BUENOS AIRES (NA). La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura y ahora será la Corte Suprema de Justicia la encargada de definir si es o no constitucional la reforma impulsada por el Gobierno. El dictamen que lleva la firma de la Procuradora consideró válida la elección popular y también el incremento de miembros del Consejo, que pasará de 13 a 19 integrantes.Gils Carbó se expidió respecto al fallo por el cual la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, había frenado la votación de consejeros y la convocatoria a esos comicios, haciendo lugar a los amparos presentados por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y por el apoderado del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Traboulsi. Ahora, tras el dictamen de la Procuración, que no es vinculante, la cuestión quedó en manos de la Corte, que había anunciado que una vez llegado algún caso a ese Tribunal, se definiría “inmediatamente”.De esta forma, se espera que el cuerpo que encabeza Ricardo Lorenzetti resuelva los casos antes del próximo sábado, fecha límite para la presentación de las listas de candidatos. Gils Carbó pidió a la Corte que haga lugar al per saltum interpuesto por el Gobierno contra los fallos de Servini de Cubría, al evaluar que la reforma es “más coherente con el compromiso constitucional democrático y da una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno”.La Procuradora consideró que se deben revocar esos fallos por haber sido dictados por Servini sin la intervención del Ministerio Público, ya que el fiscal electoral Jorge Di Lello se había excusado, y pese a ello la jueza igual dictó la resolución.Para Gils Carbó, la nueva ley es adecuada para lograr “los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo.
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