SAO PAULO, Brasil. (Sergio Alvez, enviado especial) En la jornada de ayer, el municipio de Sao Paulo fue epicentro de una movilización enmarcada en el Encuentro Nacional de Afectados por Represas, que se viene desarrollando en el municipio de Cotias desde el lunes, y que llegará a su fin en la jornada de hoy tras cuatro intensas jornadas. Cerca de tres mil personas partieron al amanecer, en decenas de colectivos, y organizados en columnas, marcharon por espacio de dos horas y media por las arterias paulistas. Se trata de afectados nucleados en el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), y organizaciones sociales que se sumaron, entre ellas representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Misiones. La marcha fue acompañada por un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad, y afortunadamente no hubo incidentes. A lo largo del trayecto, a través de micrófonos instalados en un móvil donde se montó un escenario, referentes de distintas poblaciones brasileñas afectadas por represas hidroeléctricas, hicieron sonar sus voces de denuncia por los atropellos a los que vienen siendo sometidos, y clamaron por una serie de reivindicaciones. “Trabajadores del campo y la ciudad, a luchar por un proyecto energético popular” fue el cántico más reiterado, cantado por una banda musical montada encima del escenario móvil, con ayuda de las miles de voces que marcharon. La manifestación excedió en sus consignas la cuestión de las represas, y se sumaron otras vinculadas a la tarifa eléctrica (se busca una ley para bajar el costo de las mismas en todo el país); y el entramado entre el Estado y ciertos capitales extranjeros para realizar proyectos que terminan provocando impactos sociales y ambientales. 34 represas programadasDesde la coordinación del encuentro, indicaron que “la expansión hidroeléctrica en Brasil es espeluznante, y se hace de espaldas al pueblo, para favorecer intereses que no son populares sino todo lo contrario. Actualmente hay 34 proyectos de construcción de represas que se pretenden construir en los próximos diez años en diferentes regiones del país”. De estas represas anunciadas, comentaron durante la marcha que 15 serían en ríos del Amazonas, y que la población afectada por estos proyectos alcanzaría las 250 mil personas. “Solamente tomando en cuenta dos de estas represas proyectadas, y según los planos oficiales de las mismas, serían afectadas unas 60 mil personas que tendrían que ser expulsadas de sus hábitat naturales y originarios. Hablamos de las represas Belo Monte y Marabã”, explicó un coordinador del MAB. “Luchamos por un cambio radical en la política energética”En 2001, un fuerte desabastecimiento en materia de energía eléctrica, afectó a gran parte de Brasil. El episodio se conoció como “el apagón” y motivó una creciente vocación del Estado para convencer a la población de la necesidad de construir represas para garantizar el consumo eléctrico. Entre el 2004 y 2012, la generación de energía hidroeléctrica creció en un 30%, y actualmente suman 15 las represas que están siendo construidas -todas ellas fuertemente resistidas por la poblaciones locales. Consultado por PRIMERA EDICIÓN durante la manifestación de ayer, el profesor de la Universidad de Sao Paulo, Celio Bermann, sostuvo que “el 40% de la energía que se produce en Brasil es consumida por los ramos industriales del cemento, el hierro, la minería, la fabricación de pasta celulosa y el sector químico. Son productos que consumen mucha energía y agua, y que producen enormes impactos sociales y ambientales y no aportan valor al país, sino que exportan y maximizan ganancias sin siquiera genera empleo suficiente a comparación de esos impactos. Por eso nos preguntamos ¿energía para quién? ¿Para qué? y decimos que llegó la hora de cambiar la matriz y generar un proyecto energético con control popular”. En sintonía, Luis Costa, coordinador del MAB, señaló que “la actual forma de organización de la política energética brasileña, plantea el armado de carteles entre empresas constructoras de represas, empresas mundiales de máquinas y tecnología, y grandes consumidores industriales: se lucra con la construcción de represas y la corrupción que inevitablemente genera en el Estado y los funcionarios que manejan estos negocios. Esto sucede acá y en todo el mundo. Todos están en el negocio y el que paga siempre es el pueblo”.Unidos en la luchaHoracio Dumanski, delegado de ATE Misiones y poblador de la localidad de Azara, fue uno de los misioneros que marchó ayer por las calles paulistas. “Es conmovedor y esperanzador ver la fuerza de este movimiento, la coherencia de los planteos y la alegría con la que luchan, nosotros nos sentimos parte de esta lucha, de hecho viajamos hasta acá con compañeros de Alecrim y Mauá, porque nuestra pelea es contra Garabí y Panambí, pudimos conseguir informaciones y experiencias valiosas, este encuentro es muy importante y demuestra que hay una decisión popular de terminar con la estafa a los pueblos que significan todas las grandes represas que afectan a las poblaciones”, aseguró a este diario. Su compañero de gremio, el delegado Ismael Benitez, sostuvo que “al regresar a Misiones compartiremos material y experiencias de lucha con los compañeros, para seguir aprendiendo y resistiendo”. Promesa oficial de ley para afectadosLa encendida lucha que viene llevando a cabo el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en Brasil, sumó el martes un nuevo logro histórico. Durante un plenario con más de 2 mil asistentes, en el marco del encuentro nacional que se desarrolla en Cotias, asistió el ministro Gilberto Carvalho, titular de la Secretaría General da Presidência da República. El funcionario lanzó un discurso inicial híbrido, que no pudo sostenerse cuando aparecieron los cuestionamientos y la presión de la multitud de afectados presentes. En ese contexto de tensión, el funcionario de Dilma Rousseff lanzó un anuncio trascendental: “Les aseguro en nombre de nuestra presidenta Dilma que este año impulsaremos una ley para los afectados de las represas en Brasil, que contemplará una reparación moral y económica del Estado para estas poblaciones”. Esta legislación conforma uno de los planteos más antiguos del MAB. Desde la organización celebraron el anuncio, pero acordaron mantener cautela al respecto, ya que no hay nada firmado “y porque lo que estamos pidiendo es mucho más que ese necesario reconocimiento a
los afectados, vamos por un nuevo modelo energético, sin millones de personas que deban ser expulsadas y vapuleadas, un proyecto energético con control social, un modelo ético y sustentable”.





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