La mujer de 40 años detenida la semana pasada acusada de quedarse con varios millones de pesos mediante falsas promesas de contratos laborales en organismos públicos fue indagada ayer en el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas.
El juez Ricardo Walter Balor le imputó en forma preventiva el delito de “estafa”, pero la sospechosa optó por abstenerse de declarar y designó un defensor oficial, en este caso Miguel Ángel Varela, para que la asista durante el proceso.
La audiencia se concretó en el edificio judicial de la calle Buenos Aires casi avenida Roque Pérez, donde la acusada fue notificada formalmente de los hechos que se le atribuyen en una causa que, hasta el momento, reúne 17 denuncias de presuntas víctimas.
El expediente, con intervención del fiscal René Germán Casals, investiga una maniobra que habría consistido en ofrecer supuestos contratos de trabajo en la Municipalidad de Posadas, la Cámara de Representantes, el Poder Judicial, la Dirección Provincial de Vialidad y el entonces IFAI, actual IMaC, a cambio del pago de sumas que iban desde 500 mil pesos hasta más de un millón de pesos, según el cargo prometido.
De acuerdo con la investigación, la imputada aseguraba desempeñarse como abogada penalista, perito forense y trabajadora vinculada al Poder Judicial. Además, afirmaba contar con contactos políticos y funcionarios con capacidad para gestionar ingresos a la administración pública, lo que le permitía generar confianza entre personas con urgentes necesidades laborales. Ejemplo de ello fue que una mujer vendió los animales que criaba en su chacra de Nemesio Parma, además de los materiales de construcción que tenía para apuntalar su vivienda y hasta solicitó préstamos en financieras y recurrió a familiares y conocidos para reunir las sumas requeridas por la denunciada. Así pudo juntar casi tres millones de pesos para la “seña” de los contratos. Hasta hoy aguarda un trabajo para sus hijos. Los investigadores sostienen que la imputada solicitaba documentación personal para aparentar que el trámite de incorporación era real. Luego comunicaba supuestas fechas de ingreso, firmas de contratos y altas administrativas, mientras requería que el dinero fuera transferido a cuentas bancarias o billeteras virtuales informadas por ella misma.
La pesquisa se inició a partir de denuncias radicadas desde marzo pasado en la comisaría Sexta y derivó la semana pasada en dos allanamientos. En esos procedimientos, la sospechosa fue detenida en una vivienda del barrio San Gerardo, donde además fueron secuestrados un Volkswagen Bora y cuatro teléfonos celulares que serán peritados.
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