La crisis que atraviesa la Cooperativa Picada Libertad de Leandro N. Alem sumó este martes un nuevo capítulo de incertidumbre. La audiencia convocada en la ciudad de Oberá para intentar destrabar el conflicto laboral terminó sin avances luego de que representantes de la entidad no se presentaran al encuentro, según denunció el Sindicato de Obreros y Empleados del Trabajo Rural Argentino (SOETRA).
La situación fue confirmada por Ramón Zabala, delegado gremial, quien calificó la reunión como un fracaso y adelantó que los trabajadores profundizarán las medidas de fuerza y avanzarán con acciones judiciales ante la falta de respuestas.
“La audiencia de hoy fue un fracaso”, afirmó el dirigente sindical.
El conflicto se desarrolla en medio de una delicada situación económica de la histórica firma tealera, que desde hace semanas permanece sin suministro eléctrico debido a una importante deuda acumulada y mantiene atrasos salariales con su personal.
De acuerdo con lo expresado por Zabala, la ausencia de los directivos dejó sin posibilidades de negociación inmediata a los 29 trabajadores alcanzados por el conflicto, quienes ahora comenzaron a evaluar otras alternativas para reclamar el cobro de los haberes adeudados.
“La medida de fuerza va a continuar en lo que respecta a los reclamos”, señaló el representante de SOETRA.
Además de la estrategia impulsada por el sindicato, cada trabajador avanzará de manera individual con intimaciones formales dirigidas a la empresa. Según explicó el gremialista, si esas presentaciones no obtienen respuesta, se iniciarán demandas judiciales.
“Los trabajadores, por individual, le van a intimar a la empresa también. Lo mismo que estamos haciendo como gremio, van a ser por individual. Si no tienen respuesta, van a iniciarle una demanda judicial”, sostuvo.
Las acciones legales no estarían dirigidas únicamente contra la cooperativa como persona jurídica. Desde el sindicato adelantaron que también buscarán determinar responsabilidades individuales de quienes actualmente integran la conducción de la entidad.
“No solamente a la cooperativa, sino que a estos personajes que hoy son consejeros y gerente”, manifestó Zabala al referirse a las futuras presentaciones judiciales.
El dirigente aseguró que la situación social de los empleados continúa agravándose con el paso de las semanas y cuestionó la falta de soluciones concretas por parte de quienes administran la empresa.
La preocupación se incrementa debido al perfil de los trabajadores afectados. Según detalló el delegado gremial, se trata de empleados con una extensa trayectoria dentro de la cooperativa y con escasas posibilidades de reinserción laboral inmediata.
“Son 29 trabajadores los afectados. Lo más crítico de esta situación es que todos tienen más de 40 años y un promedio de antigüedad de 20 años”, explicó.
Incluso señaló que uno de los operarios acumula 43 años de servicio dentro de la entidad.
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