios y bajos de la institución se vean obligados al doble empleo”, precisó. Y agregó Saín que: “a ello se suma la existencia de medios materiales e infraestructurales de trabajo altamente deteriorados, en el marco de un contexto organizacional signado por la pobreza o la indigencia institucional, y el desarrollo de una educación profesional deficiente enmarcada en una institucionalidad altamente militarizada”.• Leonardo Amarilla, licenciado en Ciencia Política misionero, señaló al respecto que “Si el servicio de seguridad no cumple con sus funciones siempre va a haber alguien dispuesto a romper con la paz social”. “Nadie puede estar en contra de una mejora salarial para los trabajadores de las Fuerzas de Seguridad. El problema es la metodología que se utilizó para reclamar mejoras. Extorsionar con la seguridad del pueblo no es digno de una Fuerza de Seguridad; tener en vilo a los comerciantes y mantener el miedo de aquellos a los cuales deberían preservar tampoco es digno. Las Fuerzas de Seguridad deben tener su propio proceso de sindicalización para que no vuelvan a ocurrir estos episodios de extorsión”, finalizó.Policías: ¿una amenaza?La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich fueron algunos de los dirigentes oficialistas que sostuvieron ante la prensa y las redes sociales, sus sospechas y acusaciones hacia algunos integrantes de las policias por los hechos vandálicos ocurridos.En Misiones, en los pasillos de la Rosadita, aun se escuchan comentarios de todo tipo sobre lo que habría dicho el gobernador Maurice Closs a sus colaboradores tras el anuncio de mejoras salariales y la protesta policial, en la misma linea.“Muchachos tenemos que replantear todo el esquema de seguridad, porque las policías de provincias ahora son la mas importante amenaza que tiene la democracia, han desplazado de ese lugar a las fuerzas armadas” se le atribuye al mandatario. Se evidencia que desde la Nación están impulsando el “corte de cabezas” en las policías y que Closs se mostró de acuerdo con esta decisión política que ya empezo a trasmitir a sus funcionarios. ¿Nace liga de gobernadores?No sería ilógico que impulsados por su propia necesidad de subsistencia política, se fortalezca la posibilidad de impulsar una Liga de Gobernadores, que pueda tener e
l peso suficiente de sentarse frente a un Gobierno nacional y negociar de igual a igual un nuevo esquema de repartos de fondos.Córdoba, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires, entre otras provincias vienen reclamando que se abra una discusión sobre la coparticipación federal o un esquema de compensación de recursos.Semanas atrás fue el gobernador bonaerense Daniel Scioli quien indicó que “es necesario volver a discutir el esquema de coparticipación”.El legislador misionero Carlos Rovira planteó una mirada similar en la noche del 30 de junio, luego de las elecciones legislativas provinciales, cuando indicó que “no estamos para nada conformes cuando vemos el crecimiento de otras provincias en detrimento de la nuestra”.“Sin ir más lejos, el presupuesto nacional del año 2014 es el más mezquino de los últimos años con los misioneros, es una tarea pendiente para nuestros legisladores nacionales que tendrán que gestionar”, enfatizó el presidente del Frente Renovador.El cordobés De la Sota es el principal impulsor de los reclamos por fondos previsionales que la Nación le debe a las provincias y el santafesino Antonio Bonfatti tuvo varios reproches por la deuda de la Nación con esa provincia.Asimismo, el vicepresidente de la Unión Industria Argentina, José Urtubey, señaló durante la 19a. Conferencia Industrial que “para las provincias periféricas es absolutamente necesario rever la actual Ley de Coparticipación con el objeto de plantear alguna alternativa válida que contemple el federalismo económico donde se potencien los sistemas que permitan una mayor conectividad territorial”. “Actualmente la provincia más desarrollada del país tiene un Producto Bruto Geográfico 7,8 veces más que la provincia menos desarrollada”, dijo el empresario.El año próximo, lo más probable es que la Nación se siente a negociar con cada una de las provincias por la deuda pública. Misiones, según dijo Closs, debe pagar 40 millones de pesos por mes. Pero negociando en forma individual llevan las mayores posibilidades de perder; por eso es necesario fortalecer el reclamo conjunto de las provincias, ante un kirchnerismo en decadencia, pensando en la subsistencia política y económica.
Discussion about this post