La investigación por la muerte de un jubilado en San Vicente dio un nuevo giro en el ámbito de la Justicia y ahora se agravó la situación del único detenido por el hecho, un joven de 18 años, señalaron fuentes del caso.
Es que el Juzgado de Instrucción de San Vicente modificó en las últimas horas la calificación legal del hecho, de “homicidio simple” a “homicidio criminis causa”, lo que podría llevar al acusado, de ser hallado culpable en un eventual juicio oral, a afrontar la pena máxima del Código Penal Argentino, precisó un vocero.
La víctima, Esteban Carlos Bowchaluk, de 72 años, fue asesinada en su vivienda del barrio sanvicentino de Las Quintas, el viernes 21 de marzo del año pasado.
En su momento y por el crimen, la Policía detuvo a un joven de 18 años y demoró a un adolescente de 16, quienes fueron investigados como los principales sospechosos. Sin embargo, y por cuestiones legales, fue imputado el mayor de los involucrados.
Tal como publicó PRIMERA EDICIÓN en su momento, el hallazgo del cuerpo de Bowchaluk fue reportado a la policía por una vecina ese mismo viernes por la tarde. La mujer ingresó al domicilio y se topó con un sangriento escenario.
Al llegar a la escena, los efectivos constataron que el cadáver yacía sobre una cama con rastros de sangre en el rostro.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, se cree que los autores del hecho habrían ingresado a la vivienda con fines delictivos y, al encontrar al hombre en el lugar, lo habrían golpeado hasta provocarle la muerte. En la escena del crimen, los agentes secuestraron un trozo de madera de aproximadamente 80 centímetros de largo con clavos en uno de sus extremos.
Este habría sido el arma homicida.
Ambos jóvenes fueron aprehendidos durante la tarde de ese mismo día en el marco de la investigación y trasladados a la sede policial.
Voceros vinculados a la investigación señalaron que la recalificación del hecho complicó la situación procesal del único detenido, teniendo en cuenta que la figura de “homicidio criminis causa” es una de las más graves previstas por el Código Penal Argentino.
Dicha agravante se configura cuando una persona causa la muerte de otra “con el objetivo de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito (como robo o violación), o bien para procurar la impunidad propia o de un tercero”. Debido a su especial gravedad, la ley prevé para este delito la pena de prisión o reclusión perpetua, siempre y cuando el imputado sea hallado culpable en una futura instancia de debate oral. No se descarta que el juez a cargo de la investigación ordene en los próximos días nuevas medidas procesales.
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