La investigación judicial contra el exdiputado nacional Facundo Moyano continúa avanzando, pese a que recuperó la libertad tras permanecer más de 15 horas detenido. La causa busca determinar si existieron delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de presunta violencia de género contra Candela Arizaga.
El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano. La intervención policial comenzó luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer semidesnuda corriendo por la vía pública junto a un hombre. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Ciudad identificaron a Moyano y Arizaga.
De acuerdo con la investigación, en un primer momento la mujer manifestó haber sido agredida por el exlegislador mientras ambos consumían estupefacientes. Esa declaración motivó la detención de Moyano y el traslado de Arizaga al Hospital Pirovano para recibir atención médica.
Sin embargo, horas después, al declarar ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad, la joven modificó su testimonio y sostuvo que no había sido agredida por el exdiputado.
Tras esa declaración, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de Moyano, recibió su declaración indagatoria y posteriormente dispuso su liberación. Al retirarse de la sede judicial, el exlegislador afirmó ante la prensa que “está todo aclarado”.
La investigación continúa
La liberación de Moyano no significó el cierre de la causa. Como medida cautelar, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con Arizaga mientras continúa la investigación.
El fiscal Julián Pistone lleva adelante distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas figuran el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los informes médicos, las pruebas obtenidas durante el allanamiento, la incorporación de nuevos testimonios y una nueva declaración de la mujer.
Uno de los puntos centrales del expediente es la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad, un delito de acción pública. Esto implica que la Fiscalía puede continuar con la investigación aun cuando la presunta víctima no impulse o sostenga una acusación.
En ese sentido, especialistas en derecho penal señalaron que el Ministerio Público tiene la obligación de reunir las pruebas necesarias para determinar si existen elementos suficientes que permitan acreditar la comisión de alguno de los delitos investigados.
Mientras avanzan las pericias y las medidas ordenadas por la Justicia, se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos resultados incorporados al expediente y si la representación legal de Arizaga presentará alguna acusación formal.
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