BUENOS AIRES (NA). En la semana en que Ricardo Jaime quedó junto a otros ex funcionarios y empresarios camino al juicio oral y público por la tragedia de Once, la Justicia ratificó la prohibición de salida del país para el ex secretario de Transporte. La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal, la misma que confirmó el procesamiento de los ex funcionarios, entre ellos del también ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a quienes les endilgó las figuras de estrago culposo y administración fraudulenta, que en conjunto alcanzan una pena de hasta once años de cárcel.En tanto, esta semana o la próxima, el fiscal federal Federico Delgado presentará el requerimiento de elevación a juicio oral y público luego que días atrás el juez federal Claudio Bonadío cerrara la instrucción y pidiera opinión a las partes respecto a remitir la causa a un tribunal oral.Los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun confirmaron lo que había resuelto Bonadío, al dictar la prohibición de salida del país no sólo de Jaime, sino también de Schiavi y los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano.En otra resolución de principios de enero, y a la cual accedió Noticias Argentinas, la misma Cámara ratificó la prohibición de salir del país al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa.Jaime y Ochoa están obligados además a presentarse cada treinta días ante la Delegación Córdoba de la Policía Federal, y no ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas, como tampoco desplazarse a más sesenta kilómetros sin previo aviso.En su fallo, la Cámara explicó que “todo imputado se encuentra sometido a ciertas restricciones” y ello “por la propia existencia de un proceso penal en curso”. “Independientemente de la mayor o menor responsabilidad que en el hecho se les atribuya, el cumplimiento de las pautas de conducta fijadas son ineludibles, pues su imposición obedece a la necesidad exclusiva de asegurar los fines de la investigación”, concluyó la Cámara. En otra resolución, la Cámara Federal desestimó un planteo formulado por el apoderado de TBA Carlos Lluch, un abogado que también está camino a juicio, quien pretendía revocar la resolución de Bonadío por la cual si bien le autorizaba la autorización de salida del país lo hizo bajo caución real de cien mil pesos.El abogado de Lluch protestó porque el embargo “resulta francamente excesivo y torna ilusorio el derecho de su asistido a realizar un viaje de vacaciones”.“Las diversas restricciones personales y patrimoniales que enfrenta Lluch no son más que consecuencia de la tramitación de este proceso”, justificó la Cámara Federal. Los camaristas entendieron que la caución fijada por el juez previo a su salida del país “tiene como único fundamento y límite la necesidad de asegurar que Lluch retornará al país, oportunidad en la que le será restituida la suma que por tal concepto haya depositado”, tal cual surge de la resolución adoptada el 3 de enero pasado.
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