POSADAS. La Justicia procesó ayer a cuatro personas por el delito de “estafa reiterada” y a una quinta en calidad de “partícipe secundario”, en el marco de la resonante investigación por el caso de las “moto estafas”. La medida, sin orden de prisión preventiva, fue dictada en las últimas horas por el juez de Instrucción 2 de Posadas, César Yaya. En dicho estrado judicial se maneja la investigación desde el 18 de mayo de 2010, luego de que se presentara un hombre a radicar una denuncia por estafa tras comenzar a pagar una motocicleta, al parecer luego de pasar sin éxito por las oficinas de Defensa del Consumidor, donde ya había otras 500 presentaciones similares.El caso comenzó a conformarse entonces y a sumar folios en el expediente, con la radicación de un centenar de denuncias. Ante la reiteración de estafas y con las pruebas necesarias, Yaya y su equipo comenzaron a actuar, aunque no fue fácil. Durante los primeros meses encontrar a los presuntos estafadores se transformó en una pesadilla, ya que se cree que los mismos mudaron tres veces el local en el que atendían al público, sin contar con los viajes que hacían al interior para vender las motocicletas.Después de un tiempo, los pesquisas finalmente llegaron al lugar indicado. Se trataba de la concesionaria “Ciudad Motor”, ubicada en 25 de Mayo y Entre Ríos, que fue allanada el martes 20 de septiembre de 2011. En ese entonces la Policía montó un amplio operativo de resguardo al local, temiendo por la reacción de los damnificados. El caso, una primicia exclusiva de PRIMERA EDICIÓN, trascendió entonces a la opinión pública y enseguida comenzaron a llover las denuncias en el juzgado de Yaya. Allí se llevan radicadas unas 200 presentaciones judiciales, aunque los investigadores hablan de unos 1.300 damnificados a lo largo y ancho de la provincia. La estafa sería multimillonaria y superaría ampliamente los 4 millones de pesos.Aunque el “modus operandi” de los estafadores era variado, la principal “estrategia” consistía en cobrar una seña a los clientes y después retrasar la entrega del rodado, aduciendo problemas de papeles u otras cuestiones. En muchos casos las víctimas aceptaban resignadas un vehículo de menor valor antes que volver a casa con las manos vacías. Si bien durante la marcha de la investigación fueron entregadas algunas de las motocicletas, son numerosas las que deben esperar a que se expida la Justicia para volver con sus propietarios. En ese sentido se supo que desde el Juzgado se analizan posibilidades para un resarcimiento a los damnificados. La empresaria y sus supuestos secuacesEn la causa de las moto estafas figuran como supuestos cabecillas de la banda una mujer oriunda de Paraguay (que dijo ser empresaria en su momento) y su pareja. La presunta líder de la organización residía, al momento de producirse una avalancha de denuncias por las irregularidades en las ventas de motos, en un lujoso departamento situado frente al Parque Paraguayo. Luego la mujer se declaró inocente ante algunos medios y dijo que sólo entregaba las motos en consignación a las agencias. Desde que el caso estalló hasta la fecha, la Justicia entregó numerosas motocicletas a los clientes defraudados. Un vocero reveló que esto se debe a que las autoridades sólo pueden entregar los vehículos a quienes cuentan con los trámites de compra relativamente avanzados y ya tenían asignado un rodado con, por ejemplo, número de chasis o motor. El resto, lamentablemente, debe esperar la continuidad de la investigación. En medio del desarrollo de la causa el juez que sigue el caso, César Yaya, fue recusado por la defensa de la mujer imputada, sin embargo un tribunal de alzada desestimó el pedido de apartamiento. Además de la pareja, fueron acusados otros tres individuos, quienes uno a uno se habrían intentado desvincular de las imputaciones, sin embargo y a criterio del magistrado, las evidencias con las que cuenta sirvieron para resolver la acusación formal.
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