El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por el caso Skanska, uno de los primeros grandes escándalos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Los jueces consideraron acreditada la responsabilidad de ambos exfuncionarios en irregularidades vinculadas con la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) a la empresa sueca Skanska.
De Vido fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta, en calidad de coautor. Con esta sentencia suma su quinta condena por hechos de corrupción.
Entre sus antecedentes judiciales figuran una condena de cuatro años por la compra de los denominados “Trenes Chatarra”, otra de cuatro años por sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), una pena de tres años de prisión en suspenso en la causa Odebrecht y la condena de cuatro años confirmada por la Corte Suprema en la causa por la Tragedia de Once, por la que actualmente cumple arresto domiciliario.
En tanto, José López recibió la misma pena: cinco años de prisión e inhabilitación perpetua por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta, también en calidad de coautor.
Durante el proceso judicial, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron que De Vido, López y otros funcionarios actuaron de manera coordinada para direccionar licitaciones en favor de Skanska mediante concursos privados sin justificación, facilitando una maniobra fraudulenta en la contratación de las obras.
El tribunal también resolvió absolver a 17 imputados luego de que el Ministerio Público Fiscal desistiera de la acusación al considerar que no se logró acreditar su responsabilidad penal en los hechos investigados.
El origen del caso Skanska
La causa Skanska se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos sobre presuntos hechos de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La investigación buscó determinar si existió un esquema de pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer a la empresa sueca en las licitaciones destinadas a ampliar los gasoductos de TGN y TGS.
El expediente se inició en 2006 bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. A partir de esa investigación también se desprendió otra causa de relevancia nacional: el caso Odebrecht, que analizó presuntas irregularidades en contratos vinculados con las mismas obras de infraestructura energética.
Fuente: Infobae
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