La discusión por los ingresos de los jubilados volvió a quedar en el centro del debate económico. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que, de haber continuado la fórmula de movilidad previsional vigente desde 2021, la jubilación mínima habría llegado en junio de 2026 a $490.621, mientras que con el esquema actual dispuesto por el Gobierno nacional se ubica en $403.327. La diferencia es de 21,6%.
El estudio analiza la política previsional implementada durante la gestión de Javier Milei, con especial foco en el cambio de fórmula dispuesto por el DNU 274/2024, que reemplazó el sistema anterior por una actualización mensual atada a la inflación. Según CEPA, ese mecanismo permitió que los haberes dejaran de perder mes a mes frente al índice de precios, pero no alcanzó para recomponer la fuerte caída previa y terminó consolidando los ingresos previsionales en un nivel históricamente bajo.
La clave del diagnóstico está en el momento en que se modificó la movilidad. El informe sostiene que la fórmula anterior, establecida por la Ley 27.609, tenía una actualización trimestral basada en una combinación de recaudación de la seguridad social y variación salarial. Ese esquema, como toda fórmula con rezago, perjudicaba a los haberes en contextos de inflación creciente, pero podía favorecerlos cuando la inflación comenzaba a desacelerarse.
Para CEPA, el Gobierno cambió la fórmula precisamente cuando la dinámica de precios empezaba a mostrar una tendencia descendente. De esa manera, afirma el estudio, la actualización por inflación evitó nuevas caídas mensuales, pero también impidió que los jubilados recuperaran parte del poder adquisitivo perdido durante los primeros meses de la gestión libertaria.
La transición entre ambos esquemas se produjo después de un primer trimestre de 2024 especialmente adverso para los haberes. El DNU estableció una recomposición por única vez del 12,5%, presentada como reconocimiento parcial por la alta inflación de enero, y aumentos mensuales por inflación durante el período de empalme. Así, en abril de 2024 las jubilaciones aumentaron 27,38%, en mayo subieron 11% y en junio se incrementaron 8,8%. Para CEPA, esa secuencia permitió recuperar parte del terreno perdido, pero sobre una base ya deteriorada.
El informe marca que en septiembre de 2024, diciembre de 2024, marzo de 2025, junio de 2025 y septiembre de 2025 los aumentos que habría arrojado la fórmula anterior hubieran sido superiores a los otorgados bajo el esquema actual. En septiembre de 2024, por ejemplo, la movilidad de la Ley 27.609 habría dado 32%, frente al 13,4% aplicado por inflación. En diciembre de ese año, la diferencia habría sido de 22,9% contra 10,7%; y en marzo de 2025, de 15,9% contra 7,5%.
En cambio, en diciembre de 2025, marzo de 2026 y junio de 2026 la movilidad por inflación resultó más alta que la fórmula previa. Aun así, en la comparación acumulada, CEPA concluye que el esquema derogado habría dejado un haber mínimo más elevado.
Uno de los datos centrales del trabajo es la comparación en pesos. En junio de 2026, con el aumento de 2,6% correspondiente a la inflación de abril, la jubilación mínima sin bono quedó en $403.327. Si se hubiera mantenido la fórmula anterior, según la estimación del centro de estudios, el haber habría alcanzado los $490.621.
Pero el deterioro más profundo aparece entre quienes perciben la mínima con bono. Desde marzo de 2024, el refuerzo previsional permanece congelado en $70.000, pese a la suba de precios acumulada desde entonces. Esa decisión, según CEPA, convirtió al bono en la principal variable de licuación de los ingresos de la mayoría de los jubilados.
El informe calcula que, entre marzo de 2024 y junio de 2026, los haberes jubilatorios aumentaron 200%, mientras que la mínima con bono incluido subió apenas 132%. Si el bono hubiera acompañado la misma evolución que el haber, debería ubicarse en $209.994 en junio de 2026, prácticamente el triple del monto actual. La diferencia representa una pérdida cercana a $140.000 mensuales para quienes cobran la mínima con refuerzo.
En términos reales, CEPA sostiene que las jubilaciones sin bono se mantienen por debajo del nivel del último trimestre del gobierno anterior, mientras que las jubilaciones con bono muestran una caída más marcada. Para el trimestre abril-junio de 2026, el informe estima que los haberes sin bono se ubican 2,7% por debajo del cierre de la gestión previa, mientras que las jubilaciones con bono quedan 19,4% por debajo.
La conclusión del informe es que la fórmula actual permite cierta estabilidad frente a la inflación, pero no habilita una recuperación real del poder adquisitivo. Dicho de otro modo: los haberes ya no se deterioran al mismo ritmo que durante el salto inflacionario inicial, pero tampoco tienen un mecanismo que les permita recuperar lo perdido.
El propio informe incorpora una mirada de largo plazo para ubicar la discusión actual en perspectiva histórica. Según CEPA, entre marzo-mayo de 2003 y septiembre-noviembre de 2015 las jubilaciones mejoraron 155,3% en términos reales. Luego, entre septiembre-noviembre de 2015 y septiembre-noviembre de 2019, registraron una caída de 22,4%. Más tarde, entre septiembre-noviembre de 2019 y el mismo período de 2023, volvieron a caer 29,5%, aunque en el caso de quienes cobraban la mínima esa pérdida fue compensada parcialmente mediante bonos.
En esa serie histórica, el inicio de la gestión Milei aparece marcado por un retroceso acelerado del poder adquisitivo previsional. CEPA calcula que, en los primeros meses del nuevo gobierno, los haberes cayeron 26,3% para las jubilaciones sin bono y 21,3% para las que perciben el refuerzo. Hacia marzo-mayo de 2026, según el informe, los niveles seguían por debajo del cierre del gobierno anterior: 2,5% menos para las jubilaciones sin bono y 18,9% menos para las que tienen bono.
El documento también cita la última revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el organismo señala que los cambios en la fórmula de indexación de las pensiones, al vincularlas con la inflación pasada, moderaron el gasto y lo hicieron más predecible. Para CEPA, esa lectura confirma que la política previsional tuvo un rol relevante dentro del ajuste fiscal.
El informe también repasa las discusiones legislativas recientes. Recuerda que el Congreso aprobó iniciativas para recomponer los haberes, actualizar el bono previsional y prorrogar la moratoria, pero esas medidas fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. Entre los puntos incluidos figuraba una recomposición por única vez del 7,2%, la suba del bono a $110.000 con actualización posterior por inflación y una cláusula vinculada a la recuperación salarial.
Además, esas iniciativas planteaban que el haber mínimo no quedara por debajo del 109% de la Canasta Básica Total de un adulto, junto con una cláusula gatillo anual en marzo si durante el año calendario previo se registraba una recuperación real de los salarios. También contemplaban la regularización de deudas previsionales con las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación.
Otro eje sensible es el fin de la moratoria previsional. CEPA advierte que, desde marzo de 2025, al no prorrogarse ese mecanismo, quienes llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes requeridos quedan prácticamente limitados a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esa prestación equivale al 80% de la jubilación mínima, no es pensionable y, en el caso de las mujeres, recién puede solicitarse a partir de los 65 años.
Según el informe, sin moratoria, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. El dato agrega una dimensión estructural al problema: no sólo se discute cuánto cobran quienes ya están dentro del sistema, sino también qué cobertura previsional tendrán quienes llegan a la edad de retiro después de trayectorias laborales marcadas por la informalidad, la discontinuidad de aportes o tareas de cuidado no remuneradas.
La prórroga de la moratoria por dos años, según CEPA, tenía un costo fiscal estimado de 0,19% del PBI, menos de la mitad del superávit financiero registrado en el primer semestre de 2025. Ese dato forma parte del contrapunto central del informe: el Gobierno sostiene la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, mientras que el estudio plantea que la restricción sobre el acceso jubilatorio tiene un impacto social mucho mayor que su costo presupuestario.
También se había propuesto mejorar las condiciones de acceso a la PUAM, permitiendo que las mujeres pudieran solicitarla desde los 60 años y habilitando su compatibilidad con empleo registrado de hasta tres salarios mínimos y con pensiones por viudez. Esas modificaciones tampoco prosperaron.
La política previsional aparece así atravesada por tres frentes simultáneos: la fórmula de movilidad, el bono congelado y el cierre de la moratoria. Para el Gobierno nacional, el esquema vigente forma parte del ordenamiento fiscal y de la previsibilidad del gasto público. Para CEPA, en cambio, el resultado es una consolidación del ajuste sobre los jubilados, especialmente sobre quienes dependen del haber mínimo y del bono compensatorio para completar sus ingresos mensuales.
La discusión difícilmente se agote en los números. En un escenario de inflación más baja que la registrada al inicio de la gestión libertaria, el debate previsional ingresa en una nueva etapa: ya no se trata sólo de evitar que los haberes pierdan contra los precios, sino de definir si habrá o no una política de recomposición para recuperar el poder adquisitivo perdido.
“Pantallazo”
El informe completo aquí 👇
Discussion about this post