El formoseño y sargento retirado de Gendarmería Nacional, Carlos Ramón Gómez, comenzó a ser juzgado este lunes por el homicidio calificado -en diciembre de 2001 en esta capital- de su esposa María Esther Barrera de 35 años. Ante el Tribunal Penal 2 se sentó en el banquillo de acusados para aclarar sus datos personales, abstenerse de declarar y ser interrogado y sólo sostener, brevemente: “Yo, por esta causa ya fue sobreseído en 2003 y ya me declararon inocente”.
Gómez, hoy de 66 años, fue aprehendido el sábado 3 de octubre cuando transitaba en la camioneta de un abogado. La orden de detención fue emitida por el presidente del TP-2, César Antonio Yaya ante el riesgo que se escapara y no se presentara al debate que, se inició finalmente a las 8.30 de hoy y se utilizó la jornada para la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio y la correspondiente elevación del juez de instrucción de la causa.Pero también correspondió a que se respondieran planteos preliminares de la defensa que sostiene que el caso es nulo por preclusión del expediente, por plazo razonable vencido y por fallos de distintos estamentos judiciales que fueron apelados.
El tribunal que se completa con los vocales subrogantes: Karla Alejandra Freitag y Juan Manuel Monte, (jueces de instrucción 1 y 2 de la Primera Circunscripción, respectivamente) rechazó estos puntos pero también, la recusación previa contra el fiscal Vladimir Glinka que presentó la defensora particular Olga Anahí Tabacchi (exfiscal de Cámara de Santo Tomé, Corrientes, destituida en 2025 por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real con falsificación de instrumento público, y en concurso aparente con daños”).
Respondidos los planteos preliminares y finalizadas las lecturas del caso a juzgar, se le realizó la audiencia de visu al encartado, quien respondió por sus datos personales directos pero se abstuvo de declarar.
Afirmó que es sargento primero retirado de GN, que actualmente trabaja como chofer de aplicaciones y que continúa residiendo en la chacra 147 de Villa Cabello con una nueva pareja y una hija. Se amparó en su derecho a no declarar sobre la acusación.
El Tribunal decidió además postergar por un día el inicio de la producción de prueba, la recepción de las voces de testigos. Por lo que los tres primeros citados se sumaron para mañana desde las 8 a la lista que será de cinco testimonios, entre ellos, el hombre en cuya vivienda se encontraba Barrera cuando irrumpió Gómez para dispararle.
María Esther Barrera perdió la vida de cuatro disparos de una pistola calibre nueve milímetros (marca Pietro Beretta) el 9 de diciembre de 2001 -a las 21.15- en una casa del barrio San Lucas, zona Sur posadeña.
El crimen se registró alrededor de las 21.15 del domingo 9 de diciembre de 2001 en la vivienda en el cruce de las calles Los Andes y Niñas de Ayohuma, en el barrio San Lucas, entre las avenidas Cocomarola y Alicia Moreau de Justo (exruta 213), zona sur de Posadas.
Hasta este lugar, Carlos Gómez siguió sigilosamente a Barrera. La había sorprendido en una estación de servicios junto a otro hombre, con quien partió en un automóvil hasta llegar a la que luego se transformaría en la escena del crimen. Gómez, quien prestaba servicios en el puente internacional, ingresó a la vivienda y sorprendió a la víctima junto al tercero en discordia. Atacó a golpes al dueño de casa hasta que quedó inconsciente. Después fue por Barrera, y le disparó cuatro veces con precisión.
Cuando el principal testigo despertó de la golpiza, encontró a la mujer moribunda a su lado. Barrera fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Madariaga y a las 21.57 se confirmó el deceso. Gómez decidió entregarse alrededor de las 2.10 del día siguiente en el puesto de control de Gendarmería en el cruce de las rutas nacionales 105 y 14, en San José.
Los casi 25 años de trajinar sin debate que lleva este expediente se resumen en que, en un primer momento, la instrucción de la causa dio por finalizada la investigación en 2003, razón por la que la fiscalía a cargo requirió la elevación a juicio. No obstante, en aquel momento, la defensa de Gómez se opuso en razón de los resultados de las pericias psicológicas realizadas al imputado, que sostenían un episodio de “emoción violenta”.
Para los padrinos legales del imputado, el mismo debía ser declarado inimputable y sobreseído. Aquello fue rechazado por el entonces juez de Instrucción Eduardo D’Orsaneo, al frente de la investigación en su momento, razón por lo que todo terminó en un recurso de apelación.
El Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción actuó como alzada, por entonces no existía la Cámara de Apelaciones en lo Penal, y se efectivizó la excarcelación del involucrado.
Gómez debía presentarse cada mes ante la Justicia, pero rompió el arraigo y por ello, a principios de 2013, el Tribunal Penal 2 lo declaró rebelde y ordenó su captura inmediata, que se materializó el miércoles 29 de mayo en Buenos Aires, donde vivía. Meses después, cumplimentados los plazos, nuevamente fue excarcelado bajo una serie de restricciones que actualmente cumple, según informaron las fuentes.
En marzo de 2018, se volvió a solicitar el debate ya en manos del Tribunal Penal 2 el expediente, pero volvió a dilatarse y la defensa de Gómez recurrió a la Corte Suprema en queja por el rechazo al sobreseimiento. En julio de este año, el máximo escalón judicial del país rechazó este recurso y se fijaron 16, 17 y 18 del mes pasado como los días para el debate, pero las estrategias de la defensa intentaron frenarlo y el Tribunal Penal 2 decidió posponerlo para ayer y designar un defensor oficial, Mario Sebastián Ramírez para garantizar el derecho del imputado.
Horas previas al debate, asumió como nueva abogada particular Tabacchi y este lunes, minutos antes del inicio del juicio se sumó otro abogado, Fausto Mauricio Ramírez, el mismo que conducía la camioneta el sábado cuando investigadores de la Unidad Regional I la interceptaron en el cruce de las avenidas San Martín y Bustamante y detuvieron al acusado.
Resultó curioso ayer, y hoy debería aclararse, que ambos letrados no tenían al día el pago del fondo para litigar en el Colegio de Abogados de Misiones. Los dos respondieron en la sala de debata que no impactó el pago del VEP (volante electrónico de pago que se paga con múltiples plataformas o billeteras virtuales, por ejemplo).
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