BUENOS AIRES (Medios digitales). Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal, presentó ayer su renuncia a la magistratura y anunció el comienzo de los trámites para jubilarse. El juez integró, junto a los magistrados Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, el tribunal que absolvió a los trece imputados del secuestro y la explotación sexual de María de los Ángeles “Marita” Verón. Con esta dimisión, Herrera Molina evitaría someterse al proceso de destitución que ayer a la mañana puso en marcha Susana Trimarco, la madre de Marita, mediante una denuncia presentada en la Legislatura, según informa el diario tucumano La Gaceta. El magistrado renunciante tiene 69 años y entró a la Justicia en 1986. Fue juez del Crimen en Concepción y luego fiscal de Cámara en la capital. En 1992 se integró a la Sala II de la Cámara Penal. Días después del fallo absolutorio, que fue repudiado por parte de la sociedad, María Herrera Molina, hija del magistrado, publicó una carta en la red social Facebook para respaldar a su padre, a quien definió como “un luchador y defensor de la Justicia”.Grave acusación La madre de la joven desaparecida consideró que el magistrado recibió 2 millones de pesos en propiedades y efectivo por parte de allegados de los imputados para que votase por la absolución, indicaron los medios tucumanos en su momento. “Una guarangada jurídica”Ayer a la mañana, José D’Antona y Carlos Garmendia, los abogados de Susana Trimarco, formalizaron el pedido de enjuiciamiento contra los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, responsables de absolver a los trece imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, en abril de 2002.En diálogo con radios locales, D’Antona señaló: “Es una guarangada jurídica lo que hicieron estos jueces. Han mentido descaradamente y el presidente del tribunal tuvo el tupé de decir que para él este juicio va a quedar impune”. En relación a la modificación en la Ley de Trata que se promulgó ayer, el abogado puntualizó: “La ley existe desde 2008. Lo que ha habido ahora es una modificación. Si bien es tardía, siempre viene bien para corregir algunas cuestiones que funcionaban como baches para la persecución de este delito. Faltan algunas otras modificaciones que Susana las va a impulsar el año que viene, que están relacionadas con las penas”. D’Antona aclaró que, por un lado, llevarán a cabo el juicio político a los tres jueces que absolvieron a los trece imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón y, por otro, a través de una instancia superior, que es la Corte Suprema de Tucumán, pedirán los primeros días de febrero el recurso de Casación que “apunta a que se revise la sentencia, se declare nula y se declare culpable a las trece personas que estos supuestos jueces han declarado inocentes”. “Susana está entera y fortalecida porque está acostumbrada a las penurias. Está con la templanza de siempre y con más fuerza que antes”, añadió. Sobre la supuesta coima que cobraron los jueces del Tribunal el abogado detalló: “A Susana le llegaron varios mensajes y una carta que decían explícitamente que no tuviera esperanza con el juicio porque estaba todo arreglado. Entonces se contactó con el presidente del Tribunal pero él le negó todo y por las dudas también hizo la denuncia para que quedara en manos de la Justicia. Pero a los trece meses terminó siendo tal cual como le habían dicho en ese mensaje.
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