BUENOS AIRES (NA). La reforma del Consejo de la Magistratura, que establece como principal novedad la elección por el voto popular directo de sus miembros, entraría en vigencia esta semana y se espera una catarata de presentaciones judiciales en contra, con un final abierto en la Corte Suprema.La presidenta, Cristina Kirchner, no promulgó la ley, que sin embargo entraría en vigor automáticamente esta semana, porque ya pasaron los diez días de plazo legal desde su sanción en el Congreso para que una norma quede firme y sólo queda su publicación en el Boletín Oficial.Dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y jueces entienden que el Poder Ejecutivo decidió que este plazo corriera y demoró la publicación en el Boletín Oficial para acortar al máximo los tiempos judiciales para resolver los futuros planteos en contra y, a la vez, complicar la estrategia opositora para presentar candidatos a consejeros, teniendo en cuenta que el 22 de junio cierra la inscripción de listas.Es que, además, un artículo de esta ley de reforma del organismo que selecciona y designa jueces establece que una coalición de partidos políticos sólo podrá llevar candidatos a consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias.Entienden que este piso de 18 distritos tiene un “perfil proscriptivo” y supone una dificultad para la oposición en su armado electoral con vistas a los comicios legislativos del 27 de octubre próximo, aunque ya cavilan estrategias para sortearla, como la presentación de una lista consensuada y federal de candidatos a consejeros.Fuentes del oficialismo consideraron que la Ley llegará por la vía del per saltum a la Corte Suprema de Justicia y, a diferencia de hace algunas semanas, ahora existe confianza en que finalmente será convalidada por el máximo tribunal.La ruta de la judicialización de la reforma del Consejo de la Magistratura comenzará con planteos en juzgados de primera instancia, que pueden ser del fuero en lo Contencioso Administrativo y el Electoral, tras lo cual llegarán al máximo tribunal.En la oposición, el presidente de la UCR, Mario Barletta, dijo a NA que espera que la reforma no pase la prueba de constitucionalidad y que la Corte “no va a ser cómplice”.
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