POSADAS. La situación, por lo menos, aparenta ser extraña. Resulta que hay dos empresas proveedoras que le venden prótesis y otros insumos al Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones y que se encuentran radicadas en la misma dirección, en Posadas, pero tienen propietarios diferentes.PRIMERA EDICIÓN investigó el caso y accedió a varios documentos que corroboran la situación. Se trata de algunas “proformas” (presupuestos) presentadas por las dos firmas en cuestión, para participar de licitaciones o de ventas directas al Instituto.También se logró, gracias a una fuente anónima del organismo, un documento firmado por la presidenta del IPS, Sandra Montiel, por medio del cual autoriza “la cobertura del presupuesto” de una de las empresas por la suma de 135.200 pesos “por la provisión de materiales varios para afiliados” pero además le paga por adelantado.Se trata de una resolución del año pasado que en el segundo artículo autoriza a las “Direcciones de Administración a liquidar y de Tesorería a ´adelantar´ la suma mencionada en el artículo anterior”.En este caso, la empresa beneficiada es Insumos Pampa, y la dirección que figura en la proforma es Calle 60 Nº 7165. La otra proveedora en cuestión es Implamed, que también presentó ante el IPS un presupuesto con dirección en Calle 60 Nº 7165. En los dos casos aparece el mismo número de teléfono fijo.Si bien no es ilegal y no constituye ninguna irregularidad que dos o más empresas compartan la misma dirección, es por lo menos extraño que ocurra con dos empresas que se dedican a actividades relacionadas o similares, es decir, que pueden llegar a competir entre ellas y que en los dos casos le ofrecen productos a un organismo del Estado como el IPS.Otro dato curioso es que las dos empresas, ante la AFIP, presentaron diferentes direcciones fiscales. De acuerdo al formulario de inscripción ante el organismo recaudador, Implamed tiene domicilio fiscal en Catamarca Nº 1375 de Posadas, mientras que Insumos Pampa se inscribió en Calle 135 Nº 3145.Quiere decir que en los presupuestos oficiales que se entregan al IPS tienen una dirección y cuando se inscribieron en la AFIP otorgaron otra como domicilio fiscal.Este diario se acercó hasta la Calle 60, en inmediaciones de Villa Cabello, pero en la cuadra solo se observan domicilios particulares y nada hace pensar que en una de esas viviendas funcione una empresa proveedora de prótesis; aunque parecer no sea una condición necesaria.En las otras dos direcciones fiscales (Catamarca Nº 1375 y Calle 135 Nº 3145) tampoco hay indicios que permitan confirmar ahí el funcionamiento de una empresa proveedora del Estado. No hay cartelería ni publicidad ni tampoco oficinas comerciales. En todos los casos se observan viviendas particulares.Dos informantes con oficinas en el Instituto, que suelen ver expedientes de estas empresas entre los expedientes que pasan por sus manos, comentaron a este diario que es frecuente su participación en licitaciones o ventas al IPS. Pero suelen aparecer en forma alternada, compitiendo en precios con otra tercera empresa, radicada en Capital Federal, que también provee insumos al IPS.En varios expedientes se encontró que Insumos Pampa e Implamed comparan o cotizan precios con Vasculart o con Osteolife. Puede ser producto de la casualidad, pero las dos que tienen la misma dirección no compiten entre ellas, sino siempre con una tercera.Aunque a simple vista no hay ninguna irregularidad comprobada, algunos empleados del Instituto consideran que la situación merece, por lo menos, una investigación y aclaración debido a que -desde que llegó Sandra Montiel a la presidencia-, comenzaron a correr rumores, nunca comprobados, sobre negociados con algunas proveedoras “preferidas”, mientras que otras denuncian sentirse discriminadas y al margen de los negocios.Incluso dejaron trascender que sería irregular el hecho de que el auditor que firma y autoriza la compra de todos los implantes, prótesis, etc, es un doctor que está en pareja con la presidenta del organismo.Algunos recuerdan y comparan con una situación similar en la que la senadora Sandra Giménez, cuando era diputada provincial, tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacer porque su marido, Germán Bezus, era el subsecretario a cargo del programa. Creen que en el IPS se produciría la misma “incompatibilidad”.Entre la documentación a la que tuvo acceso este diario, figuran dos ofertas de estas dos empresas que son muy llamativas, ya que los productos que ofrecen son casi los mismos; por precios similares y las propuestas fueron presentadas en la misma fecha: el 6 de junio de 2012. En los dos casos están selladas por el IPS.El primer presupuesto, de Implamed, con fecha 6 de junio de 2012, por 36 mil pesos es para comercializar microplacas en L para metatarsiano, set de placas en diferentes medidas y set de micro tornillos, todo en titanio y set de instrumental específico asistencia técnica en cirugia.Por su parte, un presupuesto de Insumos Pampa ofrece el mismo día (6-6-2012) sistema de microplacas de titanio rectas, L, T y curvas, para metatarsiano; set de placas en diferentes medidas alternativas, set de micro tornillos titanio y autoperforantes clavijas, set instrumental para colocación, asistencia técnica en cirugía; por un monto 33.800 pesos.Algunos favoritos, otros discriminadosUn grupo de proveedores del Instituto de Previsión Social hizo conocer su malestar por el modo en que la presidenta del organismo, Sandra Montiel, decide las compras, según dijeron a este diario. Puntualmente, enfatizaron su reclamo en que por un lado hay droguerías y empresas “amigas”, que son beneficiadas con las compras más importantes, y por otro lado algunas que se sienten discriminadas del reparto o solo les toca las ventas menores.Ya el año pasado hubo un grupo que manifestó a este diario sus reclamos por esta situación, que habría cambiado muy poco.Entre las droguerías “amigas” apuntaron especialmente a una que fue inaugurada hace sólo dos años, pero a pesar de su corta vida, se queda con una importante tajada del negocio, desplazando a otras con mayor trayectoria, dijeron, como proveedora del IPS pero también del Ministerio de Salud. La firma señalada aparece a nombre de un joven abogado, ex funcionario provincial hasta el año 2009, muy vinculado a una empresa monopólica de la provincia.Este abogado fue director en el Ministerio de Desarrollo Social de donde habría sido echado por el gobernador Closs. En el ministerio comentan que luego siguió vinculado al ministro Joaquín Losada en algunos negocios privados. Los presuntos discriminados explicaron que la provisión de medicamentos al IPS encierra un negocio de más de seis millones de pesos por mes.Hay preocupación en el grupo porque dice que las perspectivas no son buenas si la presidenta del organismo mantiene el criterio de compras. El Instituto d
e Previsión Social tuvo en 2012 un presupuesto cercano a los 896 millones de pesos, lo que significa un incremento de aproximadamente 20 por ciento. El área previsional demandará aproximadamente el 58 por ciento de esa suma, mientras que los gastos para la obra social representan otro 32 por ciento.“Estamos hablando de más de 250 millones de pesos para la obra social en 2012, una importante parte de eso es para pagar a las droguerías que abastecen medicamentos. Estamos preocupados ante la posibilidad de que todo el negocio quede en pocas manos”, advirtieron.El IPS atiende a unas 233.000 personas, de las cuales 66.000 son beneficiarias del seguro provincial de salud y otros 167.000 son afiliados directos a la obra social.
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