BUENOS AIRES (NA). El sindicato La Fraternidad (maquinistas) apoyó la reestatización de los ramales América Latina Logística y el Tren de la Costa, por entender que esa decisión ayudará a “reconstruir todo el sistema ferroviario argentino”.Así lo subrayó el secretario del gremio, Horacio Caminos, quien consideró que “el ferrocarril no está para ganar plata. Es un servicio público para los argentinos que viajan todo los días”.En declaraciones al canal CN23, el sindicalista destacó que “esta decisión firme de ir por la reestatización es lo más viable para que el sistema pueda resurgir”.El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció la rescisión de contratos de las empresas ferroviarias América Latina Logística (ALL) y Tren de la Costa, que así serán controladas por el Estado “sin costo alguno”.El Gobierno decidió esta medida al “comprobarse incumplimientos de los concesionarios”, señaló Randazzo.En tanto, Caminos consideró necesaria una “reconstrucción total del sistema ferroviario, que vaya además por el resurgimiento de la industria nacional”.“Apoyamos toda iniciativa de reimpulso de la industria ferroviaria, pero también se debe hacer teniendo en cuenta a la capacidad productiva de la Argentina. Si bien no estamos en condiciones hoy de fabricar locomotoras, debemos pensar en cómo hacer resurgir un sistema que ha sido desmantelado”. ALL operaba dos ramales: el Mesopotámico, que básicamente une la ciudad de Buenos Aires con el noreste del país y el Central, que comunica el puerto de Buenos Aires con Mendoza. Por su parte, el Tren de la Costa tiene 15,5 kilómetros de recorrido y 11 estaciones, bordea la costa del Río de la Plata y atraviesa cuatro partidos del norte del Gran Buenos Aires. Dilma está al tanto Según fuentes de la compañía brasileña América Latina Logística (ALL), la presidenta Dilma Rouseff ya está al tanto de la situación y tomó contacto con los dueños de la empresa, cuyas concesiones fueron canceladas.En un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio de San Pablo tras el anuncio de reestatización, el presidente de ALL Rodrigo de Moura Camps informó que el grupo se había enterado de la medida tomada por el gobierno nacional “por las versiones periodísticas” y que no había recibido ninguna información oficial acerca de la decisión de cancelar las concesiones otorgadas en 1999.En la misma nota, el titular de ALL deja en claro que su empresa mantiene “derechos económicos” sobre sus filiales en nuestro país, y que se tomarán “las medidas legales que correspondan” una vez que el Estado argentino le comunique la anulación por vías oficiales.“En vista del actual escenario político y económico de la Argentina, la compañía venía buscando potenciales inversores interesados en adquirir una participación en las concesiones de ALL Argentina”, explicó en la nota Moura Camps, quien dejó en claro que ya no era rentable la operación de las dos líneas de cargas para el grupo.Es oficial El Gobierno nacional formalizó la rescisión de los contratos de Concesión suscriptos con la empresa Tren de la Costa y los de explotación de los servicios de transporte ferroviario de carga de América Latina Logística (ALL).Lo hizo a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.A través de esta decisión, el Poder Ejecutivo asignó a la sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A., la operación del servicio ferroviario y la administración de la infraestructura ferroviaria de ambos ramales.En el caso del Tren de la Costa, la rescisión es por “incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario”, que ha provocado “un proceso de desinversión con falta de mantenimiento, especialmente en el material rodante”, de acuerdo al texto oficial.En cuanto a ALL, la rescisión también se dispuso por los “graves y reiterados incumplimientos” de esa empresa, dividida en las concesionarias América Latina Logística Central Sociedad Anónima y América Latina Logística Mesopotámica Sociedad Anónima para la explotación de los servicios de carga.En ambos casos, la auditoría oficial concluyó que las concesionarias “han incumplido reiteradamente y gravemente sus obligaciones contractuales, por ejemplo, multas aplicadas que superan el 30% de la garantía del contrato, incumplimiento del canon por más de seis meses, incumplimiento al programa anual de inversiones, abandono de ramales, levantamiento de vías y traslado de activos sin autorización”, advirtió el Gobierno.Asimismo, sostuvo que “los incumplimientos de las concesionarias agravan el déficit histórico en el estado general de la infraestructura, equipamiento y material rodante y redunda en el deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados”.“Las sanciones aplicadas a las concesionarias, sin haber modificado su conducta, dan lugar a la aplicación de la máxima sanción, ello es la rescisión”, enfatizó el Poder Ejecutivo.
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