BUENOS AIRES (NA). La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento para los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, a quienes agravó las acusaciones, y ratificó la de los empresarios Sergio Claudio y Mario Cirigliano, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once, en la cual murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012.Asimismo, el Tribunal revocó el sobreseimiento y procesó al maquinista Antonio Córdoba por el delito de “estrago culposo”, según el fallo al que accedió Noticias Argentinas, de 62 carillas, y en el cual se urge al juez federal Claudio Bonadío a que remita la causa a instancia de juicio oral y público.Los jueces agravaron la situación de los ex funcionarios por la expectativa de pena de las figuras penales y en atención a que estrago culposo prevé cinco años de cárcel y el de administración fraudulenta unos seis, con lo cual en caso de ser condenados por la máxima superarían los diez años.A los ex funcionarios, entre quienes están Pedro Ochoa (titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte entre febrero de 2004 y diciembre de 2007) y Antonio Luna (ex subsecretario de Transporte), la Cámara les equiparó su situación penal a la de los empresarios, y los procesó por estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun en cambio no hicieron lugar al pedido de las querellas y la fiscalía de endilgarles el delito de asociación ilícita.El tribunal también revocó el sobreseimiento de Antonio Sícaro (ex titular de la CNRT), quien en agosto pasado había sido ascendido a subsecretario de Regulación Normativa del Transporte y debió presentar su renuncia por la causa: al igual que al resto, le impuso embargos de 600 millones de pesos.“Lo cierto es que el progresivo deterioro de los trenes y, con ello, el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto y normal desarrollo del servicio, pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal”, recalcó el Tribunal respecto del hombre que durante los últimos años tuvo a su cargo el control de todo el transporte público de la Argentina.En cuanto a los ex secretarios de Transporte, los jueces señalaron que “no caben dudas” que Jaime y Schiavi “se encontraban en cabal conocimiento de los términos contractuales y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del servicio por parte de TBA, pese a lo cual permitieron su continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la vergonzosa realidad”.También valoraron que ellos sabían del incremento de subsidios que se entregaban: entre marzo de 2006 a abril de 2010 el subsidio por explotación se incrementó un 146%; en tanto que el monto por pasajero subió un 483,72% entre 2003 y 2009.“Ha quedado demostrada, de ese modo, la contribución de Jaime, Schiavi y Luna a los hechos analizados merced al desapego y total ausencia de atención a la forma en que eran mantenidos los bienes concesionados y al modo en que se prestaba el servicio y se velaba por la propia seguridad de los usuarios”, remató la Cámara.Respecto a Ochoa y Sícaro, los jueces evaluaron que como entonces titulares del órgano de control de transporte sólo se limitaron “a la periódica elaboración de informes, sin que ninguna concreta medida se tomara a efectos de que se corrigieran las deficiencias advertidas en relación a la operación del servicio ferroviario de la línea Sarmiento”.A los empresarios de TBA y la firma controlante de ésta, Cometrans, la Cámara los benefició al revocar la figura de asociación ilícita por la cual habían sido procesados en primera instancia y reformular la de estrago doloso por culposo (la cual prevé una menor pena) al considerar que no actuaron con la finalidad que el tren chocara.La Cámara hizo referencia a los reiterados informes que elaboró la Auditoría General de la Nación dando cuenta de un pésimo estado de los trenes, y al considerar que las preocupaciones por parte del directorio de TBA “pasaban centralmente por lograr mayores reconocimientos económicos por parte del Estado”.“De tal proceder son responsables todos aquellos que, directa o indirectamente, tuvieron capacidad funcional para modificar el escenario adverso existente, pese a lo cual, desarrollando una política empresarial desaprensiva que, lejos de tender a conservar en un umbral mínimo los riesgos propios de la operación, priorizó la atención de asuntos corporativos en desmedro de las específicas funciones asignadas, permitieron y avalaron el paulatino y constante crecimiento de los peligros", agregaron.Los jueces refutaron la versión de los hermanos Cirigliano, quienes aducían que las decisiones las tomaba el directorio de TBA y no ellos como empresa societaria.
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