Las propiedades abandonadas que generan riesgos ambientales o focos delictivos en los barrios de la capital misionera son tema de debate en el Concejo Deliberante, donde se propuso bloquear trámites a los propietarios de baldíos, crear un registro de infractores y endurecer las sanciones contra quienes incurran en el abandono de sus predios.
“Muchísimos vecinos de Posadas están padeciendo distintas situaciones desde hace muchos años por causa de estos baldíos abandonados y hoy no se tienen las herramientas necesarias para intervenir, ni siquiera para entrar a limpiar de oficio”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la concejal Judith Salom, quien la semana pasada presentó un proyecto en ese sentido.
“Se busca modificar la normativa vigente sobre el mantenimiento de los inmuebles privados para agilizar los mecanismos que permitan el ingreso municipal a los predios abandonados para su limpieza y que luego los cargos por esas tareas se computen como deuda dentro del impuesto inmobiliario. No pagarlos bloquearía al propietario para cualquier trámite de venta del inmueble”, sintetizó Salom (UCR).
En otro de sus tramos más salientes, el texto también introduce la declaración de Emergencia Sanitaria y de Seguridad Pública, lo que permitiría al municipio actuar de oficio ante determinados casos. La iniciativa prevé una reforma estructural de la Ordenanza XVIII-322, sancionada a finales de 2024, mediante la sustitución del sistema de penalidades actual, que contempla la imposición de una sanción de carácter ecológico al infractor, a través de la cual debe donar al vivero municipal 50 plantines de especies autóctonas.
“Al infractor esto no le representa nada; para él es más fácil que le apliquen un montón de multas y no pagarlas, que limpiar el terreno. O bien le sale más barato pagar la multa que mandar a limpiarlo”, enfatizó Salom. La modificación que introduciría su proyecto prevé un esquema basado en unidades fijas. De avanzar su aprobación, también estipula la creación de un registro público de infractores.
“Optimizar herramientas”
Salom remarcó que el propósito de la reforma es “optimizar las facultades operativas de la Comuna ante las demandas reiteradas de las comisiones vecinales”.
“Directamente se busca permitir la intervención municipal, pero siempre y cuando se compruebe que estos predios abandonados generen en el barrio situaciones de inseguridad y de insalubridad”, explicó la edil.
Luego detalló que la iniciativa surgió a partir de expedientes y reclamos localizados en varias chacras de Posadas, entre las cuales los casos con más denuncias ocurren en las chacras 50, 129 y 239.
En el aspecto administrativo, el proyecto modifica el artículo 7 y el artículo 10, incisos b y c, y agrega el artículo 10 bis, que establece que los costos derivados de las tareas de limpieza, desinsectación y cerramiento preventivo ejecutadas por las cuadrillas municipales se liquidarán directamente sobre la cuenta general de rentas de la propiedad deudora.
El proyecto estipula que dicho saldo pendiente deberá ser cancelado de forma obligatoria antes de que el municipio otorgue autorizaciones para la aprobación de planos de construcción, mensuras, subdivisiones o transferencias de dominio del inmueble afectado.
“En caso de que la Municipalidad tenga la autorización para intervenir y hacer la limpieza necesaria, eso obviamente tiene un costo operativo; ese costo se va a trasladar al inmueble como deuda”, especificó la impulsora de la norma.
El proyecto fue girado a la comisión de Hacienda para su evaluación técnica, donde se analizará su compatibilidad con las leyes provinciales y nacionales, que resguardan el derecho a la propiedad privada.
Luego, el texto final, también requerirá el dictamen de las comisiones de legislación y de salud antes de ser sometido al debate y votación definitiva en el recinto.
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