POSADAS. En las últimas semanas hubo muchos reclamos nuevamente desde los despachantes de aduana de la región, por “las dificultades que hoy enfrentan al pretender exportar en la frontera con Brasil”, específicamente en las provincias de Misiones y Corrientes.Principalmente se plantea que las mercaderías con destino al vecino país son sometidas estrictos e “inusitados” controles impositivos nacionales.Según detalló Luis Miguel Palma (abogado especialista en derecho aduanero y tributario) esto “significa que una vez realizado todo el trámite de exportación ante las aduanas de frontera (Iguazú, Irigoyen) y estando los camiones con sus respectivas cargas prestas a liberarse en lo que se denomina la zona primaria aduanera, la AFIP les solicita la justificación de la compra en el mercado interno de las mercaderías a exportar”.Tras la consulta de PRIMERA EDICIÓN a algunos operadores de la zona de Bernardo de Irigoyen y San Javier, también se confirma que incluso el movimiento está bastante parado. Por otra parte, admiten que “siempre son numerosos los requisitos, más allá de los habituales controles o justificaciones del mercado interno cuando se realiza una compra”.Varios operadores consultados, afirman que la AFIP plantea que las compras se realizan en forma marginal. Por esta razón surgiría el interrogante desde el organismo fiscalizador sobre el origen de las mercaderías. “Hay toda una materia impositiva por atrás, acá por San Javier, por ejemplo, si hablamos de comercio exterior, está casi completamente parado”, afirmó una fuente consultada por este diario, que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.Otro de los puntos que se cuestiona en el sector es el por qué del tiempo de demora en otorgarle el permiso al exportador si es que cumplió con la presentación de la documentación requerida por el organismo fiscalizador. “A veces está todo en orden y de igual manera se demoran entre siete y ocho días en entregarle el permiso al operador”, reclamó otro consultado.Las intervencionesPalma advirtió en un artículo en el diario correntino El Litoral, que la Nación aplica “una interpretación fiscalista y forzando las interpretación de las normas que rigen las facultades de la AFIP-; estas intervenciones son aceptadas. Pero en lo que respecta a sistemas de control físico de mercaderías no es lo convenido por la República Argentina en materia aduanera (Gatt y Mercosur) en los acuerdos internacionales que tiene suscriptos. El verdadero problema es que, en la actual situación la mayoría, cuando no la totalidad de las exportaciones, son detenidas sin ningún tipo de explicación ni de plazo. Es más, muchas veces las cargas están paradas por semanas, sujetas a la buena voluntad de la fiscalización en el lugar de compra de las mercaderías, con el agravante de que la mayor parte de ellas son commodities de tipo perecedero. Con el paso de los días, la intervención de la AFIP puede terminar sin ninguna observación -con la consiguiente liberación de las cargas-; o, por el contrario, con la imputación a exportadores de infracciones tributarias relacionadas con la validez de las facturas o a la capacidad de venta y producción de los vendedores en el mercado interno, trámite que termina en la mayoría de los casos con la sanción, el decomiso de la mercadería en cuestión”. El letrado ya había advertido de esta situación en una opinión escrita para el suplemento Eco&Agro de PRIMERA EDICIÓN.En sitios especializados en materia aduanera, se reflejó la visión de Palma: “En general, el sistema aplicado en el mundo tiende a darle fluidez al comercio exterior. Por eso el control físico de la fiscalidad en el mercado interno debe hacerse antes del embarque. Luego el fisco puede hacer controles complementarios, pero efectuar estas detenciones arbitrarias en frontera y en muchos casos sin siquiera estar amparadas por un acta, es un exceso”. Graves perjuiciosSegún explicó el especialista, “el problema de fondo es que la excepción se ha convertido en la regla, y en la mayoría de los casos es sumamente perjudicial para los exportadores. Los efectos dañosos son variados: caída de contratos, incremento de los costos de estadía y de flete de las operaciones, vencimiento de los permisos de embarque, aumento de los costos de despachantes y agentes de transporte en frontera y, lo que es peor, pérdida de mercaderías por descomposición”, ante la espera por la burocracia de AFIP“Ante este desolador e irregular panorama, los exportadores se ven en la necesidad de accionar judicialmente por vía cautelar, lo que hoy por hoy es casi un caso perdido. En otras circunstancias, deben defenderse en el marco de la ley de procedimientos fiscales, con procesos que duran más de la cuenta y tornan ilusorias las garantías constitucionales que amparan el derecho de propiedad y el de trabajar. La consecuencia es que muchos exportadores analizan el uso de la vía judicial para buscar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados”, anticipó Palma.Finalizó el especialista asegurando que “en suma, el resultado es que, en el segmento exportador terminan pagando justos por pecadores, con significativas mermas de trabajo en los flujos de importación y exportación canalizados a través de las aduanas fronterizas de la provincia de Misiones, la que a esta altura es notable y preocupante. Alguien debería tomar nota y dar respuestas”.
Discussion about this post