Maraña electoral

Tras la aprobación en el Congreso nacional, el proyecto de exteriorización de capitales en moneda extranjera, eufemística denominación de la propuesta de blanqueo de capitales que lanzó el Gobierno para frenar la embestida del llamado “dólar blue”, fue rápidamente reglamentada y puesta en marcha por la AFIP; y se mantendrá abierta hasta el 30 de septiembre.La operatoria fue bien recibida en el tensionado mercado inmobiliario; y no carece de una cuota de viento a favor a pesar de las críticas principistas, que vieron en el proyecto un guiño cómplice al lavado de dinero o un doble estandard en el trato a los contribuyentes, ya que se tiende una mano amiga al transgresor mientras se agobia al cumplidor  con reglas restrictivas, prohibiciones y una fuerte presión del Fisco.En paralelo con el lanzamiento de esta operatoria, que apunta a restablecer la actividad económica estimulando las transacciones inmobiliarias y el mercado de la construcción -severamente dañados por las restricciones a las operaciones con dólares-,  la cotización del dólar paralelo cayó de las alturas a las que había ascendido y se mantiene en un encuadre más razonable con el valor oficial de la divisa.En tanto, según la información oficial, en la recaudación del mes de mayo hubo un máximo histórico en Ganancias, IVA, Bienes Personales, Créditos y Débitos, y Aranceles de Importación; mientras que la recaudación por derechos de exportación cayó un 6,4%; respecto del mismo mes del año pasado; disminución que refleja las tensiones del gobierno con el campo, que se evidencian en la desconfianza de los exportadores a la hora de comercializar su producción. El Gobierno nacional sorprendió, por otra parte, en estos días al quitarle la concesión del Tren de la Costa al Grupo Soldati, un proyecto que ya había requerido la intervención del Estado por  problemas de rentabilidad de la prestataria. También anunció la reestatización de dos ramales ferroviarios de carga, uno de los cuales, el mesopotámico, que pasa por Posadas en dirección a Brasil; traería la recuperación del tarnsporte de pasajeros, en el futuro, además de las cargas. La operadora brasileña, que desde al década de 1990 se hizo cargo de los ramales, no habría cumplido con los requisitos de la concesión y habría dejado caer el nivel de actividad y las condiciones del servicioJusticia en focoEn este marco que da cuenta de la intención del Ejecutivo nacional de retener la iniciativa en materia económica y social, apuntando a garantizar en los próximos meses un nivel de consumo favorable a los intereses electorales del kirchnerismo; a la vez  profundizar el modelo económico K, la aprobación legislativa de la reforma del Consejo de la Magistratura abrió una catarata de pronunciamientos que complican la reforma judicial kirchnerista. . Más de 10 jueces de distintos distritos dieron curso a las cautelares presentadas contra las elecciones de consejeros, impulsadas por colegios de abogados en su mayoría, generando una compleja maraña judicial que, sin embargo, finalmente resolvería la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría; tal cual lo previó el oficialismo.  El panorama se le complica también a la oposición, ya que el miércoles vence el plazo para la presentación de frentes electorales, tanto para las elecciones legislativas como para la nacional de consejeros de la Magistratura. El kirchnerismo, por ahora, ganó la delantera al presentar este viernes su defensa de la reforma judicial a la jueza; al tiempo que se prepara para formalizar la semana próxima el frente nacional con el que aspira a competir en la elección de integrantes del Consejo, presentación que debe hacerse en forma simultánea en 18 distritos, según la nueva ley.  Esta se hallaría, sin embargo, en camino a una caída anunciada en la Corte Suprema, a la que sería girada ni bien exista un fallo sobre la cuestión de fondo.  A nivel provincial, esta semana la Corte Suprema respondió, en un fallo dividido, negativamente a la presentación elevada por la ex jueza del STJ misionero Marta Catella, objetando que en su destitución no se había respetado el derecho a la defensa. La ex magistrada, destituida mediante el mecanismo de juicio político por la mayoría oficialista en momentos en que el ex renovador, Esteban Lozina, presidía el Poder Legislativo, destacó que el fallo en su contra no fue unánime, y anticipó que espera ser reivindicada por al Corte Interamericana. Los argumentos del fallo, referidos a la cuestión procesal fundamentalmente, no ahondan en el contexto político del caso, determinante sin embargo, ya que el apartamiento de Catella del máximo tribunal provincial, seguido de un cuestionado sistema de “retiro voluntario”, fue el inicio de una clara cooptación política de la Corte misionera lanzada por el gobierno del Frente Renovador. Como sucede a nivel nacional, más allá de los logros reconocibles, la permanencia continuada en el poder por una década deja huellas en lo institucional y en la cultura política;  y no es poco habitual que las estructuras de la Justicia sean el blanco de manipulaciones o presiones partidistas. En los últimos días, el gobierno del Frente Renovador se lanzó a una intensa campaña electoral, en la que es perceptible una fuerte inversión, no únicamente en el cotillón acostumbrado, y que hace ostentación, por momentos obscena, de la confusión entre el Estado y el aparato partidario, colocando a los candidatos a cargos electivos al frente de los actos oficiales. Este proselitismo disfrazado, que no distingue entre la responsabilidad institucional y la ambición política, fue mal recibido en algunas ocasiones, como en el acto del Concejo posadeño en que se sorteaba el Concejo estudiantil, que se politizó al extremo de que los propios ediles oficialistas expresaron inoficialmente su malestar.Desde el bloque le tiraron el fardo a la presidenta del cuerpo, Maggie Solari. Sin embargo, la ostentación de candidatos siguió al en otros ámbitos, como en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Municipal de Danzas; dando la pauta de que se trata de una estrategia oficial.El Ministerio de Derechos Humanos, en tanto, denunció públicamente que la empresa dueña de las tierras de las que fue desalojado violentamente un grupo numeroso de productores de San Pedro se niega a dejar ingresar a los colonos que el gobierno relocalizó, a buscar sus pertenencias, virtualmente confiscadas en el represivo desalojo. Curioso es que hoy el Gobierno salga a cuestionar la actitud de la empresa, y a señalar que se embolsó más de
3 millones de pesos por las compras del Estado; pero el día en que se produjo el brutal desalojo brilló por su ausencia. Tampoco se produjo nunca  la intervención judicial y gubernamental que era de esperar, para aclarar las responsabilidades de los agentes del Estado en la acción represiva.